I. INTRODUCCIÓN
La educación universitaria es fundamental para el desarrollo personal y profesional de los individuos, así
como para el progreso económico y social de las naciones. La calidad de la educación superior determina en
gran medida las oportunidades de empleo y el potencial de innovación de un país. Según la UNESCO, una
educación universitaria de calidad debe ser inclusiva, accesible y equitativa, ofreciendo programas de estudio
que sean relevantes y actualizados, además de contar con docentes capacitados y recursos adecuados para el
aprendizaje [1]. Asimismo, la educación superior de calidad fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la
capacidad de resolver problemas, habilidades esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
La necesidad de una educación universitaria de calidad es más apremiante en un mundo globalizado donde
la competitividad y la innovación son clave para el desarrollo sostenible. La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que los países con sistemas de educación superior bien
desarrollados y de alta calidad tienden a tener economías más resilientes y poblaciones más saludables y
comprometidas [2]. Además, la calidad en la educación superior contribuye a reducir las desigualdades
sociales y económicas, ofreciendo a más individuos la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. En este
sentido, las universidades deben garantizar que sus programas educativos no solo cumplan con estándares
académicos elevados, sino que también respondan a las necesidades del mercado laboral y de la sociedad en
general.
Así mismo, la educación y formación en las carreras de derecho son fundamentales para el mantenimiento
del orden y la justicia en la sociedad. Los programas de estudios jurídicos deben estar diseñados para
proporcionar a los estudiantes no solo un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones, sino también
habilidades críticas como el razonamiento analítico, la argumentación lógica y la ética profesional. Según la
American Bar Association (ABA), una educación de calidad en derecho debe incluir una formación integral que
abarque tanto los aspectos teóricos como prácticos del derecho, permitiendo a los futuros abogados abordar
problemas legales complejos y defender los derechos de sus clientes de manera efectiva [3]. Además, la
formación continua y la actualización constante en jurisprudencia y legislaciones son esenciales debido a la
naturaleza dinámica del campo legal.
Por su parte, la relevancia de la educación en derecho trasciende las fronteras nacionales, ya que el derecho
juega un papel crucial en la regulación de las relaciones internacionales, el comercio global y la protección de
los derechos humanos. En un mundo cada vez más globalizado, los abogados con formación en derecho
internacional y comparado son indispensables para gestionar disputas transfronterizas y colaborar en la
creación de marcos legales que promuevan la justicia y la equidad a nivel mundial. De acuerdo con la
International Bar Association (IBA), una educación legal robusta y globalmente consciente es vital para formar
profesionales del derecho que puedan influir positivamente en la creación y aplicación de leyes justas, y
contribuir al fortalecimiento de los sistemas legales y democráticos en todo el mundo [4]. Por lo tanto, invertir
en una educación jurídica de calidad es esencial no solo para la eficacia del sistema de justicia, sino también
para el desarrollo sostenible y la protección de los derechos fundamentales a nivel global.
A. Contexto latinoamericano
La educación universitaria en Latinoamérica, especialmente en las carreras de derecho, enfrenta desafíos
significativos, pero también ofrece grandes oportunidades para el desarrollo social y económico de la región.
Las universidades de la región están comprometidas con la formación de profesionales del derecho que no
solo posean un sólido conocimiento jurídico, sino que también estén equipados con un sentido profundo de
responsabilidad social y ética profesional. La calidad de la educación en derecho es crucial para formar
abogados capaces de enfrentar los complejos desafíos legales de nuestras sociedades contemporáneas.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la educación superior debe ser
inclusiva, accesible y de alta calidad para asegurar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial y contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades [5].
ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología,
Vol. 28, Núm. 124, (pp. 76-87)
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Medina R. et al. Evaluación de la percepción educativa en estudiantes de la carrera de derecho