Delincuencia por extorsión y deterioro de la gobernabilidad local en
América Latina: una revisión sistemática

I.   INTRODUCCIÓN

La extorsión constituye una manifestación del crimen organizado cuyo alcance puede superar la obtención ilícita de recursos mediante amenazas. Cuando las organizaciones criminales poseen capacidad sostenida de coerción, conocimiento territorial y vínculos con economías formales o informales, esta práctica puede convertirse en un mecanismo de regulación, imposición de normas y control poblacional. Desde la perspectiva de la gobernanza criminal, estos actores no necesariamente sustituyen al Estado, sino que pueden coexistir con sus instituciones, aprovechar vacíos de autoridad o establecer relaciones de complementariedad, competencia o colusión con actores públicos [1], [2]. Evidencia reciente basada en 18 países latinoamericanos confirma la presencia extendida de estas formas de gobernanza y su coexistencia incluso con niveles apreciables de presencia estatal [3].

Los estudios empíricos muestran que la extorsión adopta expresiones distintas según las condiciones económicas y territoriales. En México, las organizaciones criminales combinan extorsión, asistencia y cooptación comunitaria [4]; en Medellín, la coerción extorsiva articula actividades legales e ilegales e influye sobre el orden económico y social [5]. En Lima, puede operar como tributación informal sostenida por miedo, coerción digital y regulación de actividades económicas [6], mientras que en La Libertad se han identificado factores sociales y económicos asociados con la victimización [7]. Asimismo, la violencia y la extorsión afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas que operan bajo condiciones de informalidad y vulnerabilidad institucional [8].

La relación con la gobernabilidad local se profundiza cuando las organizaciones criminales desarrollan funciones regulatorias. Durante la pandemia por COVID-19 se documentaron formas de control territorial, imposición de reglas y provisión selectiva de bienes por actores ilícitos [9]. En Brasil, los sistemas de justicia paralela muestran capacidades para resolver disputas, imponer sanciones y hacer cumplir obligaciones [10]. En Colombia, las relaciones entre organizaciones armadas, actores políticos y autoridades locales han evidenciado penetración de estructuras de poder, alteraciones de la gestión pública y debilitamiento de capacidades fiscales e institucionales [11], [12]. Estas dinámicas presentan además variaciones territoriales asociadas con economías ilícitas y fragilidad institucional [13], por lo que el deterioro de la gobernabilidad debe entenderse como una reducción de la capacidad, legitimidad y autonomía de las instituciones locales.

Pese al crecimiento de la literatura sobre extorsión y gobernanza criminal, persiste una fragmentación entre los estudios centrados en el delito y aquellos que analizan formas más amplias de gobierno criminal [2]. La diversidad de enfoques, diseños y contextos territoriales [3], [13] dificulta establecer qué mecanismos vinculan de manera consistente la extorsión con el deterioro de la gobernabilidad local en América Latina. En respuesta a este vacío, la presente revisión sistemática tiene como objetivo analizar y sintetizar la evidencia científica sobre la relación entre extorsión, gobernanza criminal y deterioro de la gobernabilidad local en América Latina, con especial atención al Perú, identificando mecanismos de control territorial, debilitamiento institucional, pérdida de legitimidad, impactos socioeconómicos y vacíos de investigación.

II.   MARCO TEÓRICO

La gobernanza criminal puede definirse como la imposición relativamente estable de reglas, restricciones o servicios por organizaciones criminales sobre poblaciones, actividades o territorios dentro de un orden estatal más amplio [1]. A diferencia de la simple actividad delictiva, implica capacidad para regular conductas, controlar mercados, administrar conflictos o condicionar actividades, incluso en contextos donde el Estado continúa presente y comparte espacios de autoridad con actores ilícitos [2], [3]. En este marco, la extorsión trasciende la extracción económica y puede funcionar como mecanismo de control y obediencia: las organizaciones criminales combinan extorsión, asistencia, cooptación y protección violenta [4], [5], mientras que en Lima puede operar como tributación informal basada en miedo y coerción [6]. Así, el pago extorsivo representa también el reconocimiento forzado de una autoridad paralela capaz de permitir, restringir o sancionar conductas.

Por su parte, el control territorial constituye una dimensión central de la gobernanza criminal, ya que permite convertir la capacidad coercitiva en regulación de mercados, conductas y actividades locales. En Brasil, se han documentado mecanismos de justicia paralela para resolver conflictos, imponer sanciones y hacer cumplir obligaciones [10], mientras que en México la captura de rentas

procedentes de actividades económicas puede fortalecer el dominio criminal sobre comunidades [14]. Esta relación no implica necesariamente sustitución del Estado: en Medellín, la gobernanza de pandillas puede coexistir con una mayor presencia estatal cuando contribuye a proteger rentas ilícitas [15], y en Barranquilla se han identificado formas de regulación sustentadas en violencia selectiva, reputación y beneficios a otros actores criminales [16]. En conjunto, estas evidencias muestran órdenes híbridos donde las capacidades estatales y criminales se superponen, compiten o articulan según el territorio.

De esta manera, la gobernabilidad local depende de la capacidad institucional para aplicar normas, garantizar seguridad, recaudar recursos, resolver conflictos y sostener legitimidad. La expansión de organizaciones criminales puede erosionar estas funciones mediante intimidación, corrupción, cooptación o estructuras paralelas de regulación. En Colombia, se ha demostrado que la articulación entre actores políticos y organizaciones paramilitares altera la gestión pública y la democracia local [11], mientras que la llegada al poder de autoridades vinculadas con estos grupos se asocia con menor tributación y deterioro institucional [12]. Así, la fragilidad estatal puede ser tanto condición como consecuencia de la gobernanza criminal. La evidencia territorial confirma que su intensidad varía según estructuras políticas, presencia de grupos armados y fragilidad institucional [13], y que puede coexistir con presencia estatal [3]. Por ello, el deterioro local implica pérdida de capacidad, autonomía, legitimidad y control efectivo del territorio.

La extorsión produce efectos económicos mediante pagos forzados, interrupción de actividades, mayores costos y cambios en decisiones de inversión o permanencia. En La Libertad, la victimización se ha asociado con variables como ingresos, residencia y tenencia de propiedades [7], mientras que en Honduras, El Salvador y Venezuela las pequeñas empresas, especialmente informales, muestran mayor vulnerabilidad y resultados adversos frente a violencia y extorsión [8]. En Lima, la informalidad, la protección estatal selectiva y la coerción criminal favorecen la normalización del pago extorsivo y la adaptación a reglas impuestas por grupos criminales [6]. Estas dinámicas también erosionan la confianza, reducen la denuncia y limitan la cooperación comunitaria. Durante la pandemia, actores ilícitos ampliaron mecanismos de regulación sobre comunidades vulnerables [9], confirmando que la extorsión articula economía, seguridad, confianza institucional y capacidad de gobierno.

A.   Síntesis conceptual para la revisión sistemática

A partir de la evidencia disponible, la relación entre extorsión y gobernabilidad local puede organizarse en un modelo conceptual de cuatro dimensiones interdependientes. La primera corresponde al control coercitivo, expresado mediante amenaza, violencia, reputación criminal y cobro sistemático de rentas [4]–[6]. La segunda comprende el control territorial y económico, mediante el cual las organizaciones regulan actividades, mercados, movilidad o acceso a recursos [10], [14]–[16]. La tercera dimensión corresponde al deterioro institucional, observable en cooptación política, debilitamiento fiscal, pérdida de autonomía administrativa, justicia paralela o reducción de la capacidad regulatoria estatal [11]–[13]. Finalmente, la dimensión socioeconómica y ciudadana incluye costos empresariales, informalización, miedo, silencio, reducción de la denuncia y erosión de la confianza en las instituciones [6]–[9].

Estas dimensiones no implican una secuencia causal única. La fragilidad institucional puede favorecer la expansión de la extorsión, pero la propia extorsión puede profundizar esa fragilidad mediante el debilitamiento de economías locales, la normalización del control criminal y la pérdida de legitimidad de las autoridades. Del mismo modo, una mayor presencia estatal no garantiza por sí sola la desaparición de la gobernanza criminal, dado que pueden existir relaciones de competencia, complementariedad o colusión [3], [12], [15]. La revisión sistemática deberá, por tanto, identificar no solo la frecuencia con que estos componentes aparecen en la literatura, sino también las condiciones bajo las cuales se relacionan y los diseños metodológicos utilizados para demostrar dicha relación. Esta perspectiva permitirá comparar hallazgos entre países sin asumir que todos los territorios latinoamericanos reproducen una misma configuración de extorsión y gobernanza criminal.

III.   METODOLOGÍA

A.   Diseño y pregunta de revisión

La investigación se estructuró como una revisión sistemática de literatura con síntesis cualitativa, siguiendo las recomendaciones de la declaración PRISMA 2020 para la identificación, selección, evaluación y presentación transparente de estudios [17]. El objetivo metodológico fue localizar y sintetizar evidencia empírica sobre la relación entre extorsión, gobernanza criminal y deterioro de la gobernabilidad local en América Latina. La pregunta de revisión fue: ¿qué evidencia científica publicada entre 2020 y septiembre de 2026 permite explicar cómo la extorsión y otras formas de gobernanza criminal afectan la capacidad institucional, la legitimidad, el control territorial, la confianza ciudadana y las dinámicas socioeconómicas de los gobiernos y territorios locales latinoamericanos? Debido a la heterogeneidad esperada en diseños, unidades de análisis, indicadores y contextos territoriales, se definió una estrategia de síntesis narrativa-temática, sin metaanálisis.

B.   Fuentes de información y estrategia de búsqueda

La búsqueda se delimitó al período comprendido entre enero de 2020 y el 10 de septiembre de 2026. Se establecieron como fuentes principales Scopus, Web of Science Core Collection, SciELO y Directory of Open Access Journals (DOAJ), seleccionadas por su cobertura de literatura científica internacional y latinoamericana. La identificación se complementó mediante rastreo retrospectivo de las listas de referencias y rastreo prospectivo de citaciones de los estudios elegibles. La búsqueda se restringió a artículos científicos revisados por pares publicados en español, inglés o portugués. Los motores de búsqueda generales no se consideraron fuentes primarias de selección y solo se emplearon para localizar textos completos o verificar DOI y metadatos.

Los descriptores se organizaron en tres bloques conceptuales: a) extorsión y coerción criminal; b) gobernanza criminal, gobernabilidad local y capacidad institucional; y c) control territorial y contexto latinoamericano. Los términos se combinaron mediante operadores booleanos AND y OR y se adaptaron a la sintaxis de cada base. Para reducir el riesgo de omitir estudios en los que la extorsión apareciera como mecanismo dentro de procesos más amplios de gobernanza criminal, se utilizaron dos ecuaciones complementarias (Tabla 1).

C.   Criterios de elegibilidad

Los criterios de inclusión y exclusión se definieron antes del cribado para asegurar consistencia entre la pregunta de revisión, la búsqueda y la síntesis (Tabla 2). Se admitieron estudios empíricos cuantitativos, cualitativos o mixtos que examinaran de forma directa la extorsión o formas de gobernanza criminal en las que la extorsión, la tributación informal, la protección violenta o la coerción territorial constituyeran un mecanismo explícito, siempre que el estudio analizara al menos una dimensión vinculada con la gobernabilidad local. Las revisiones, ensayos conceptuales y documentos institucionales se conservaron únicamente como apoyo teórico o metodológico y no se contabilizaron como estudios primarios incluidos.

D.   Proceso de selección de estudios

Los registros recuperados se consolidaron en una matriz bibliográfica y se depuraron mediante DOI, título, autor y año de publicación para identificar duplicados. El proceso de selección se organizó en dos niveles. En el primero se examinaron títulos y resúmenes para descartar documentos claramente ajenos al objeto de estudio. En el segundo se revisó el texto completo de los registros potencialmente elegibles y se documentó la causa principal de exclusión cuando no cumplían los criterios. Para reducir sesgos, se estableció una revisión independiente por dos investigadores; las discrepancias se resolvieron por consenso y, de persistir, mediante la valoración de un tercer autor. Los trabajos localizados por rastreo de referencias o citaciones se sometieron a los mismos criterios y etapas de selección.

El flujo de identificación, eliminación de duplicados, cribado, recuperación, elegibilidad e inclusión se documentó mediante el diagrama PRISMA 2020 mostrado en la Figura 1 [17]. El corpus preliminar depurado contiene 16 estudios empíricos potencialmente elegibles. Los conteos correspondientes a registros identificados, duplicados, registros excluidos y artículos evaluados a texto completo deben consolidarse a partir de las exportaciones definitivas de cada base antes del cierre del manuscrito, con el fin de evitar asignar cifras no verificadas al proceso de selección.

Nota. El valor n = 16 corresponde al corpus preliminar identificado en la depuración actual. Los demás conteos deben sustituirse por los valores obtenidos al finalizar la exportación, deduplicación y cribado de las búsquedas en las bases definidas.

E.   Evaluación de la calidad metodológica

La calidad metodológica de los estudios incluidos se evaluó mediante el Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT), versión 2018 [18], debido a la coexistencia de diseños cualitativos, cuantitativos descriptivos, estudios no aleatorizados y métodos mixtos en el corpus. Tras las dos preguntas iniciales de cribado del instrumento, cada artículo fue evaluado con los cinco criterios correspondientes a su diseño. Las respuestas se registraron como “sí”, “no” o “no se puede determinar”. No se estableció un punto de corte numérico automático para excluir estudios; en su lugar, las limitaciones metodológicas detectadas se incorporaron a la interpretación de los resultados y a la valoración del peso de la evidencia. La evaluación fue realizada de manera independiente por dos revisores y las discrepancias se resolvieron por consenso.

F.   Extracción, organización y síntesis de la información

Para cada estudio incluido se construyó una matriz de extracción con las siguientes variables: autor y año, país o territorio, objetivo, diseño metodológico, fuente de datos o muestra, unidad de análisis, forma de extorsión o mecanismo de gobernanza criminal, dimensión de gobernabilidad examinada, principales resultados, limitaciones y valoración metodológica. La extracción se verificó contra el texto completo para disminuir errores de transcripción y evitar atribuir a los estudios conclusiones no sustentadas por sus resultados.

Dada la diversidad de diseños y medidas, los hallazgos se integraron mediante síntesis narrativa-temática. El análisis combinó una codificación deductiva basada en el marco conceptual y una revisión inductiva para identificar patrones emergentes. Se utilizaron como categorías iniciales: a) coerción extorsiva y mecanismos de control; b) control territorial y económico; c) debilitamiento de la capacidad y legitimidad institucional; d) gobernanza híbrida, colusión o justicia paralela; y e) efectos socioeconómicos, confianza ciudadana y respuesta institucional. Posteriormente se compararon coincidencias, divergencias y condiciones contextuales entre países, prestando especial atención al Perú. No se efectuó metaanálisis debido a la ausencia de medidas de efecto homogéneas y a la heterogeneidad sustantiva de los diseños, poblaciones y unidades territoriales.

G.   Transparencia y reproducibilidad

Para asegurar trazabilidad, la versión final de la revisión deberá conservar el registro de las ecuaciones utilizadas en cada base, la fecha de búsqueda, el número de resultados recuperados, el procedimiento de duplicación, la lista de estudios excluidos en texto completo con su motivo principal y la matriz de extracción. Estos elementos permiten reconstruir el proceso de selección y diferenciar las referencias utilizadas como apoyo conceptual o metodológico de los estudios que integran efectivamente la síntesis sistemática. La revisión no se registró en un repositorio público; el protocolo de búsqueda, elegibilidad, evaluación y extracción se definió antes del cribado y debe conservarse como documento de trabajo del estudio.

IV.   RESULTADOS

La síntesis se realizó sobre 16 estudios empíricos publicados entre 2020 y 2026 que cumplieron los criterios temáticos de la revisión. El corpus mostró una concentración territorial relevante: siete estudios se desarrollaron en Colombia, dos en México, dos en Perú y dos en Brasil; los tres restantes adoptaron alcances regionales o multinacionales. Esta distribución permitió comparar expresiones locales de la extorsión y la gobernanza criminal, aunque también evidenció una asimetría geográfica de la producción científica. La diversidad metodológica fue igualmente marcada e incluyó encuestas, modelos correlacionales, diseños cuasiexperimentales, QCA, minería de datos, estudios sociojurídicos, análisis cualitativos, etnografía y diseños mixtos. Por ello, el resultado central de la revisión no se construyó a partir de tamaños de efecto comparables, sino mediante patrones de convergencia y coocurrencia entre mecanismos criminales, relaciones con el Estado y consecuencias territoriales.

La codificación transversal identificó seis dimensiones analíticas: extracción coercitiva o extorsión; control territorial y económico; gobernanza híbrida o paralela; interacción o afectación institucional; impactos socioeconómicos e informalidad; y miedo, confianza o respuesta comunitaria. Estas dimensiones no se trataron como categorías excluyentes. Por el contrario, su coocurrencia permitió organizar los estudios en cuatro clústeres de afinidad temática y establecer relaciones entre formas de coerción, estructuras de gobierno criminal y deterioro de la gobernabilidad local.

A.   Estructura transversal de la evidencia

La dimensión más recurrente no fue la extorsión considerada de forma aislada, sino la gobernanza híbrida o paralela, identificada en 14 de los 16 estudios (87,5 %). Le siguieron el control territorial y económico, presente en 13 estudios (81,3 %), y las dimensiones asociadas con miedo, confianza o respuesta comunitaria, observadas en 10 trabajos (62,5 %). La extracción coercitiva o extorsiva y la afectación institucional aparecieron cada una en nueve estudios (56,3 %), mientras que los impactos socioeconómicos e informalidad estuvieron presentes en ocho (50,0 %). Estos porcentajes representan frecuencia de codificación dentro del corpus y no prevalencia poblacional del fenómeno.

La distribución de las dimensiones muestra que la literatura tiende a situar la extorsión dentro de arquitecturas más amplias de regulación criminal (Figura 2). En consecuencia, el deterioro de la gobernabilidad local no aparece únicamente cuando el Estado se retira de un territorio, sino también cuando actores criminales regulan mercados, administran conflictos, controlan poblaciones o interactúan estratégicamente con instituciones estatales. Esta interpretación es consistente con la evidencia regional de Uribe et al., quienes estimaron que entre 12 % y 16 % de la población latinoamericana vive bajo alguna forma de gobernanza criminal y encontraron una asociación positiva, contraintuitiva, entre gobernanza criminal y medidas de presencia estatal [3].

Nota. Las categorías no son excluyentes; un estudio puede contribuir a varias dimensiones.

B.   Clúster 1: extorsión, coerción y vulnerabilidad socioeconómica

El primer clúster reunió seis estudios que muestran la extorsión como mecanismo de extracción y regulación económica. El patrón común no se limitó a la imposición de pagos, sino a relaciones recurrentes capaces de modificar decisiones empresariales, movilidad, denuncia y vínculos institucionales. En México, la competencia territorial entre organizaciones criminales se asoció con mayores niveles de extorsión [4]. En Perú, la victimización se relacionó con factores como ingresos, residencia y propiedad [7], mientras que en Lima el cobro extorsivo operó como tributación informal sostenida por miedo, amenazas digitales y normalización del silencio [6]. En Medellín se vinculó con protección violenta y articulación entre actividades legales e ilegales [5]; en Quibdó, con deterioro de la paz territorial [19]; y, a escala regional, con mayor vulnerabilidad y resultados adversos en PYMES [8].

La evidencia permite interpretar la extorsión como una tecnología de regulación económica y social. Su impacto sobre la gobernabilidad deriva no solo del daño monetario, sino también de la capacidad criminal para imponer obligaciones periódicas, condicionar la permanencia en los mercados y generar conductas adaptativas. El miedo y la informalidad actúan como mecanismos de reproducción al reducir la resistencia, dificultar la denuncia y favorecer que la coerción se estabilice como una regla de funcionamiento local.

C.   Clúster 2: regulación territorial y mercados criminales

El segundo clúster agrupó tres estudios cuyo rasgo central fue la conversión de recursos económicos ilícitos o capturados en capacidad de gobierno territorial. En México, la apropiación de rentas procedentes de minería y agricultura de exportación fortaleció la capacidad de las organizaciones criminales para controlar comunidades y estuvo asociada con mayores niveles de violencia entre municipios [14]. En Medellín, la gobernanza de pandillas no disminuyó necesariamente ante una mayor presencia estatal; por el contrario, los grupos incrementaron sus servicios de gobierno en zonas más próximas a la seguridad estatal cuando existían mayores rentas potenciales del narcotráfico [15]. En Barranquilla, la regulación del mundo criminal se sustentó en violencia

letal, construcción de reputación, límites operativos, cobro de permisos y provisión de financiamiento o protección [16].

Estos hallazgos cuestionan la explicación basada exclusivamente en “vacíos de Estado”. La gobernanza criminal territorial aparece como una estrategia racional para proteger rentas, reducir incertidumbre y ordenar mercados. La presencia estatal puede restringir a los grupos criminales, pero también modificar sus incentivos para gobernar y disciplinar territorios. Desde la perspectiva de la gobernabilidad local, el problema no consiste solamente en recuperar presencia física, sino en impedir que las organizaciones conviertan rentas económicas y control de mercados en capacidades estables de regulación social.

D.   Clúster 3: órdenes híbridos, justicia paralela y coexistencia con el Estado

El tercer clúster reunió cuatro estudios que muestran que la frontera entre gobierno estatal y gobierno criminal puede ser superpuesta en lugar de excluyente. En las favelas de Río de Janeiro, la combinación entre competencia territorial, relación con la comunidad y confrontación o colusión con agentes estatales produjo regímenes criminales diferenciados, con efectos distintos de las intervenciones policiales sobre la seguridad local [20]. El caso del PCC profundiza esta idea: la organización desarrolló funciones de justicia paralela mediante juicios, sanciones, resolución de disputas, cobro de deudas y cumplimiento de contratos [10]. Durante la pandemia, estas capacidades de regulación fueron observadas en un escenario de tensión entre soberanías estatales y no estatales, con implicaciones para la legitimidad de las autoridades [9].

El estudio comparado de 18 países refuerza la relevancia regional de este patrón. Uribe et al. estimaron que 14 % de los encuestados reportó que grupos criminales locales proporcionaban orden o reducían el delito, equivalente a una estimación de 77 a 101 millones de personas bajo alguna forma de gobernanza criminal [3]. El hallazgo más relevante para esta revisión es que dicha gobernanza mostró asociación positiva con percepciones de calidad del gobierno y medidas objetivas de presencia estatal [3]. Por tanto, la coexistencia no representa una anomalía periférica, sino una configuración que obliga a distinguir entre presencia estatal, capacidad efectiva, legitimidad y autonomía institucional.

E.   Clúster 4: captura institucional y debilitamiento deliberado del Estado local

El cuarto clúster concentró los estudios con evidencia más directa sobre deterioro institucional. Duque Daza mostró que las interacciones entre actores políticos, partidos y organizaciones paramilitares produjeron modalidades diferenciadas de gestión pública y efectos sobre la democracia local [11]. Nieto-Matiz avanzó un paso adicional al identificar un efecto institucional observable: la elección de alcaldes vinculados con actores paramilitares condujo a una reducción sustantiva de la tributación predial en los años siguientes, consistente con un debilitamiento deliberado de las instituciones locales para facilitar la acumulación conjunta de poder político y económico [12].

Rojas-Mora et al. [13] aportaron una lectura territorial mediante la construcción de un índice departamental de gobernanzas criminales, mostrando que la intensidad del fenómeno varía entre territorios y se relaciona con estructuras políticas, grupos armados y fragilidad institucional. La síntesis del clúster sugiere que la debilidad estatal no debe tratarse únicamente como antecedente de la criminalidad. En determinados escenarios constituye también un resultado producido activamente por redes político-criminales que reducen capacidades fiscales, regulatorias y de justicia para disminuir controles y consolidar poder local.

F.   Perfil comparativo de los clústeres

El perfil comparativo permitió distinguir mecanismos dominantes en cada grupo. El Clúster 1 concentró la totalidad de los estudios con extorsión directa y mostró simultáneamente alta presencia de control territorial, informalidad y efectos sobre miedo o confianza. El Clúster 2 presentó la combinación más homogénea entre extracción de rentas, control territorial, gobierno criminal e impactos económicos. El Clúster 3 se caracterizó por la presencia universal de control territorial, gobernanza híbrida, interacción institucional y efectos sobre orden, seguridad o legitimidad. El Clúster 4, en cambio, concentró la evidencia sobre captura, colusión y debilitamiento institucional, con menor presencia de variables centradas en víctimas individuales. La Figura 3 representa estos perfiles como porcentaje de estudios dentro de cada clúster.

Nota. Los porcentajes corresponden a presencia de cada dimensión dentro de los estudios asignados al clúster.

A partir de la codificación transversal de los 16 estudios incluidos, se identificaron cuatro clústeres que sintetizan los principales mecanismos mediante los cuales la extorsión y la gobernanza criminal afectan la dinámica local. La Tabla 3 integra, para cada grupo, el mecanismo dominante, las condiciones que favorecen su persistencia, las principales manifestaciones de deterioro institucional y territorial, así como el resultado interpretativo derivado de la evidencia analizada.

G.   Resultado integrador: dos rutas de deterioro de la gobernabilidad local

La comparación entre clústeres permitió identificar dos rutas principales, interrelacionadas pero analíticamente distinguibles. La primera es una ruta de dominación territorial: competencia o consolidación criminal → extracción de rentas y regulación de mercados → producción de miedo y adaptación social → erosión de confianza, actividad económica y cooperación con las instituciones. Esta ruta es especialmente visible en los estudios sobre México, Medellín, Lima, Quibdó y PYMES centroamericanas [4]–[8], [19]. La segunda es una ruta de penetración institucional: interacción o colusión con actores estatales → creación de órdenes híbridos o captura de estructuras públicas → debilitamiento fiscal, regulatorio o judicial → pérdida de autonomía y legitimidad del gobierno local [9]–[13], [20].

Ambas rutas convergen en un mismo resultado: la fragmentación de la autoridad legítima

sobre el territorio. La primera desplaza funciones regulatorias desde el Estado hacia organizaciones criminales mediante coerción; la segunda modifica desde dentro las capacidades estatales mediante coexistencia, complementariedad o captura. Los estudios de Blattman et al. y Uribe et al. impiden interpretar esta convergencia como una relación simple entre ausencia estatal y crimen, pues muestran que la gobernanza criminal puede mantenerse e incluso fortalecerse bajo condiciones de presencia estatal [3], [15]. En términos de la pregunta de revisión, la evidencia disponible indica que la extorsión deteriora la gobernabilidad local cuando deja de ser un evento delictivo aislado y se integra en estructuras capaces de regular mercados, disciplinar poblaciones, condicionar instituciones o disputar la producción cotidiana de orden.

Finalmente, el corpus revela un vacío geográfico y analítico. Casi la mitad de los estudios se concentra en Colombia y solo dos investigaciones empíricas recientes abordan directamente el caso peruano [6], [7]. Asimismo, la evidencia sobre extorsión directa es más abundante que la medición de sus efectos sobre desempeño municipal, capacidad fiscal, calidad regulatoria o confianza institucional en diseños longitudinales. Esta brecha limita la posibilidad de establecer secuencias causales comparables entre países y constituye una prioridad para investigaciones futuras orientadas a medir la transición desde victimización extorsiva hacia formas persistentes de gobernanza criminal.

CONCLUSIONES

La evidencia revisada permite concluir que la extorsión en América Latina no constituye únicamente una modalidad de extracción económica, sino un mecanismo integrado en estructuras más amplias de gobernanza criminal. Su capacidad para imponer pagos, regular actividades económicas, condicionar comportamientos y establecer formas de autoridad territorial explica su incidencia sobre la gobernabilidad local y sobre las relaciones entre ciudadanía, instituciones públicas y actores criminales.

Los cuatro clústeres identificados muestran diferentes niveles de penetración de este fenómeno. La vulnerabilidad socioeconómica facilita la coerción; el control de mercados y rentas permite consolidar dominio territorial; los órdenes híbridos generan funciones regulatorias y de justicia paralela; y la articulación entre estructuras criminales y actores políticos puede favorecer procesos de captura y debilitamiento institucional. Estas dimensiones no operan aisladamente, sino que pueden superponerse y reforzarse mutuamente.

Un hallazgo relevante es que la gobernanza criminal no depende exclusivamente de la ausencia del Estado. La evidencia muestra escenarios de coexistencia, complementariedad, competencia e incluso colusión entre autoridades formales y estructuras criminales. Por ello, fortalecer únicamente la presencia policial resulta insuficiente cuando persisten informalidad económica, fragilidad institucional, baja confianza ciudadana y oportunidades de captura de recursos o instituciones locales.

En consecuencia, las estrategias frente a la extorsión requieren integrar prevención y persecución penal con fortalecimiento institucional, protección de actividades económicas vulnerables, recuperación de capacidades regulatorias y fiscales y reconstrucción de la confianza ciudadana. Asimismo, persisten vacíos de evidencia comparativa, particularmente en países latinoamericanos distintos de Colombia, México y Brasil, lo que justifica ampliar futuras investigaciones sobre las configuraciones territoriales de la extorsión y sus efectos sobre la gobernabilidad local.

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