
ISSN-e: 2542-3401
Período: octubreŰdiciembre, 2025
Universidad, Ciencia y Tecnología
Vol. 29, Núm. 129 (pp. 126Ű135)
sentación comunitaria se entendió como la capacidad de las autoridades para asegurar la presencia estatal
en su jurisdicción, ejercer competencias asignadas y fomentar la corresponsabilidad ciudadana mediante
procesos participativos, tales como espacios deliberativos, grupos de trabajo, consultas públicas o ini-
ciativas colab orativas. Este enfoque implicó reconocer que la toma de decisiones requiere habilidades
institucionales, acceso a recursos, apertura al diálogo y mecanismos que garanticen inclusión y equidad.
Según Blanco-Moreno, Ruiz-Grisales y Pérez-Rincón [
3], la representación comunitaria adquiere un
carácter transformador cuando se orienta al bienestar social, particularmente en experiencias donde las
autoridades lo cales impulsan prácticas c olaborativas que fortalecen la gestión de recursos esenciales y
la cohesión territorial. Este enfoque se reĆeja en iniciativas de autogestión del agua y bienes colec-
tivos que promueven corresponsabilidad, participación y sostenibilidad comunitaria, evidenciando que
la representación trasciende la administración estatal y se despliega como un sistema dinámico donde
instituciones y ciudadanía comparten decisiones y consecuencias [2]. De manera complementaria, in-
vestigaciones sobre minería y desigualdades sociales en Perú muestran cómo las tensiones territoriales
han reconĄgurado el rol de actores locales y mecanismos de interlocución frente al Estado, impulsando
escenarios de negociación y acción colectiva para proteger derechos y medios de vida [
1], [3], [5].
Asimismo, estudios recientes destacan que la construcción de visiones comunes y la anticipación
de cambios sociales son fundamentales para orientar transformaciones institucionales, fortalecer capaci-
dades locales y promover prácticas adaptativas en contextos de conĆictividad [
6], [7]. La literatura
histórica y contemporánea evidencia que las decisiones gubernamentales han incidido de manera directa
en el manejo del conĆicto, la participación política y la legitimidad institucional, generando tensiones
persistentes entre autoridad, ciudadanía y representación social [
5], [8].
La representación comunitaria, por tanto, se conĄguró como un pilar para el desarrollo democrático
al asegurar inclusión, transparencia y justicia social. Al permitir que las voces ciudadanas inĆuyeran
en decisiones estructurales, fortaleció la legitimidad institucional y promovío mecanismos de rendición
de cuentas [
1], [5], [6]. Diversos estudios sobre gestión territorial y minería han mostrado que las
decisiones públicas no solo median conĆictos, sino que moldean percepciones sociales, relaciones de
poder y expectativas colectivas sobre justicia, participación y futuro comunitario [3], [7]. En línea con
ello, investigaciones en gobernanza local señalan que la representación implica responsabilidad ética
en el ejercicio del poder y en la construcción de acuerdos que equilibren intereses estatales, sociales y
económicos [
3], [7]. Bajo este enfoque, la gestión de representación comunitaria integró principios de
participación, mediación y sostenibilidad, articulando teorías clásicas de democracia y empoderamiento
con perspectivas contemporáneas sobre coaliciones comunitarias, justicia ambiental y corresponsabilidad
territorial orientadas a una acción estatal más equitativa, legítima y transformadora [
6], [7].
B. Mediación de conflictos sociales
La mediación en conĆictos sociales se comprende como un proceso activo en el que actores interde-
pendientes enfrentan tensiones derivadas de intereses divergentes, metas incompatibles o disputas sobre
recursos estratégicos, situación ampliamente documentada en casos vinculados a actividades extracti-
vas en Perú y Colombia [
1], [3], [5]. En contextos de gobernanza territorial, estas tensiones tienden
a escalar cuando las demandas carecen de canales institucionales capaces de generar respuestas legíti-
mas; de allí que la mediación requiera la intervención estratégica de actores estatales, organizaciones
comunitarias, movimientos sociales y medios de comunicación, quienes inciden en la construcción de
percepciones colectivas y en la legitimidad de los acuerdos alcanzados [
2],[6], [8]. La literatura reciente
evidencia que la conĆictividad ambiental, la debilidad estatal, la disputa por rentas extractivas y la
criminalización de actividades locales constituyen factores estructurales que complejizan la intervención
pública y condicionan la sostenibilidad de los acuerdos [
1], [5], [9].
Bajo esta realidad, la representación comunitaria y la resolución pacíĄca de conĆictos se conĄguran
como procesos dinámicos, cuya efectividad depende de factores culturales, institucionales y territoriales
especíĄcos. Estudios sobre gob ernanza comunitaria del agua, gestión social minera y resistencia indígena
señalan que los enfoques participativos y multisectoriales permiten abordar causas estructurales de la
conĆictividad e impulsar transformaciones más inclusivas [
2], [10], [8]. Desde esta perspectiva, el
conĆicto dejó de concebirse como una anomalía para reconocerse como parte inherente de la vida social
y como espacio de negociación y reorganización del poder, especialmente visible en disputas rurales
donde convergen intereses estatales, empresariales y comunitarios [
1], [3], [5].
Saldaña S., y Morales P. Fundamentos epistemológicos de la gestión de representación comunitaria
en la mediación de conĆictos sociales
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