ISSN-e: 2542-3401
Período: octubre–diciembre, 2026
Universidad, Ciencia y Tecnología
Vol. 30, Núm. 133 (pp. 97–107)
Artículo de revisión
https://doi.org/10.47460/uct.v30i133.1133
Fundamentos e implicancias jurídicas de las sentencias internacionales
por contravenciones en un Estado constitucional de derecho
Victor Jimmy Cabrera Gomez
https://orcid.org/0009-0007-9166-3692
vcabrerag1@upao.edu.pe
Antenor Orrego Private University
Trujillo, La Libertad, Perú
Henry Armando Carbajal Sánchez
https://orcid.org/0000-0002-3449-688X
hcarbajals@upao.edu.pe
Antenor Orrego Private University
Trujillo, La Libertad, Perú
Norma Lisbeth Quezada Salirrosas*
https://orcid.org/0000-0002-3560-8900
normaquezada88@hotmail.com
Antenor Orrego Private University
Trujillo, La Libertad, Perú
Autor de correspondencia: normaquezada88@hotmail.com
Recibido: (14/07/2026), Aceptado: (29/10/2026)
Resumen.
El estudio tuvo como objetivo analizar los fundamentos e implicancias jurídicas de las senten-
cias internacionales que determinan la responsabilidad estatal en el contexto del Estado constitucional
de derecho. Se desarrolló una investigación cualitativa, documental y dogmático-jurídica, mediante
métodos hermenéutico, sistemático y comparativo. Se examinaron 20 fuentes normativas, jurispruden-
ciales y doctrinales, organizadas en cinco categorías analíticas. Los resultados permitieron distinguir la
responsabilidad internacional de las sanciones penales, identificar los fundamentos de obligatoriedad
de las decisiones jurisdiccionales y establecer tres planos de análisis de su eficacia jurídica: normativo,
institucional y garantista. Asimismo, se evidenció que la fuerza vinculante de las sentencias no garantiza
por sí misma su ejecución material, pues esta requiere mecanismos institucionales y procedimientos de
cumplimiento adecuados. Se concluye que las decisiones internacionales contribuyen a la protección
de los derechos fundamentales, aunque su efectividad debe valorarse mediante la verificación de las
medidas ejecutadas.
Palabras clave:
responsabilidad estatal, fallos internacionales, estado de derecho, control de cumpli-
miento.
Legal Foundations and Implications of International Judgments Concerning Legal
Infractions in a Constitutional State Governed by the Rule of Law
Abstract.
This study aimed to analyze the legal foundations and implications of international judgments
establishing state responsibility within the framework of the constitutional rule of law. A qualitative,
documentary, and doctrinal legal study was conducted using hermeneutic, systematic, and comparative
methods. Twenty normative, jurisprudential, and doctrinal sources were examined and organized into five
analytical categories. The findings distinguished international state responsibility from criminal sanctions,
identified the legal foundations underlying the binding force of judicial decisions, and established three
dimensions for assessing their legal effectiveness: normative, institutional, and rights-protective. The
analysis also demonstrated that the binding nature of international judgments does not, in itself,
guarantee their effective implementation, which requires appropriate institutional mechanisms and
compliance procedures. The study concludes that international judgments contribute to the protection
of fundamental rights, although their effectiveness must be assessed by verifying the implementation of
the measures ordered.
Keywords:
state responsibility, international judgments, constitutional rule of law, compliance monito-
ring.
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I.
INTRODUCCIÓN
El Estado constitucional de derecho se fundamenta en la supremacía constitucional, la protección
de los derechos fundamentales y la sujeción de los poderes públicos a mecanismos de control jurídico.
Sin embargo, la consolidación de los sistemas internacionales de protección ha ampliado las
obligaciones estatales más allá del ordenamiento interno. En este contexto, la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados establece el principio de cumplimiento de buena fe y la imposibilidad
de invocar disposiciones internas para justificar el incumplimiento de obligaciones convencionales [
1
].
La responsabilidad internacional del Estado surge cuando una conducta atribuible a este vulnera
una obligación internacional vigente, conforme a los principios sistematizados por la Comisión de
Derecho Internacional [
2
]. Crawford [
3
] distingue las condiciones de atribución, el incumplimiento
y sus consecuencias jurídicas, precisando que la declaración de responsabilidad no constituye
necesariamente una sanción penal.
En el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la
competencia de la Corte Interamericana y la obligatoriedad de sus decisiones para los Estados que
han aceptado su jurisdicción en los casos en que son partes [
4
]. No obstante, el cumplimiento de estas
sentencias puede exigir actuaciones legislativas, judiciales y administrativas que generan tensiones
institucionales. Huneeus [
5
] examina las dificultades de interacción entre tribunales nacionales e
internacionales, mientras que Carmona Tinoco [
6
] destaca la necesidad de mecanismos internos
específicos para ejecutar las reparaciones ordenadas. Estos aportes evidencian que la obligatoriedad
jurídica de una decisión no garantiza automáticamente su cumplimiento material.
En Perú, la articulación entre el derecho internacional y el orden constitucional encuentra
fundamento en la Constitución Política [
7
] y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre
los tratados de derechos humanos [
8
]. Asimismo, las sentencias de los casos
Barrios Altos vs.
Perú
[
9
] y
La Cantuta vs. Perú
[
10
] constituyen antecedentes relevantes sobre protección judicial,
investigación y reparación de violaciones de derechos humanos. En este escenario, el control de
convencionalidad adquiere especial importancia, como se evidencia en el caso
Almonacid Arellano y
otros vs. Chile
[
11
]. Ferrer Mac-Gregor [
12
] profundiza en sus implicancias para la interpretación
judicial y la articulación entre las obligaciones convencionales y las competencias constitucionales.
A pesar de estos desarrollos normativos y jurisprudenciales, persisten dificultades conceptuales
para diferenciar la naturaleza de las sentencias internacionales, sus consecuencias jurídicas y las
condiciones necesarias para su ejecución. Particularmente, la expresión «sentencias sancionatorias»
puede generar interpretaciones que equiparen la responsabilidad internacional del Estado con la
imposición de penas, desconociendo las diferencias entre reparación y sanción penal. Asimismo,
resulta necesario distinguir la fuerza obligatoria de las decisiones internacionales de su eficacia
material, considerando las competencias institucionales y los mecanismos de cumplimiento.
Por consiguiente, el estudio tuvo como objetivo analizar los fundamentos e implicancias jurídicas
de las sentencias internacionales que determinan la responsabilidad del Estado, considerando su natu-
raleza, obligatoriedad, consecuencias reparadoras y relación con el orden constitucional. Para ello,
se desarrolló una investigación cualitativa, documental y dogmático-jurídica, mediante métodos her-
menéutico, sistemático y comparativo, tomando como referencia principal el sistema interamericano
de derechos humanos y elementos de contraste con otras jurisdicciones internacionales.
II.
MARCO TEÓRICO
El Estado constitucional de derecho establece límites al ejercicio del poder público mediante la
supremacía constitucional, la protección de los derechos fundamentales y los mecanismos de control
jurisdiccional. Su articulación con el derecho internacional supone reconocer que las obligaciones
válidamente asumidas por los Estados pueden generar responsabilidades jurídicas más allá del
ordenamiento interno. En este sentido, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados [
1
]
y la Carta de las Naciones Unidas [
13
] proporcionan fundamentos para comprender el cumplimiento
de los compromisos internacionales, sin desconocer las competencias de las instituciones nacionales.
En Perú, la Constitución Política [
7
] y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional [
8
] permiten
examinar la incorporación de los tratados de derechos humanos al ordenamiento jurídico interno.
Esta relación exige diferenciar la existencia de una obligación internacional de los procedimientos
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constitucionales necesarios para ejecutarla. En consecuencia, la apertura al derecho internacional
no elimina la autonomía funcional de los órganos estatales, sino que requiere mecanismos de
articulación normativa e institucional. Así mismo, la responsabilidad internacional del Estado se
configura cuando una conducta atribuible a este constituye el incumplimiento de una obligación
internacional vigente. Los artículos elaborados por la Comisión de Derecho Internacional [
2
] y el
desarrollo doctrinal de Crawford [
3
] permiten distinguir las obligaciones primarias de las reglas
secundarias que determinan la atribución, el incumplimiento y sus consecuencias. Estas últimas
pueden comprender cesación, restitución, indemnización y garantías de no repetición, según la
naturaleza de la obligación vulnerada y las circunstancias jurídicas aplicables.
El precedente de la
Fábrica de Chorzów
[
14
] constituye un referente fundamental para com-
prender el principio de reparación derivado del hecho internacionalmente ilícito. Sin embargo,
las consecuencias de la responsabilidad estatal deben diferenciarse de la responsabilidad penal
individual regulada por el Estatuto de Roma [
15
]. Mientras la primera se vincula con el incumpli-
miento de obligaciones internacionales atribuibles al Estado, la segunda comprende la determinación
de responsabilidad individual por crímenes internacionales.
Esta distinción impide equiparar
automáticamente las reparaciones internacionales con sanciones penales.
De esta manera, las sentencias internacionales adquieren fuerza obligatoria conforme a los instru-
mentos que establecen la competencia de cada órgano jurisdiccional. En el sistema interamericano,
los artículos 63 y 68 de la Convención Americana [
4
] regulan las reparaciones y el compromiso
de los Estados de cumplir las decisiones dictadas en los casos en que son partes. Por su parte, el
Reglamento de la Corte Interamericana [
16
] contempla mecanismos procesales para la supervisión
del cumplimiento, cuya importancia radica en facilitar el seguimiento de las obligaciones establecidas
en las sentencias.
De manera que, la obligatoriedad de las decisiones debe distinguirse de su ejecución efectiva.
Huneeus [
5
] examina las tensiones entre tribunales nacionales y jurisdicciones internacionales,
mientras que Saavedra Alessandri [
17
] analiza los mecanismos de supervisión del cumplimiento
desarrollados en el sistema interamericano. Desde una perspectiva comparada, el Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia [
18
] y el Convenio Europeo de Derechos Humanos [
19
] estable-
cen regímenes específicos de competencia y cumplimiento. Estas diferencias muestran que no
existe un procedimiento universal de ejecución aplicable indistintamente a todas las jurisdicciones
internacionales.
La reparación internacional comprende medidas destinadas a atender las consecuencias de un
hecho internacionalmente ilícito. Conforme a los artículos sobre responsabilidad del Estado [
2
],
puede incluir restitución, indemnización y satisfacción, mientras que la cesación y las garantías de
no repetición responden a obligaciones relacionadas con el cese del incumplimiento y la prevención
de nuevas violaciones. En el sistema interamericano, los casos
Barrios Altos vs. Perú
[
9
],
La
Cantuta vs. Perú
[
10
] y
Gelman vs. Uruguay
[
20
] ofrecen antecedentes relevantes para examinar
las obligaciones de investigación, protección judicial y reparación de víctimas.
La implementación de estas medidas requiere identificar las autoridades competentes y los
procedimientos necesarios para ejecutarlas. Carmona Tinoco [
6
] destaca la importancia de contar
con mecanismos institucionales específicos para cumplir las reparaciones internacionales. Por
ello, la eficacia de una sentencia no debe deducirse únicamente de su emisión, sino del examen
de las obligaciones concretas y de las actuaciones adoptadas para su cumplimiento. El control
de convencionalidad constituye un mecanismo interpretativo desarrollado por la jurisprudencia
interamericana para examinar la compatibilidad de las actuaciones estatales con las obligaciones
derivadas de la Convención Americana. El caso
Almonacid Arellano y otros vs. Chile
[
11
] y los
aportes de Ferrer Mac-Gregor [
12
] permiten comprender su importancia para la actuación judicial
y la protección de los derechos fundamentales, considerando las competencias institucionales y las
disposiciones procesales aplicables.
Las sentencias internacionales pueden generar tensiones relacionadas con la separación de
poderes, la cosa juzgada, la seguridad jurídica y las competencias legislativas o administrativas.
Su tratamiento exige identificar el fundamento convencional de las obligaciones y los mecanismos
internos adecuados para ejecutarlas. Desde esta perspectiva, las implicancias constitucionales
pueden examinarse mediante tres planos relacionados: normativo, institucional y garantista, que
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permiten diferenciar la obligatoriedad jurídica de las decisiones de las condiciones necesarias para
su cumplimiento material.
III.
METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló mediante un enfoque cualitativo, con diseño documental y alcance
descriptivo-interpretativo, sustentado en el análisis dogmático-jurídico. Su propósito fue examinar
los fundamentos normativos, jurisprudenciales y doctrinales de la responsabilidad internacional del
Estado, así como las implicancias jurídicas de las sentencias internacionales en el marco del Estado
constitucional de derecho. Se emplearon los métodos hermenéutico, sistemático y comparativo para
interpretar las disposiciones jurídicas, identificar relaciones conceptuales y contrastar los regímenes
de cumplimiento establecidos en diferentes jurisdicciones internacionales.
La unidad de análisis estuvo constituida por instrumentos normativos internacionales, disposi-
ciones constitucionales, decisiones jurisdiccionales y literatura doctrinal especializada. El estudio no
incorporó participantes humanos ni procedimientos experimentales, y sus resultados corresponden
a una interpretación jurídica de las fuentes documentales examinadas, sin pretender establecer
indicadores estadísticos sobre el cumplimiento de sentencias internacionales.
A.
Fuentes documentales y criterios de selección
El corpus documental estuvo integrado por 20 referencias seleccionadas intencionalmente
según su pertinencia temática, autoridad jurídica y contribución al objetivo de investigación. Se
consideraron fuentes normativas internacionales, legislación constitucional peruana, jurisprudencia
nacional e internacional y estudios doctrinales especializados.
Entre las fuentes principales se incluyeron la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados [
1
], la Convención Americana sobre Derechos Humanos [
4
], la Carta de las Naciones Unidas
[
13
], la Constitución Política del Perú [
7
] y los artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos
internacionalmente ilícitos [
2
]. Asimismo, se consideraron el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia [
18
], el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [
16
], el Convenio
Europeo de Derechos Humanos [
19
] y el Estatuto de Roma [
15
].
El análisis jurisprudencial
comprendió decisiones representativas sobre responsabilidad internacional, reparación y control
de convencionalidad, entre ellas los casos
Fábrica de Chorzów
[
14
],
Barrios Altos vs. Perú
[
9
],
La Cantuta vs. Perú
[
10
],
Gelman vs. Uruguay
[
20
] y
Almonacid Arellano y otros vs. Chile
[
11
],
además de la jurisprudencia constitucional peruana relacionada con los tratados internacionales de
derechos humanos [8].
La fundamentación doctrinal se complementó con los aportes de Crawford [
3
], Ferrer Mac-
Gregor [
12
], Huneeus [
5
], Carmona Tinoco [
6
] y Saavedra Alessandri [
17
]. Estas fuentes permitieron
contrastar los fundamentos normativos con interpretaciones académicas sobre responsabilidad
estatal, jurisdicción internacional, reparación y ejecución de sentencias. Los criterios de selección
comprendieron la relación directa con el problema investigado, la relevancia jurídica o doctrinal,
la identificación verificable de las fuentes y su utilidad para el análisis comparado. Se priorizaron
documentos oficiales, decisiones jurisdiccionales y publicaciones académicas especializadas. La
selección no respondió a criterios de representatividad estadística ni pretendió constituir una revisión
sistemática exhaustiva de la literatura.
B.
Procedimiento de análisis dogmático y hermenéutico
El análisis se estructuró mediante la identificación de las disposiciones jurídicas aplicables, la
interpretación de sus contenidos y el examen de las relaciones entre responsabilidad internacional,
obligatoriedad de las decisiones y mecanismos de cumplimiento. En primer término, se diferenciaron
las obligaciones internacionales primarias de las reglas secundarias que regulan la atribución de
conductas estatales y las consecuencias de su incumplimiento. Posteriormente, se examinó la
naturaleza jurídica de las decisiones internacionales, distinguiendo la declaración de responsabilidad,
las medidas de reparación y las sanciones de carácter punitivo.
El método hermenéutico permitió interpretar las disposiciones normativas y los fundamentos de
las decisiones jurisdiccionales atendiendo a su contexto jurídico. Por su parte, el método sistemático
facilitó relacionar las obligaciones internacionales con los principios constitucionales, las competencias
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institucionales y los mecanismos internos de protección de derechos. Las interpretaciones doctrinales
se utilizaron como elementos de contraste y fundamentación, sin atribuirles el carácter vinculante
propio de las normas o decisiones jurisdiccionales aplicables.
C.
Categorías de análisis y contraste jurídico
Para organizar la interpretación documental se establecieron cinco categorías analíticas (Tabla 1),
definidas a partir del objetivo de investigación y de los principales componentes identificados en el
marco jurídico examinado.
Tabla 1.
Categorías analíticas de organización documental.
Código
Categoría
Dimensión de análisis
C1
Responsabilidad internacional del
Estado
Atribución, incumplimiento y consecuencias jurídicas del
hecho internacionalmente ilícito.
C2
Naturaleza y obligatoriedad de
las sentencias internacionales
Competencia jurisdiccional, fuerza vinculante y alcance
de las decisiones.
C3
Protección internacional de los
derechos fundamentales
Tutela jurisdiccional, garantías de protección y control
de convencionalidad.
C4
Estado constitucional y ejecución
interna
Articulación normativa, competencias institucionales y
tensiones constitucionales.
C5
Reparación internacional y
cumplimiento
Modalidades de reparación, garantías de no repetición y
supervisión de las decisiones.
Fuente:
elaboración propia.
El contraste jurídico consideró principalmente el sistema interamericano de derechos humanos
y, de manera complementaria, los regímenes de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. También se distinguió la responsabilidad penal individual regulada
por el Estatuto de Roma, con el propósito de delimitar conceptualmente las consecuencias jurídicas
de la responsabilidad estatal.
D.
Estrategia de interpretación y síntesis
La información documental se organizó mediante matrices de correspondencia entre categorías
analíticas, fundamentos normativos, antecedentes jurisprudenciales e implicancias jurídicas. Estas
matrices permitieron identificar elementos comunes, diferencias jurisdiccionales y relaciones entre
las obligaciones internacionales y las condiciones institucionales necesarias para su ejecución. Los
resultados se desarrollaron mediante una síntesis narrativa y comparativa, apoyada en tablas
y representaciones conceptuales destinadas a facilitar la comprensión de las relaciones jurídicas
identificadas. La interpretación se restringió al contenido de las fuentes examinadas, evitando
extrapolar conclusiones sobre niveles efectivos de cumplimiento o transformaciones institucionales
que requerirían evidencia empírica adicional. De esta manera, el procedimiento metodológico
permitió establecer una relación entre los fundamentos jurídicos de las sentencias internacionales, su
naturaleza obligatoria y las implicancias constitucionales derivadas de su aplicación, manteniendo la
coherencia entre el objetivo de investigación, las categorías analíticas y los resultados documentales.
IV.
RESULTADOS
El examen del corpus de veinte fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales permitió
identificar relaciones jurídicas entre la configuración de la responsabilidad internacional, el carácter
de las decisiones jurisdiccionales y las condiciones de cumplimiento en los ordenamientos internos.
Los resultados se exponen como hallazgos interpretativos de carácter dogmático, no como frecuencias
de cumplimiento ni mediciones de impacto. Para evitar equivalencias conceptuales improcedentes,
el análisis conserva cinco categorías (C1–C5) definidas en la metodología. Las tablas sintetizan
las fuentes que respaldan cada interpretación y las figuras representan relaciones jurídicas, sin
asignarles magnitudes cuantitativas.
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A.
Fundamentos de la responsabilidad internacional del Estado (C1)
La lectura conjunta de los artículos sobre responsabilidad del Estado y de la doctrina especial-
izada delimita la responsabilidad internacional mediante dos condiciones jurídicas: una conducta
atribuible al Estado y la violación de una obligación internacional vigente para él [
2
], [
3
]. Esta
determinación no equivale, por sí misma, a la imposición de una pena; la naturaleza y el alcance de
las consecuencias se establecen conforme al régimen jurídico aplicable. El precedente
Fábrica de
Chorzów
contribuye a fundamentar el deber de reparación, sin sustituir las reglas específicas de
los sistemas contemporáneos [
14
]. La Tabla 2 integra esta conclusión con las restantes categorías
del análisis y presenta, para cada una, su fundamento principal, la inferencia jurídica resultante
y las fuentes de respaldo. La correspondencia es analítica y no una secuencia cronológica de
acontecimientos.
Tabla 2.
Matriz de correspondencia entre categorías jurídicas, fundamentos y consecuencias
interpretativas.
Categoría
Fundamento principal
Hallazgo interpretativo
Fuentes
C1. Responsabilidad
del Estado
Atribución de conducta +
incumplimiento de una
obligación internacional
La existencia del ilícito no presupone una
sanción penal ni determina por sí sola la
competencia de una corte.
[2], [14], [3]
C2. Sentencia
internacional
Competencia del tribunal y
título jurídico de jurisdicción
La fuerza obligatoria se determina según el
régimen aplicable y las partes alcanzadas por
el fallo.
[4], [13], [18],
[19]
C3. Protección de
derechos
Garantías convencionales y
control de convencionalidad
La tutela internacional es complementaria de
los mecanismos nacionales, no una apelación
universal.
[4], [12], [11]
C4. Estado
constitucional
Constitución, incorporación
de tratados y órganos
internos competentes
La obligación internacional subsiste, pero su
ejecución exige actuaciones
institucionalmente delimitadas.
[
1
], [
7
], [
8
], [
5
]
C5. Reparación y
cumplimiento
Reparación integral,
supervisión y ejecución
estatal
Declaración de responsabilidad, reparación
ordenada y cumplimiento efectivo son planos
distintos.
[2], [16], [6],
[17]
Fuente:
elaboración propia.
B.
Naturaleza de las sentencias y diferenciación de consecuencias (C2 y C5)
Las decisiones internacionales producen efectos jurídicos diversos que deben distinguirse de
acuerdo con su finalidad. La declaración de responsabilidad identifica un incumplimiento en los
términos del caso; la cesación busca poner fin a una infracción continuada; la reparación comprende
modalidades que atienden daños y afectaciones específicas; y las garantías de no repetición se
orientan a prevenir vulneraciones futuras [
4
], [
2
], [
3
]. La responsabilidad penal individual, en cambio,
responde a un régimen propio, expresado en el Estatuto de Roma [
15
]. Como resultado de esta
distinción, la expresión «sentencia sancionatoria» presenta un alcance insuficientemente preciso si
se emplea como denominación común de todos los fallos que declaran responsabilidad estatal. La
Tabla 3 separa las principales instituciones jurídicas sin atribuir idéntica naturaleza a sus efectos.
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Tabla 3.
Distinción funcional de las consecuencias jurídicas del incumplimiento internacional.
Institución
Función jurídica
Alcance o límite
Fuentes
Declaración de
responsabilidad
Constata la violación de una
obligación internacional en el
caso decidido.
No implica automáticamente una pena
criminal al Estado.
[2], [3]
Cesación
Exige poner fin al hecho ilícito
continuado cuando
corresponda.
Depende de la persistencia de la conducta y
de la obligación aplicable.
[2]
Restitución
Procura restablecer, en la
medida jurídicamente posible,
la situación anterior.
Puede estar limitada por imposibilidad
material o desproporción según el régimen.
[2], [14]
Indemnización
Compensa daños
económicamente evaluables
cuando resulte pertinente.
No sustituye necesariamente medidas de
investigación o satisfacción.
[4], [2]
Satisfacción /
rehabilitación
Atiende dimensiones no
puramente patrimoniales de la
afectación.
Las medidas específicas deben derivar del
fallo y del régimen aplicable.
[4], [9], [10],
[20]
Garantías de no
repetición
Buscan prevenir nuevas
infracciones mediante cambios
apropiados.
No deben presumirse idénticas en todos los
casos.
[2], [10], [20]
Responsabilidad penal
individual
Determina responsabilidad
personal por crímenes
tipificados.
Es distinta de la responsabilidad
internacional del Estado.
[15]
Fuente:
elaboración propia.
La Figura 1 presenta la secuencia conceptual que surge del análisis: obligación y conducta
atribuible, comprobación del incumplimiento por el órgano competente, determinación de conse-
cuencias y fase de cumplimiento. El esquema no sugiere que toda infracción culmine necesariamente
en litigio ni que toda sentencia incluya las mismas medidas.
Fig. 1.
Secuencia jurídico-conceptual de la responsabilidad y sus consecuencias.
C.
Obligatoriedad de los fallos y diferencias entre jurisdicciones (C2 y C4)
La fuerza vinculante de las decisiones no deriva de una categoría universal de «sentencias
internacionales», sino de los instrumentos que atribuyen competencia y regulan los efectos de cada
jurisdicción. En el sistema interamericano, los artículos 62, 63, 67 y 68 de la Convención Americana
delimitan competencia, reparaciones y obligaciones de cumplimiento [
4
]. Para la Corte Internacional
de Justicia, el artículo 59 de su Estatuto y el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas
contienen reglas específicas [
13
], [
18
]; en el sistema europeo, el artículo 46 del Convenio Europeo se
refiere a las sentencias definitivas [19].
El contraste también permite diferenciar la Corte Penal Internacional, dirigida a responsabilidad
penal individual [
15
], del plano constitucional peruano, relevante para la recepción e implementación
de obligaciones pero no equiparable a una jurisdicción internacional [
7
], [
8
]. La Tabla 4 reúne estas
distinciones para evitar comparaciones de instituciones jurídicamente heterogéneas.
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Tabla 4.
Comparación del alcance jurisdiccional y de los deberes de cumplimiento.
Régimen
Sujeto / asunto principal
Base de obligatoriedad
Precisión comparativa
Corte IDH
Responsabilidad estatal por
violaciones de la Convención
Americana.
CADH, arts. 62, 63, 67 y 68
[4].
Fallos obligatorios para el Estado
parte; ejecución y supervisión
específicas [16], [17].
CIJ
Controversias jurídicas entre
Estados.
Estatuto de la CIJ, art. 59, y
Carta ONU, art. 94 [
13
], [
18
].
La obligatoriedad se circunscribe al
caso y a las partes correspondientes.
TEDH
Demandas relativas al
Convenio Europeo de
Derechos Humanos.
CEDH, art. 46 [19].
Obligación de acatar las sentencias
definitivas en los asuntos en que el
Estado sea parte.
CPI
Responsabilidad penal de
personas naturales.
Estatuto de Roma [15].
No constituye una jurisdicción
general para condenar penalmente a
Estados.
Perú (marco
interno)
Recepción constitucional e
implementación por órganos
nacionales.
Constitución [7] y
jurisprudencia TC [8].
No es un tribunal internacional:
representa el plano interno de
ejecución.
Fuente:
elaboración propia.
D.
Tutela de derechos, precedentes y control de convencionalidad (C3 y C4)
Los precedentes seleccionados muestran vías jurídicas diferenciadas para la protección de
derechos.
Barrios Altos
y
La Cantuta
permiten examinar la relación entre violaciones graves,
tutela judicial y medidas de reparación en el sistema interamericano [
9
], [
10
];
Gelman
permite
identificar tensiones entre respuestas internas y obligaciones convencionales [
20
]. Por su parte,
Almonacid Arellano
ofrece un fundamento jurisprudencial específico para discutir el control de
convencionalidad, complementado por la doctrina especializada [
12
], [
11
]. No se desprende de estas
decisiones que todas las sentencias internacionales produzcan una reforma legislativa, un mismo
tipo de reparación o idénticos efectos sobre la cosa juzgada. La Tabla 5 explicita el aporte de cada
precedente y la cautela necesaria para interpretar su alcance sin extrapolaciones.
Tabla 5.
Aportes jurídicos de los precedentes seleccionados y cautelas de interpretación.
Precedente
Eje de análisis
Aporte al estudio
Cautela
Fábrica de Chorzów
(1928)
Reparación por hecho
internacionalmente ilícito.
Referencia clásica para el
principio de reparación [14].
No es un fallo
interamericano ni versa
sobre control de
convencionalidad.
Barrios Altos vs. Perú
(2001)
Obstáculos a investigación
y protección judicial.
Vincula obligaciones
convencionales con deberes
estatales [9].
No extrapolar
automáticamente sus
medidas a toda infracción.
La Cantuta vs. Perú
(2006)
Responsabilidad,
reparación y obligaciones
estatales.
Muestra pluralidad de medidas
en un caso concreto [10].
Distinguir hechos, medidas
ordenadas y supervisión
posterior.
Gelman vs. Uruguay
(2011)
Obligaciones
interamericanas y justicia
interna.
Ilustra tensiones entre arreglos
internos y deberes
convencionales [20].
Las consecuencias se
interpretan según los
fundamentos del caso.
Almonacid Arellano vs.
Chile (2006)
Control de
convencionalidad.
Aporta precedente específico
para C3 y C4 [11].
No equivale a un poder
indiferenciado para
desconocer normas internas.
Fuente:
elaboración propia.
E.
Cumplimiento interno y relevancia constitucional (C4 y C5)
La obligatoriedad convencional y la ejecución material representan planos relacionados pero
distintos. El Reglamento de la Corte Interamericana contempla la supervisión del cumplimiento
[
16
], mientras que los estudios de Huneeus, Carmona Tinoco y Saavedra Alessandri examinan
obstáculos institucionales, vías internas de ejecución y mecanismos de seguimiento [
5
], [
6
], [
17
]. De
este contraste se desprende que el deber de cumplir puede requerir coordinación entre autoridades
judiciales, administrativas y legislativas, según el contenido de cada fallo. La Figura 2 sintetiza los
planos normativo, institucional y garantista identificados en el estudio. Se trata de dimensiones de
análisis, no indicadores de cumplimiento, y su interacción ayuda a explicar por qué la existencia de
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una sentencia vinculante no basta para afirmar que sus reparaciones se han materializado.
Fig. 2.
Planos de análisis de la eficacia jurídica de las sentencias internacionales.
Los hallazgos permiten caracterizar las sentencias internacionales como instrumentos de atribu-
ción de responsabilidad y tutela jurídica cuya obligatoriedad debe concretarse conforme a cada
régimen jurisdiccional.
El estudio documental no permite calcular tasas de cumplimiento ni
demostrar mejoras empíricas en los sistemas de justicia; tales afirmaciones exigirían examinar
expedientes de supervisión, actuaciones estatales y resultados observables.
F.
Discusión
Los resultados permiten distinguir la responsabilidad internacional del Estado de las sanciones
penales individuales, evitando atribuir naturaleza punitiva a todas las consecuencias de las sen-
tencias internacionales. Esta interpretación coincide con Crawford [
3
], quien diferencia las reglas
de atribución, incumplimiento y reparación del hecho internacionalmente ilícito. Asimismo, el
análisis evidencia que la obligatoriedad de las decisiones jurisdiccionales no garantiza su ejecución
material, cuestión examinada por Huneeus [
5
] y Carmona Tinoco [
6
], quienes destacan las tensiones
institucionales y la necesidad de mecanismos internos adecuados para cumplir las obligaciones
internacionales.
En el ámbito constitucional, los hallazgos muestran que el control de convencionalidad fa-
vorece la articulación entre las obligaciones internacionales y la protección interna de los derechos
fundamentales. Esta interpretación se relaciona con los aportes de Ferrer Mac-Gregor [
12
] y la
jurisprudencia del caso
Almonacid Arellano y otros vs. Chile
[
11
]. No obstante, su aplicación
requiere considerar las competencias institucionales, los procedimientos nacionales y los límites
establecidos por los instrumentos internacionales pertinentes, evitando interpretar la jurisdicción
internacional como una sustitución general del orden constitucional.
Respecto de las reparaciones, los casos
Barrios Altos vs. Perú
[
9
],
La Cantuta vs. Perú
[
10
] y
Gelman vs. Uruguay
[
20
] permiten reconocer diferentes obligaciones relacionadas con la investigación,
la protección judicial y la reparación de víctimas. En concordancia, Saavedra Alessandri [
17
] destaca
la importancia de los mecanismos de supervisión del cumplimiento. Estos antecedentes respaldan la
necesidad de diferenciar la obligatoriedad jurídica de las sentencias de la ejecución efectiva de sus
medidas, considerando las características particulares de cada decisión.
Finalmente, la integración de los hallazgos permite interpretar las implicancias de las sentencias
internacionales mediante tres planos complementarios: normativo, institucional y garantista. Esta
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articulación constituye un aporte conceptual para examinar la relación entre las obligaciones
internacionales, los mecanismos internos de ejecución y la protección de los derechos. Sin embargo,
el diseño documental y dogmático-jurídico limita los resultados a la interpretación de las fuentes
examinadas, sin permitir establecer tasas de cumplimiento ni demostrar empíricamente la eficacia
material de las decisiones internacionales.
CONCLUSIONES
El análisis permitió establecer que las sentencias internacionales que determinan la responsa-
bilidad del Estado constituyen mecanismos jurídicos relevantes para la protección de los derechos
fundamentales. Su obligatoriedad depende del régimen normativo aplicable y de la competencia del
órgano jurisdiccional, mientras que su ejecución requiere articulación con las instituciones nacionales.
La responsabilidad internacional del Estado debe distinguirse de la sanción penal individual, pues
sus consecuencias pueden comprender restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no
repetición. Esta diferenciación resulta fundamental para interpretar correctamente la naturaleza y
los efectos jurídicos de las decisiones internacionales.
La eficacia de las sentencias no depende exclusivamente de su fuerza vinculante, sino también de
los mecanismos institucionales y procedimientos disponibles para ejecutar las medidas ordenadas. Las
dificultades administrativas o constitucionales pueden condicionar su cumplimiento, pero no eliminan
las obligaciones internacionales válidamente asumidas. Finalmente, las implicancias jurídicas de
estas decisiones pueden examinarse mediante tres planos complementarios: normativo, institucional
y garantista. Esta estructura facilita comprender las condiciones jurídicas del cumplimiento, aunque
la verificación de su eficacia material requiere investigaciones empíricas adicionales.
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