I.INTRODUCCIÓN

La expresión justicia de género tiene como propó- sito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado y el estado [1]. Forma parte del proyecto emancipador de las mujeres y grupos LGBT, en este proyecto se promueven dos principios básicos de justi- cia que corresponden a la Igualdad, donde se hace én- fasis que las perspectivas de género deben incluir todas las identidades y orientaciones sexuales, y por otro lado, la igualdad diferenciada, donde se reconoce el papel de la mujer y los grupos LGBT en las diferentes épocas históricas y sectores de funcionamiento social.

De estos escritos se resalta la responsabilidad del Estado como factor fundamental en la construcción de sociedades igualitarias a través de la implementación de políticas públicas que modulen o direccionen el comportamiento de los ciudadanos para el logro de los objetivos sociales. Esta es una acción clave que debe desempeñar la relación estado/sociedad para lograr que la política pública sea considerada como un motor de cambio y la construcción de la lianza entre organizacio- nes públicas y privadas, para implementar medidas que influyan en el cambio de conductas relacionadas con la discriminación. De allí que las políticas públicas son consideradas esenciales para promover las revoluciones sociales proyectadas hacia sociedades más justas, pero al mismo tiempo reconocen el inmenso problema sobre discriminación y desigualdad que afectan a las mujeres y a la diversidad de género.

Si bien la tardía tendencia legalista del matrimo- nio entre personas del mismo sexo en América Latina unió bajo una misma esfera de protección a los grupos LGBT, aún existen importantes desatenciones que mar- can una brecha social entre la comunidad transgénero y las demás identidades y orientaciones sexuales. Aunque el llamado matrimonio igualitario representa un progre- so en el reconocimiento de sus derechos, la cooperación del poder ejecutivo con los órganos descentralizados, la atención a las necesidades socioeconómicas, demandas relacionadas con el bienestar de la diversidad sexual y la erradicación de la discriminación y segregación labo- ral, no pueden quedar desapercibidas frente a la global- mente publicitada figura del matrimonio civil [2].

Las últimas décadas han sido claves para el reco- nocimiento formal de los derechos sexuales en Amé- rica Latina [3]. Se han generado importantes cambios en relación al derecho de la familia, logrando de esta forma relaciones más igualitarias entre hombres y mu- jeres dentro del matrimonio, entre las que se incluyen la eliminación de los términos legales entre niños dentro del matrimonio y fuera del matrimonio, así como el re-

conocimiento del divorcio en Chile en el año 2004 [4], representando entonces el último país de la región en aceptar las nuevas políticas del matrimonio.

En el año 2009, el matrimonio entre personas del mismo sexo se legalizó en la Ciudad de México, al año siguiente en Argentina y en el año 2019 finalmente la Corte Constitucional aprobó el matrimonio igualita- rio en el territorio ecuatoriano [5]. La legislación an- tidiscriminatoria también se ha convertido en un pilar fundamental para la política estatal. En 1998, Ecuador se convirtió en el segundo país del mundo (después de Sudáfrica) en instaurar mecanismos de protección cons- titucional contra la discriminación por orientación se- xual [6], y con la Constitución del año 2008 se convirtió en el primer país de la región en contemplar también la identidad de género por vías supra legales [6]. En el año 2012, siguiendo el Protocolo de Yogyakarta [7], una ley sobre identidad de género en Argentina garantiza a to- das las personas el derecho de modificar su carnet de identidad (incluido el sexo registrado en el certificado de nacimiento) para reconocer la identidad de género sin necesidad de intervenciones médicas o de orden le- gal, garantizando de igual forma el acceso a terapia hor- monal y tratamientos quirúrgicos para la reasignación de género.

Pero más allá de los acontecimientos políticos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer [8] de forma uná- nime aprobó en el año 2008 la condena a las violacio- nes de derechos humanos motivadas por la orientación sexual y la identidad de género [9]. Sin embargo, los alcances de tales reconocimientos han sido visiblemen- te desiguales, tanto en la protección formal de los de- rechos sexuales, como en términos del impacto social, aun cuando hay mecanismos de protección legalmente reconocidos. No hace falta entonces indicar que tal ejer- cicio implica asemejar una diversidad de experiencias con todas las regiones, actores, perspectivas y enfoques metodológicos.

Hay tres ideas centrales podrían enmarcar la dis- cusión sobre el alcance protector de la norma para las personas transgénero; La primera se refiere al momento histórico en el que los movimientos por los derechos sexuales lograron consolidarse, si bien las transiciones han abierto espacios para el diálogo, la adopción de po- líticas neoliberales que sufrió América Latina [10] en los años 80 como herencia de la intromisión ideológica de Ronald Reagan [11], reforzaron diversas formas de exclusión social para las minorías sexuales. La segunda, implica la dificultad de traducir la identidad de género al limitado lenguaje de la norma y la política pública. Este proceso crea una rigidez de las categorías sociales,

lo que a su vez puede contribuir a la competencia entre movimientos representantes de minorías y a diversas formas de exclusión que a menudo no se reconocen. La tercera, se refiere a las brechas políticas que han exis- tido entre los movimientos feministas y grupos LGBT, cuyo estudio nos permite identificar las diferencias y analizar sus puntos en común.

En este trabajo se expone una reflexión sobre la igualdad de género y además se fundamentan los logros alcanzados a lo largo de los últimos años, se enfatiza en el hecho de que las políticas públicas son las que pueden facilitar la valoración de la equidad de género y establecer un discurso a favor de los avances sociales, que harán posible una sociedad más justa.

II.DESARROLLO

Los países latinoamericanos que surgieron de las guerras de independencia del siglo XIX [12], heredaron estratos sociales divididos en raza, género y clase so- cial. Las prerrogativas económicas, políticas y sexuales de los hombres fueron legalmente sancionadas y pro- tegidas. Las élites políticas consideraban a la familia patriarcal como la base de una sociedad estable y una nación ordenada bajo el mandado de la norma terrenal y divina [13]. Las leyes adaptadas a las tradiciones ju- rídicas ibéricas y el derecho canónico patrocinaron este ideal y mantuvieron la autoridad del cónyuge sobre la propiedad de sus esposas y la autoridad sobre sus hijas. Se formularon diferencias entre mujeres casadas y sol- teras, personas con trastornos, mujeres impuras, entre otras categorías. Desde luego, estas restricciones limi- taron la autoridad legal de las mujeres casadas sobre sus hijos y la capacidad legal para celebrar contratos, proponer demandas y controlar la propiedad. Las viu- das recuperaban el control de su propiedad siempre que no se volvieran a casar, y tanto ellas como las mujeres solteras mayores, podían celebrar contratos y ejercer ciertos otros derechos civiles, aunque no políticos. Los hombres y las mujeres también fueron juzgados de ma- nera diferente según el Derecho Penal [14] (particular- mente con los crímenes de honor) que reforzaron los privilegios masculinos y las normas sociales restrictivas que rodean la virtud de las mujeres.

Debido a la débil capacidad del estado y la depen- dencia de las élites de las sociedades patriarcales, las primeras reformas en el derecho de familia ocurrieron mucho después de la independencia [15]. Los proyectos de modernización comenzaron un proceso fragmentado de laicismo que asumió diversas formas en muchos paí- ses latinoamericanos. Las críticas recientes han afronta- do los informes teleológicos que postulan las reformas

liberales como un simple paso más en el camino pro- gresivo hacia la emancipación de las mujeres, en lugar de señalar sus efectos contradictorios en las relaciones de género, su impacto variable en diferentes grupos mi- noritarios y sus articulaciones concurrentes con tecno- logías de control social en el área de la medicina, salud pública, policía y justicia.

Del mismo modo, si bien la sodomía se despenalizó en la mayor parte de la región [16], [17], las leyes que regulaban la moral, las buenas costumbres, la corrup- ción de menores, las agresiones a la decencia pública y la ociosidad, permitieron la represión policial continua para mantener el género y el sexo dominante [18]. En términos generales, las élites liberales priorizaron pro- yectos de modernización sobre las libertades individua- les y los ideales igualitarios, estableciendo repúblicas oligárquicas altamente excluyentes. Este es el contexto en el que uno debe comprender los esfuerzos del poder para blanquear a las poblaciones nacionales mediante la atracción de inmigrantes europeos, la eliminación for- zada de comunidades indígenas a través de medidas que van desde campañas de genocidio en el Cono Sur hasta la privatización de tierras comunales, así como esfuer- zos para regular la prostitución, controlar las enferme- dades venéreas y, sobre todo, inocuizar a los desviados sexuales. Inocuo es una persona inofensiva, entonces ¿qué quisieron decir con inocuizar si esta palabra no existe en la lengua española?

Las oligarquías dieron paso a los gobiernos populis- tas, que desempeñaron un relevante papel transforma- dor en toda la región hasta el siglo XX [19]. Sus líderes eran sujetos que proponían una política inclusiva, al- gunos con tendencias revolucionarias, otros, con ambi- ciones más conservadoras [20]. En el plano político, se promulgaron las primeras piezas importantes de legisla- ción laboral y política de bienestar social a medida que reorientaron las economías fuera de los territorios de exportación de materias primas hacia modelos de sus- titución de importaciones, industrialización y mercados internos. En los primeros experimentos de movilización masiva, los gobiernos populistas buscaron incorporar las clases medias urbanas y los sectores marginales, estableciendo vínculos corporativos de representación que incluían a los grupos históricamente desprotegidos.

Las mujeres habían participado durante mucho tiem- po en actividades sociales relacionadas con la caridad, al tratarse de un papel propio de la extensión natural de la feminidad. Con la expansión de la regulación estatal en esferas nuevas y más íntimas de las relaciones so- ciales, las mujeres (particularmente de las clases altas) se involucraron en la política de bienestar social [21]. En este contexto, las activistas feministas de la primera

ola en América Latina, muchas de ellas vinculadas a los procesos socialistas [22], también lograron sus prime- ros éxitos políticos. Movilizándose de manera paralela a los modos de organizaciones prevalecientes, las mu- jeres en México organizaron Ligas Feministas con más de cincuenta mil integrantes en el año de 1920, estable- ciendo estrechos vínculos con el nuevo liderazgo post revolucionario [23]. En Argentina, el Partido Femenino Peronista, fundado en 1949, alcanzó más de medio mi- llón de mujeres inscritas en tres años [24]. Como reflejo de la dimensión transnacional del feminismo, las muje- res reunidas en la Primera Conferencia Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres celebrada en la Ciudad de México en 1923, discutieron el acceso al trabajo, los derechos de voto y el control de la natalidad y exigieron un estándar moral único en materia de sexualidad para los hombres y mujeres [25]. A fines de la década de los años 50, el sufragio femenino se reconoció en América Latina a medida que un número creciente de mujeres ingresaba a las universidades y al mercado laboral.

En la década de los años 60 y 70, se produjo una reacción violenta contra el populismo en gran parte de la región, ya que las dictaduras militares y los gobier- nos autoritarios trataron de restablecer el orden social jerárquico desafiado por varios actores sociales [26]. Estos regímenes marcaron el comienzo de la represión que diezmó a gran parte de la sociedad civil identifi- cada con el progresismo y la izquierda. El retorno a la democracia en el último cuarto del siglo XX, preparó el escenario para que los movimientos sociales con- temporáneos se movilicen en torno a los derechos se- xuales que surgieron en el contexto de las aspiraciones democráticas y revolucionarias. De hecho, muchas de las primeras activistas feministas, lesbianas y homo- sexuales en particular, tenían una historia de militancia en partidos socialistas, grupos estudiantiles radicales y organizaciones revolucionarias. Ellas, al encontrarse frente a una sociedad política dominada por hombres y heterosexista, recurrieron a los movimientos sociales como respuesta al rechazo de los grupos dominantes de la izquierda masculina, que ignoraban sus preocupacio- nes sobre las relaciones de poder estructuradas en torno al género y la sexualidad. Estas raíces ayudan a explicar la importancia de la política sexual en la región, y los debates sobre la interseccionalidad del feminismo y la liberación sexual con la lucha de clases [26].

En estos acontecimientos es posible observar que la igualdad de género no representaba un tema de interés en la política mundial, y quedaba relegado a un tema de segundo plano. Es entonces en la década de los años 90 que nace el movimiento feminista y LGBT y hacen posible un debate a integrador por parte de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas.

La mujer representó un papel fundamental en los procesos políticos de igualdad de género. Los grupos feministas pidieron una legislación penal más fuerte contra la violencia sexual y doméstica [10], [26], y la discriminación por orientación sexual, imploraron cam- bios en el derecho civil para permitir el divorcio y esta- blecer relaciones de género más igualitarias dentro del matrimonio, así como una maternidad libre y voluntaria [27], [4].

Las primeras feministas latinoamericanas estuvieron exclusivamente dedicadas a la lucha contra el patriar- cado. Aunque a menudo encontraron resistencia por parte de las feministas heterosexuales, las feministas lesbianas promovieron las discusiones iniciales sobre la importancia de oponerse al estigma sexual. La organi- zación de un grupo de lesbianas en la Primera Conferen- cia de las Naciones Unidas sobre la Mujer [28] proveyó el único lugar en el foro para estas discusiones donde se debatieron sobre la sexualidad y discriminación por orientación e identidad de género [28]. Con el tiempo, estas nuevas variantes del movimiento feminista esta- blecieron lazos con los nuevos estados democráticos y han luchado por una mayor atención a los problemas de las mujeres y las minorías sexuales, mediante el estable- cimiento de institutos y programas gubernamentales de mujeres, aun cuando no cuentan con fondos suficientes.

A lo largo del tiempo, un paradigma internacional de salud y diversidad sexual ha logrado una importan- cia cada vez mayor, a menudo traducido en demandas específicas de políticas públicas para el acceso a ser- vicios de salud, educación y otros de orden social. A la par que se organizaban movimientos feministas, se dieron los movimientos de liberación de homosexuales en Argentina, en el año 1969 [29]. Como lo expresa- ron los participantes de la primera Marcha del Orgu- llo Gay y Lésbico celebrada en la Ciudad de México en el año 1979 [30], no debe considerarse la existencia de una liberación política si primero no figura una li- beración sexual. Buscando un mayor alcance que otros movimientos sociales al cuestionar la estructuración del binarismo sexual, priorizaron la necesidad de poner fin a la violencia transfóbica, el tratamiento y la prevención del VIH / SIDA, las leyes sobre identidad que permiti- rían a las personas cambiar su nombre y género en los documentos oficiales, así como un mayor acceso a em- pleos, educación y atención médica.

También se han establecido organizaciones en Amé- rica Latina para defender los derechos de las trabaja- doras sexuales trans a través de las identidades de gé- nero, a manera de activismo reflejado en las distintas estrategias políticas para erradicar las etiquetas sexua-

les y estigmatización por cuestiones de género. El pri- mer movimiento de este tipo en la región andina, fue la Asociación de Trabajadoras Autónomas del Ecuador, establecida por sexo servidoras en el de 1982 [31]. Esta agrupación estuvo en la palestra pública luego de orga- nizar una huelga donde reclamaron el abuso y la explo- tación sexual por parte de prostíbulos y los dueños de establecimientos de diversión nocturna. Si bien existen algunos precedentes, el movimiento ha tenido cada vez más simpatizantes de todos los grupos de diversidad se- xual, en parte reflejado por sus campañas de prevención del VIH / SIDA y la precariedad laboral. Asimismo, en 1997 [32], y siguiendo el ejemplo de Ecuador, ac- tivistas de Costa Rica organizaron una ONG de carác- ter regional que representa a las trabajadoras sexuales (RedTrabSex) que actualmente tiene afiliaciones en 15 países. Al abrazar un discurso basado en el respeto a los derechos humanos, las activistas han priorizado la no estigmatización del trabajo sexual, el reconocimien- to de los derechos laborales para la profesión, la lucha contra el abuso policial y la prevención del VIH / SIDA. Esto ha repercutido en el territorio ecuatoriano, pues, si bien la prostitución no figura como una práctica laboral legalizada por mandato, en el año 2008 se implementó una política que permite a la trabajadora social la inclu- sión voluntaria al seguro social, lo que le permite acce- der a créditos bancarios, viviendas, y demás beneficios que pudiesen existir en el seguro social.

Sin negar las características específicas de cada uno de estos movimientos y las múltiples diferencias entre países, es posible identificar varias tendencias que han distinguido el avance de la política en materia sexual en la región latinoamericana a lo largo de los últimos años. Las ONGs pueden desempeñar un rol importante en la promoción, investigación y prestación de servicios para las comunidades trans. Ellas, mientras juegan un papel cada vez más importante en el activismo latinoa- mericano para compensar las brechas y limitaciones de la acción estatal en el contexto contemporáneo, buscan democratizar su organización. Ciertamente, los movi- mientos sociales han mantenido durante mucho tiem- po conexiones transnacionales que han tomado diver- sas formas, aunque el alcance y la frecuencia de tales contactos han aumentado en las últimas décadas. Una expresión particularmente importante de este fenóme- no ha sido la organización de conferencias feministas de América Latina y el Caribe [33], celebradas regular- mente desde 1981. Estas conferencias han proporciona- do un espacio importante para la creación de espacios deliberativos, donde los actores LGBT pueden acumu- lar recursos simbólicos y desarrollar interpretaciones alternativas de identidad y justicia social. Por supuesto,

se han producido transformaciones más extensas en las comunidades trans porque se sienten excluidas de la po- lítica LGBT generalizada. Esto se refleja, por ejemplo, que los organizadores de las tres primeras conferencias propusieron que las comunidades trans buscaran auto- financiamiento para poder asistir, mientras que, para lo posterior, buscaron fuentes externas de financiación [34].

III.RESULTADOS

Una vez evaluado diversas fuentes bibliográficas se ha realizado una reflexión sobre la trascendencia de los movimientos feministas en Latinoamérica y su relevan- cia en el Ecuador. Por ello es posible destacar algunos resultados:

Examinar las intersecciones de la sexualidad y las políticas públicas no es tarea fácil. Un primer examen nos refleja la adopción del discurso como transformador de verdades. El lenguaje se ha convertido en un ins- trumento de poder, expresado por individuos, grupos y movimientos que trascienden las fronteras. Hoy pode- mos hablar abiertamente sobre la identidad de género y las personas trans. Sin embargo, esta transformación no se ha desarrollado naturalmente como podría suponer una comprensión ideológica porque existe una confron- tación política y social. Más bien, los lenguajes de los derechos se refieren a un proceso histórico incompleto, a través del cual los actores sociales se han unido para redefinir las relaciones sociales, sexuales y de género como una extensión de la ciudadanía. La histórica des- igualdad que instituyeron y naturalizaron las jerarquías de género entre hombres y mujeres, se convirtieron en objetos de lucha por la igualdad de derechos de todas las comunidades conectadas con la diversidad sexual. En el curso de estas luchas, nuevos temas sociales han entrado en la escena, desafiando los mismos binarios y categorías de identidad que estructuraron estos conflic- tos durante mucho tiempo.

El discurso es independiente de los individuos o las instituciones, pero está conformado por un sistema de regulación específica derivados de formaciones discur- sivas. Para Michel Foucault [35], las reglas de política pública no estarían definidas por nociones tradicionales de soberanía o estado de derecho, sino por un discurso generalizado de quien regula el poder. Él supone que el discurso utilizado en la política pública explora el cam- po de las prácticas sociales y las disciplinas, exhibiendo se encuentran integrados a través de la costumbres y rituales y valores. Por esta razón, el discurso juega un rol dominador en el ser humano, pues les permiten creer que el sistema se adapta a la sujeción de sus derechos, pero al mismo tiempo consiguen su obediencia.

La política pública es la principal influencia en los procesos de legitimidad del gobierno para tomar de- cisiones en nombre de la población y realizar ejerci- cios de control social. Pero, aunque que el proceso es complejo y las decisiones pueden ser contradictorias, la mera inclusión nominativas de las minorías les otor- gan una falsa sensación de bienestar [36]. Por eso, el impacto de las políticas públicas va mucho más allá de las instituciones, pues se dirige a grupos de personas ya dominados. Esto indica que las ideas de Foucault sobre la producción del discurso plantean preguntas sobre las prácticas de gobierno y cómo se forman en oposición a las instituciones históricas. El análisis de los discursos tiene el potencial suficiente para mostrar el vínculo en- tre la literatura política y la subordinación de las almas. Entonces, el concepto de poder foucaultiano reconoce las diversas influencias de las relaciones sociales más allá de la propia estructura.

Las medidas para abordar la violencia y la discrimi- nación que enfrentan las mujeres y los colectivos LGBT están muy por detrás de los discursos que promueven los organismos gubernamentales. A pesar de las gra- ves violaciones de los derechos humanos, los esfuerzos para proteger a la mujer y a la comunidad LGBT se en- cuentran todavía en una etapa incipiente.

El desarrollo del feminismo lésbico dejó entrever la conexión entre feminismo y el colectivo LGBT al traba- jar directamente contra el sexismo y la homofobia. Su relevancia en los años ochenta la catapultó como una ideología dominante en cuestiones de género, ofrecien- do a las mujeres una nueva forma de pensamiento sobre la sexualidad y el cuerpo, relegando a un segundo plano el argumento simple de la preocupación heterosexual masculina como factor dominante [37].

Referente al delito de violación, las propuestas le- gislativas se volcaron a enfocar la penetración forzada durante el coito heterosexual donde el hombre perpe- tra acciones violentas, dado que los círculos feministas mostraron la violencia interpersonal como resultado de manifestación de poder a causa de los hombres, igno- rando por completo la violencia sexual dentro de las re- laciones homosexuales. Hasta la década de los 80, aun- que se visibilizaron grandes logros para las mujeres, el movimiento feminista marginó cuestiones importantes para la comunidad LGBT [38].

IV.CONCLUSIONES

Una vez terminada la reflexión sobre la igualdad de género y el feminismo en Latinoamérica, es posible concluir que:

A pesar de que existen muchos ejemplos de progreso

en materia de Derechos Humanos para las mujeres y colectivos LGBT, gran parte de estos cambios son ais- lados, no sistémico e insuficientes. Las personas trans continúan viviendo en contextos extremadamente hos- tiles, al no existir un cambió a gran escala en la materia- lización de la política pública.

Foucault muestra que los individuos, las institu- ciones y otros fenómenos sociales están regulados por estos procesos sociales. Los cuerpos y las disciplinas exhiben su regulación por medio de normas de com- portamiento, asignación de roles , estructuras y jerar- quías que forman parte del proceso de construcción de las políticas públicas. El discurso configura y remodela continuamente la interacción social, y esa interacción no se limita al mundo abarca muchas disciplinas, opi- niones ciudadanas, medios de comunicación y actividad política en diferentes escalas espaciales [39].

Las políticas públicas son fundamentales para la ge- neración de una sociedad igualitaria, y deben ir encami- nadas a un proceso de equidad sin distinciones de géne- ros, que permita la estabilidad emocional, psicológica y física de todos los ciudadanos.

Las decisiones de Estado darán pie al respeto de gé- nero, a la igualdad de derechos y a la promoción de po- líticas que beneficien la equidad, que promuevan luna sociedad justa e igualitaria, que se centre en los valores sociales como entes fundamentales de las personas, y que no favorezca la discriminación de las personas.

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