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C
ó
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g
o
O
r
g
á
n
i
c
o
General
de
Procesos
Recibido(23/04/2022),
Aceptado(29/05/2022)
Resumen:
En
el
presente
trabajo
se
propone
realizar
un
análisis
respecto
al
principio
de
comunidad
probatoria
que
se
encuentra
incluido
en
el
Código
Orgánico
General
de
Procesos
del
Ecuador,
que
rige
para
las
acciones
no
penales.
De
acuerdo
con
los
principios
que
rigen
la
administración
de
justicia,
los
jueces
deben
resolver
los
conflictos
de
acuerdo
a
la
competencia,
cumpliéndose
con
el
principio
dispositivo
que
es
recogido
en
la
norma
constitucional
y
que
también
lo
amplía
el
Código
Orgánico
de
la
Función
Judicial,
que
consiste
en
que
el
órgano
jurisdiccional
debe
resolver
teniendo
como
base
las
pretensiones
realizadas
por
las
partes
y,
valorando
los
medios
probatorios
que
han
logrado
introducir.
En
virtud
de
este
principio
los
medios
probatorios
que
introduce
una
de
las
partes
en
el
proceso
judicial,
no
son
únicamente
para
su
beneficio
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c
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r
a
s
u
contrincante.
Palabras
clave:
principio,
proceso
judicial,
medios
probatorios,
comunidad
probatoria.
Principle
of
evidentiary
community
in
the
General
Organic
Code
of
Processes
Abstract:
This
paper
proposes
an
analysis
of
the
principle
of
evidentiary
community
included
in
the
General
Organic
Code
of
Proceedings
of
Ecuador,
which
governs
non-criminal
actions.
According
to
the
principles
that
govern
the
administration
of
justice,
judges
must
resolve
conflicts
according
to
competence,
complying
with
the
dispositive
principle
that
is
included
in
the
constitutional
norm
and
that
is
also
extended
by
the
Organic
Code
of
the
Judicial
Function,
which
consists
in
that
the
jurisdictional
organ
must
resolve
based
on
the
pretensions
made
by
the
parties
and,
evaluating
the
evidentiary
means
that
they
have
managed
to
introduce.
By
virtue
of
this
principle,
the
evidentiary
means
introduced
by
one
of
the
parties
in
the
judicial
process
are
not
only
for
its
exclusive
benefit
but,
on
the
contrary,
become
part
of
the
body
of
evidence
that
may
favor
its
opponent.
Key
words:
principle,
judicial
process,
evidentiary
means,
evidentiary
community.
I.
INTRODUCCIÓN
Con
la
implementación
del
nuevo
ordenamiento
procesal
[1]
se
puso
en
vigencia
el
principio
de
oralidad
en
materia
no
penal
y
como
consecuencia
de
aquello
se
eliminó
la
fase
probatoria
que
establecía
el
cuerpo
jurídico
adjetivo
en
materia
civil
[2].
De
este
modo,
los
medios
probatorios
deben
ser
anunciados,
introducidos,
practicados
y
valorados
cumpliéndose
con
los
requisitos,
formalidades
y
tiempos
establecidos
en
tal
ordenamiento
procesal.
Peralta et al ,Principio de comunidad probatorio en el Código Orgánico General de Procesos
Universidad,
Ciencia
y
Tecnología,
ISSN-E:
2542-3401,
ISSN-P:
1316-4821
Andrea
Emperatriz
Moreta
Chévez
https://orcid.org/0000-0001-5118-619X
emperatrizmoretac@gmail.com
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Guayaquil,
Ecuador
Helen
Elizabeth
Hernández
Córdova
https://orcid.org/0000-0002-7076-3797
hhernandezcordova@gmail.com
Investigador
independiente
Milagro,
Ecuador
Kiara
Geoconda
Peralta
Jaramillo
https://orcid.org/0000-0003-3762-2949
kiaperaltaj@gmail.com
I
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Milagro,
Ecuador
Gustavo
Adolfo
Crespo
Vera
https://orcid.org/0000-0003-1193-5971
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Investigador
independiente
Milagro,
Ecuador
Vol.26, Núm. 115, (pp. 84-90)
84
https://doi.org/10.47460/uct.v26i115.620
En
este
contexto,
reviste
singular
importancia
el
correcto
manejo
de
los
principios
que
rigen
la
actividad
probatoria,
pues
es
obligación
de
las
partes
legitimadas
en
el
proceso
que,
en
cumplimiento
del
principio
dispositivo,
introducir
las
pruebas
que
lleven
al
juez
al
convencimiento
de
la
verdad
en
relación
a
los
hechos
p
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t
o
y
subordinación
de
una
decisión
judicial
[1]
y,
de
este
modo
obtener
una
resolución
favorable
respecto
a
la
pretensión
formulada,
ya
sea
en
la
acción,
en
las
excepciones
o,
en
la
reconvención.
El
ordenamiento
procesal
establece
en
forma
precisa
cómo
deben
realizarse
cada
uno
de
los
actos
procesales
como
la
demanda
y
otros
actos
de
proposición,
dentro
de
los
cuales
se
deberán
anunciar
los
medios
p
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s
o
a
una
de
las
pruebas,
pueda
solicitar
el
auxilio
del
órgano
jurisdiccional.
Además,
en
el
referido
cuerpo
jurídico
[1]
se
puntualiza
respecto
a
los
casos
en
los
cuales
no
hay
necesidad
de
probar
ciertos
hechos.
En
este
orden
de
ideas,
en
la
práctica
procesal
es
común
advertir
una
inadecuada
aplicación
de
algunos
principios
que
rigen
el
ambiente
procesal
puesto
que,
en
ocasiones
a
pesar
de
haber
existido
afirmaciones
y
reconocimiento
por
la
parte
contraria,
quien
además
de
introducir
sus
medios
probatorios,
corrobora
con
las
a
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e
;
incluso
el
órgano
jurisdiccional
tampoco
advierte
de
la
presencia
de
esa
comunidad
probatoria
y
en
muchos
casos
no
la
considera.
A
decir
de
Echandía,
el
juzgador
debe
apropiarse
de
las
pruebas
para
evaluarlas
y
fundar
su
decisión
[2]
Por
lo
expuesto,
en
este
trabajo
se
pretende
identificar
la
presencia,
vigencia
y
resaltar
la
importancia
del
principio
de
la
comunidad
probatoria
dentro
de
la
normativa
procesal
vigente
para
los
asuntos
no
penales
[1]
a
fin
de
que,
con
una
correcta
aplicación
las
partes
intervinientes
en
el
litigio
puedan
beneficiarse
de
lo
que
su
contraparte
ha
introducido
como
medios
probatorios
“todo
esto
en
virtud
de
que
una
de
las
consecuencias
del
principio
señalado
es
la
que
es
improcedente
la
renuncia
o
desistimiento
de
las
pruebas
practicadas,
pues
esta
le
pertenece
al
proceso”
[3],
y
por
consiguiente,
por
parte
del
juzgador
se
debe
realizar
una
correcta
valoración
al
resolver
el
caso
concreto.
I.
DESARROLLO
A.
Breve
introducción
respecto
a
las
reglas
y
principios.
Con
la
finalidad
de
ubicar
el
tema
de
estudio
es
menester
dejar
establecido
que,
en
consideración
a
la
naturaleza
del
proceso
civil,
éste
a
más
de
las
reglas
se
desarrolla
en
base
a
los
principios
que
se
encuentran
incluidos
en
el
ordenamiento
jurídico
ya
sea
de
forma
expresa
o
tácita.
Respecto
a
este
punto,
Dworkin
menciona
que
entiende
por
“principio”
una
pauta
que
ha
de
observarse
porque
es
una
exigencia
de
justicia,
equidad
o
de
otro
aspecto
de
la
moral
y
se
menciona
como
un
ejemplo
de
patrón
de
que
“nadie
puede
beneficiarse
de
sus
propios
actos
ilícitos”,
en
tanto
que,
las
reglas
operan
de
la
manera
de
todo
o
nada,
es
decir,
en
forma
disyuntiva
en
relación
a
que
se
aplica
o
no,
se
siguen
o
no,
son
válidas
o
no
[4].
En
relación
a
la
diferencia
que
existe
entre
reglas
y
principios
se
ha
dicho
que
no
aparece
reflejada
ni
en
la
Constitución
ni
en
ningún
otro
texto
legal,
esto
no
tiene
una
gran
importancia
para
la
teoría
del
derecho,
pues
tanto
reglas
como
principios
son
normas
jurídicas,
esto
es,
enunciados
prescriptivos
que
ordenan,
permiten
o
prohíben
ciertas
conductas
y
que
presentan
diferencias
particularmente
en
relación
a
su
aplicación
y
además
en
cuanto
a
la
posibilidad
de
resolver
situaciones
de
contradicción
entre
ellas
[5].
B.
Los
principios
en
el
ambiente
procesal.
En
cuanto
a
la
prueba
se
dice
que
es
la
acción
y
efecto
de
probar;
y
probar
es
demostrar
de
algún
modo
la
certeza
de
un
hecho
o
la
verdad
de
una
afirmación.
[6].
En
el
mismo
orden
de
ideas,
respecto
a
las
pruebas
judiciales
se
afirma
es
el
conjunto
de
reglas
que
regulan
la
admisión,
producción,
atención
y
valoración
de
los
diversos
medios
que
pueden
emplearse
para
llegar
al
juez
la
convicción
sobre
los
hechos
que
interesan
al
proceso
[7].
Universidad,
Ciencia
y
Tecnología,
ISSN-E:
2542-3401,
ISSN-P:
1316-4821
Peralta et al ,Principio de comunidad probatorio en el Código Orgánico General de Procesos
Vol.26, Núm. 115, (pp. 84-90)
85
En
este
contexto,
debemos
advertir
que
en
el
desarrollo
del
proceso
a
fin
de
que
el
juez
pueda
resolver
un
caso
concreto,
las
partes
cumpliendo
el
principio
dispositivo,
introducen
sus
pretensiones
y
para
justificarlas
hacen
uso
de
los
medios
probatorios
autorizados
en
la
normativa
procesal
para
cada
caso.
En
el
proceso
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s
y
reconocimientos
realizados
por
las
partes
y
en
otros
casos
se
advierten
hechos
que
resultan
controvertidos
por
cuanto
no
existen
para
el
juez
que
constituyen
la
regla
en
materia
de
la
prueba
[8].
La
doctrina
es
un
amplia
en
relación
a
los
principios
que
deben
regir
en
la
actividad
probatoria
y
es
así
que,
[2]
menciona
al
de
necesidad
de
la
prueba;
eficacia
jurídica
y
legal;
unidad;
comunidad
o
también
llamado
de
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oportunidades;
publicidad;
formalidad
y
legitimidad;
legitimación;
preclusión;
inmediación
e
imparcialidad
del
juez
en
la
dirección;
libertad;
carga
de
la
prueba
y
auto
responsabilidad
así
como
la
no
disponibilidad
e
irrenunciabilidad,
entre
otros.
En
la
normativa
procesal
por
iniciativa
del
legislador
en
algunos
casos
se
hacen
constar
en
forma
expresa
determinados
principios
y
es
así
que
el
ordenamiento
procesal
vigente
para
las
materias
no
penales
[1],
en
el
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e
pertinencia,
utilidad
y
conducencia
y
en
cuanto
a
la
práctica
se
regirá
en
el
marco
de
la
lealtad
y
veracidad.
Se
establece
también
la
facultad
que
tienen
las
partes
para
impugnar
las
resoluciones
en
las
que
se
inadmitan
medios
probatorios.
Impone
igualmente
los
casos
de
necesidad
de
la
prueba
y,
en
todos
los
temas
se
pone
e
s
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n
.
C.
Respecto
al
principio
de
comunidad
probatoria.
Conforme
se
ha
dejado
expuesto,
corresponde
a
las
partes
ingresar
los
medios
probatorios
a
fin
de
justificar
sus
afirmaciones
y
que
no
han
sido
reconocidos
por
su
contrincante,
de
tal
manera
que,
al
ingresar
al
análisis
del
alcance
de
este
principio
denominado
de
comunidad
de
la
prueba
o
de
adquisición
es
necesario
asociarlo
con
otros
que
permiten
ubicarlo
dentro
del
ámbito
procesal
y
así
poder
ponerlo
en
práctica.
La
prueba
representa
la
actividad
más
importante
dentro
del
proceso
pues
nos
permite
ingresar
la
verdad
real
al
ambiente
procesal
a
fin
de
que
el
órgano
jurisdiccional
pueda
valorarla
y
resolver
el
objeto
de
la
controversia
en
un
caso
concreto
pues
como
bien
lo
afirma
[9]
la
separación
entre
verdad
material
y
verdad
formal
es
referida,
a
la
distinción
entre
finalidad
y
resultado.
A
decir
de
[6]
la
prueba
es
además
una
forma
de
crear
la
convicción
del
magistrado
y
que
el
régimen
insta
a
las
partes
a
agotar
los
recursos
dados
por
la
normativa
para
formar
en
el
espíritu
del
juez
un
estado
de
convencimiento
respecto
de
la
existencia
o
inexistencia
de
las
circunstancias
relevantes
del
juicio.
En
primer
término
debemos
referirnos
al
principio
de
unidad
de
la
prueba
que
la
doctrina
para
identificarlo
refiere
respecto
a
que
el
conjunto
probatorio
del
juicio
forma
una
unidad,
y
que
como
tal,
debe
ser
examinado
y
apreciado
por
el
juez
a
fin
de
poder
confrontar
las
diversas
pruebas
y
de
esta
manera
puntualizar
su
concordancia
o
discordancia
y
de
este
modo
poder
concluir
sobre
el
convencimiento
que
de
todas
ellas
globalmente
se
forme
el
juzgador
al
emitir
resolución
sobre
un
caso
concreto
[2].
Este
principio
de
la
unidad
probatoria
lo
encontramos
en
el
cuerpo
procesal
actual
[1],
entre
los
artículos
160
y
164
y
particularmente
cuando
precisa
que,
la
prueba
tendrá
que
ser
apreciada
en
conjunto,
de
acuerdo
con
las
reglas
fijadas
por
la
sana
crítica.
Se
afirma
que,
la
unidad
implica
una
evaluación
integrada
de
todo
el
material
probatorio
del
proceso,
que
permitirá
al
juez
sobre
su
convicción
llegar
a
una
conclusión
[12].
Otro
punto
que
es
necesario
considerar
en
relación
a
los
hechos
admitidos
expresamente
y
que
resulta
una
aplicación
del
principio
de
economía
procesal
el
concluir
que
los
hechos
no
impugnados
se
tienen
por
admitidos,y
que
representa
su
vez
un
principio
de
ahorro
de
esfuerzos
innecesarios,
pues
imponer
la
prueba
de
todos
los
hechos
aun
los
que
han
sido
aceptados
tácitamente
por
el
adversario
significaría
un
inútil
dispendio
de
energía
que
es
contrario
a
los
fines
del
proceso
[8].
Universidad,
Ciencia
y
Tecnología,
ISSN-E:
2542-3401,
ISSN-P:
1316-4821
Peralta et al ,Principio de comunidad probatorio en el Código Orgánico General de Procesos
Vol.26, Núm. 115, (pp. 84-90)
86
El
actual
artículo
172
[1]
al
referirse
a
la
presunción
judicial
determina
que
los
actos,
circunstancias
o
signos
suficientemente
acreditados
a
través
de
la
prueba
y
también
sean
graves,
precisos
y
concordantes,
adquieren
significación
en
su
conjunto
en
cuanto
conduzcan
unívocamente
al
juzgador
al
convencimiento
de
los
hechos
y
las
circunstancias
que
han
sido
expuestas
por
la
partes
en
relación
a
los
hechos
controvertidos
y
por
consiguiente
faculta
al
juzgador
a
resolver
la
controversia
en
base
a
las
conclusiones
que
constituyen
esa
presunción
judicial.
Es
en
este
contexto
que
encontramos
la
importancia
que
representa
la
aplicación
del
principio
de
comunidad
probatoria
o
de
adquisición
pues
los
medios
probatorios
no
constituyen
elementos
aislados
y
por
el
contrario
el
juez
está
facultado
a
realizar
el
análisis
en
conjunto
cumpliendo
con
las
reglas
de
la
sana
crítica
que
le
permita
emitir
su
resolución
en
un
determinado
caso
y
conceder
o
negar
las
pretensiones
que
realicen
las
partes
en
sus
postulaciones.
Refiriéndonos
a
la
comunidad
de
la
prueba
o
de
adquisición
se
dice
que
la
prueba
en
ningún
momento
pertenece
tan
solo
a
quien
la
aporta
y
que
resulta
improcedente
pretender
que
solo
a
éste
le
beneficie,
esto
debido
a
que
una
vez
ingresada
al
proceso
deberá
ser
considerada
para
determinar
respecto
a
la
existencia
o
inexistencia
del
hecho
alegado
[4].
Se
agrega
que,
el
proceso
tiene
como
fin
la
realización
del
derecho
por
lo
que
el
juez
para
llegar
al
convencimiento
de
los
hechos
alegados
por
las
partes
está
facultado
a
valorar
el
acervo
probatorio
sin
importar
quien
las
haya
pedido
o
aportado.
En
este
mismo
orden
de
ideas,
se
afirma
que,
este
principio
denominado
también
de
adquisición,
importa
que
el
proceso
adquiere
para
sí
mismo,
para
formar
parte
integrante
de
él
todos
los
medios
probatorios
que
se
incorporen,
de
tal
modo
que,
ninguna
de
las
partes
pueda
ejercer
“posesión
o
propiedad”
respecto
de
algún
medio
que
hubiera
ingresado
al
proceso,
esto
por
cuanto
bajo
el
imperio
de
este
principio
las
pruebas
son
adquiridas
por
el
proceso
y
forma
parte
de
él
en
forma
indisoluble
[13].
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que,
únicamente
entran
en
juego
cuando
nos
encontramos
ante
un
hecho
incierto
o
dudoso
esto
es,
cuando
la
actividad
probatoria
no
ha
llevado
al
convencimiento
judicial,
pero
no
cuando
el
hecho
conste
debidamente
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s
u
justificación
[14].
Ahora
bien,
considerando
que
una
vez
que
la
prueba
ingresa
al
proceso,
el
principio
en
estudio
determina
que
es
inadmisible
que
quien
la
ingresó
pueda
renunciar
o
desistir
a
la
prueba
ya
practicada.
Además,
bajo
la
vigencia
de
este
principio
las
partes
deben
esperar
que
el
órgano
jurisdiccional
al
momento
de
resolver
pueda
hacerlo
contra
una
de
las
partes
con
las
mismas
pruebas
que
él
propuso
y
esto
se
debe
que
el
juez
al
solucionar
no
lo
hace
solo
con
las
pruebas
de
las
partes
sino
en
consideración
a
las
pruebas
que
obran
del
proceso.
Dicho
de
otro
modo,
el
juez
puede
resolver
en
contra
de
quien
propuso
las
pruebas.
Así
las
cosas,
podemos
concluir
que
conociendo
plenamente
el
alcance
y
finalidad
del
principio
de
comunidad
probatoria
o
de
adquisición
las
partes
deben
tener
mucho
cuidado
en
el
proceso
de
anuncio,
introducción
y
práctica
de
los
medios
probatorios
cuidando
de
que
la
prueba
le
favorezca
únicamente
ella
y
no
a
su
contrincante.
En
el
sentido
contrario,
la
parte
deberá
estar
atenta
a
la
prueba
que
sea
introducida
por
el
otro
litigante
y
se
considerar
que
le
favorece
hacer
notar
al
juzgador
que
se
deberá
valorarla
para
resolver
sobre
el
objeto
de
la
controversia.
El
no
considerar
los
efectos
de
este
principio
en
el
manejo
probatorio
podría
en
unos
casos
ingresarse
indebidamente
medios
probatorios
que
antes
de
favorecerá
quien
los
presenta
beneficie
a
la
parte
contraria
y,
por
otro
lado,
el
no
estar
atento
a
la
prueba
que
presente
su
contrincante
y
dejar
de
pedir
que
sea
valorada
por
el
juez
a
su
favor,
representaría
dejar
de
pasar
una
oportunidad
valiosa
que
justifique
la
pretensión
realizada.
Universidad,
Ciencia
y
Tecnología,
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Vol.26, Núm. 115, (pp. 84-90)
87
Por
último,
el
órgano
jurisdiccional
deberá
dominar
la
doctrina
que
orienta
a
la
naturaleza
y
efectos
de
este
principio
de
comunidad
probatoria
o
adquisición
y
hacer
una
correcta
valoración
de
los
medios
probatorios
introducidos
por
las
partes,
pues
una
vez
que
fueron
ingresados
corresponde
al
proceso
y
por
consiguiente
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III.
METODOLOGÍA
En
este
trabajo
se
realizó
un
análisis
de
contenido
de
algunos
documentos
académicos
y
científicos.
El
proceso
de
selección
de
la
información
estuvo
delimitado
por
doctrina
general,
libros
y
trabajos
publicados
en
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adquisición
y
que
en
el
ordenamiento
procesal
no
civil
vigente
y
por
consiguiente
tanto
las
partes
procesales
como
el
órgano
jurisdiccional
deben
aplicarlos
en
los
diversos
actos
procesales.
La
metodología
de
este
trabajo
tuvo
tres
fases,
descritas
de
la
siguiente
manera:
Fig.
1.
Fases
del
proceso
metodológico
En
la
fase
1
se
realizó
una
meticulosa
revisión
de
documentos
digitales
como
artículos
científicos,
doctrina
realizadas
por
los
conocedores
del
derecho
y
un
análisis
de
carácter
exhaustivo
al
Código
Orgánico
General
de
Procesos
en
lo
referente
al
principio
de
comunidad
en
etapa
procesal
donde
se
reproduce
la
prueba;
seguidamente
en
la
fase
2,
se
depuró
la
información
recolectada
en
la
fase
anterior,
con
el
fin
de
tomar
en
cuenta
solo
el
contenido
idóneo
para
defender
esta
investigación
y,
finalmente
la
última
fue
dedicada
al
análisis
de
ideas
para
obtener
los
resultados
redactados
en
la
presente
investigación.
IV.
RESULTADOS
Luego
de
la
revisión
de
la
teoría
en
armonía
con
la
normativa
jurídica
y
de
los
fallos
se
puede
concluir
que
se
requiere
una
mejor
aplicación
del
principio
que
ha
sido
objeto
de
estudio
a
fin
de
que
el
ambiente
procesal
permita
resolver
en
mérito
de
todos
los
medios
probatorios
que
fueron
introducidos
por
las
partes
pues
es
al
proceso
que
le
pertenece
y
por
consiguiente
el
juez
está
facultado
para
hacer
uso
de
ellos.
Se
aprecia
que
los
sujetos
procesales
se
dedican
a
introducir
medios
probatorios
sin
realizar
previamente
un
verdadero
análisis
respecto
a
la
utilidad
que
les
puedan
brindar
para
justificar
los
hechos
alegados
en
la
demanda
y
así
permitir
al
órgano
jurisdiccional
tener
a
su
alcance
los
presupuestos
procesales
para
dictar
un
fallo
en
sentido
favorable
al
que
realiza
el
aporte
probatorio
y
por
el
contrato
en
muchos
casos
se
aprecia
que
terminan
favoreciendo
a
la
tesis
contraria.
Las
partes
no
tienen
la
habilidad
de
sacar
provecho
a
las
pruebas
introducidas
por
su
contrario
y
en
conjunto
con
las
suyas
realizar
una
conexión
probatoria
en
beneficio
de
su
pretensión,
haciendo
notar
al
juzgador
que
en
el
contexto
las
pruebas
deben
ser
valoradas
en
su
beneficio
independientemente
que
las
hubiera
ingresado
la
contraparte
pues
al
formar
parte
del
proceso
el
juzgador
debe
tomarlas
para
resolver
el
caso
concreto.
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Ciencia
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Tecnología,
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Vol.26, Núm. 115, (pp. 84-90)
88
Al
producir
la
prueba
testimonial
los
defensores
técnicos
al
realizar
los
interrogatorios
tampoco
utilizan
estrategias
orientadas
únicamente
a
fortalecer
las
tesis
respecto
a
los
hechos
alegados
a
fin
de
llevar
al
juez
al
convencimiento
y
por
el
contrario
realizan
preguntas
que
terminan
favoreciendo
a
su
contrincante.
En
otros
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objeciones
a
fin
de
no
entregar
herramientas
probatorias
a
la
parte
contraria
cuando
el
declarante
responda.
En
algunos
casos
se
advierte
que
el
juzgador
pese
a
existir
en
autos
medios
de
probanza
omite
valorarlos
por
considerar
que
esos
no
le
favorecen
a
quien
las
introdujo
y
de
esta
manera
de
realiza
una
incorrecta
valoración
en
la
prueba.
En
este
proceder
se
advierte
una
indebida
aplicación
del
principio
de
la
comunidad
probatoria
o
de
adquisición
pues
el
solo
hecho
que
obre
del
proceso
constituye
un
elemento
que
debe
ser
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CONCLUSIONES
El
Código
Orgánico
de
la
Función
Judicial
establece
que,
para
resolver
los
jueces
deben
hacerlo
considerando
la
normativa
jurídica
aplicable
al
caso
concreto
y
además
los
principios
generales
del
derecho,
así
como
la
doctrina
y
jurisprudencia.
De
este
modo
se
advierte
que
los
defensores
técnicos
que
intervienen
en
el
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probatoria.
Resulta
necesario
que
quienes
participan
de
la
actividad
procesal
en
los
diversos
procedimientos
que
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probatorios
y
particularmente
el
de
comunidad
o
adquisición
a
fin
de
que
puedan
aplicarlos
en
las
diversas
etapas
ya
asea
al
anunciar,
producir
o
impugnar
los
diversos
medios
probatorios.
El
manejo
adecuado
del
principio
de
comunicad
probatoria
permite
al
juez
hacer
uso
de
todos
los
medios
de
prueba
que
han
logrado
introducir
las
partes
y
de
esta
manera
se
resuelve
sobre
el
conflicto
puesto
a
consideración.
El
actuar
en
sentido
contrario
puede
afectar
la
decisión
pues
no
se
estaría
cumpliendo
una
correcta
valoración
probatoria
dentro
de
los
parámetros
que
la
motivación
exige.
La
tutela
judicial
efectiva
tiene
plena
vigencia
cuando
el
juzgador
resuelve
el
caso
concreto
cumpliendo
con
los
principios
que
establece
la
Constitución
y
por
consiguiente
se
deberá
resolver
dentro
del
contexto
que
la
congruencia
y
el
dispositivo
exigen,
esto
es,
teniendo
como
base
las
pretensiones
que
realizan
las
partes
y
los
medios
probatorios
introducidos
y
practicados
dentro
de
la
audiencia
correspondiente.
Universidad,
Ciencia
y
Tecnología,
ISSN-E:
2542-3401,
ISSN-P:
1316-4821
Peralta et al ,Principio de comunidad probatorio en el Código Orgánico General de Procesos
Vol.26, Núm. 115, (pp. 84-90)
89
REFERENCIAS
[1]
J.
Quesnay,
«El
descubrimiento
de
la
verdad
como
principio
rector
de
la
actividad
probatoria
del
proceso
c
i
v
i
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X
,
n
º
1
,
2
0
1
6
.
[2]
H.
Devis
Hechandía,
Teoría
general
de
la
prueba
judicial
tomo
1,
V.
P.
De
Zavala,
Ed.,
Buenos
Aires,
1970.
[3]
J.
García,
ANÁLISIS
JURÍDICO
TEÓRICO-PRÁCTICO,
SOBRE
EL
RECURSO
DE
CASACIÓN
REGULADO
EN
EL
COGEP.
REFORMADO
(NUEVA
VISIÓN
DEL
RECURSO
DE
CASACIÓN
CIVIL),
Primera
ed.,
QUITO:
Gráficas
Arboleda,
2020.
[4]
R.
Dworkin,
«Principios
y
Normas,
DIstinciones,»
29
septiembre
2009.
[En
línea].
Avialable:
h
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distinciones.html#:~:text=Una%20diferencia%20funcional%3A%20las%20normas,el%20deber%20de%20hacer
%20algo..
[5]
R.
Ruiz,
«La
distinción
entre
reglas
y
principios
y
sus
implicaciones
en
la
aplicación
del
Derecho,»
Derecho
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