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Universidad, Ciencia y Tecnología,
Vol. 29, Núm. 126, (pp. 100-110)
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Quindes-Rosales V. et al. Efectos de la economía del comportamiento en la política pública
https://doi.org/10.47460/uct.v29i126.926
Efectos de la economía del comportamiento en la
política pública
Victor Quinde-Rosales*
https://orcid.org/0000-0001-9617-8054
vquinde@uagraria.edu.ec
Universidad Agraria del Ecuador
Guayaquil-Ecuador
Recibido (27/11/2024), Aceptado (17/01/2025)
Effects of behavioral economics on public policy
Abstract.- This paper examines how behavioral economics influences public policy implementation through a
comprehensive review of open-access academic and public materials. It investigates the effectiveness of
policies that consider non-rational factors in human behavior, including cognitive biases, emotions, social
norms, and habits. It emphasizes the need for policymakers to incorporate behavioral economics principles
through training, expert guidance, pilot programs, impact studies, incentives, specialized units, and continuous
evaluation. The paper proposes strategies for understanding behavioral psychology, designing incentive
systems, creating environments that facilitate sound decision-making, and promoting awareness about the
irrational factors that influence human conduct.
Keywords: behavioral economics, public policy, rationality, Policy-Makers.
Resumen: En este trabajo se analiza la influencia de la economía del comportamiento en la implementación
de políticas públicas. Para ello se realizó una revisión bibliográfica detallada, centrada en material académico y
público de acceso abierto. En este sentido, se indagó sobre la efectividad de las políticas públicas si se
consideran los factores no racionales que afectan el comportamiento de las personas, como sesgos cognitivos,
emociones, normas sociales y hábitos. Adicionalmente, se resalta la importancia de que los responsables de
las políticas (Policy-Makers) integren la economía del comportamiento en su trabajo a través de capacitación,
orientación de expertos, pruebas piloto, estudios de impacto, incentivos, la creación de unidades
especializadas y una evaluación continua. Se sugieren también estrategias para entender la psicología del
comportamiento humano, generar incentivos y desincentivos, crear entornos que faciliten decisiones
acertadas y fomentar la educación y la sensibilización sobre los factores irracionales que influyen en el
comportamiento.
Palabras clave: economía del comportamiento, políticas públicas, racionalidad, Policy-Makers.
Tipo de artículo: artículo de investigación
*Autor de correspondencia: vquinde@uagraria.edu.ec
Rina Bucaram-Leverone
https://orcid.org/0000-0003-4456-7095
rbucaram@uagraria.edu.ec
Universidad Agraria del Ecuador
Guayaquil-Ecuador
Jorge García Regalado
https://orcid.org/0000-0001-7966-2311
jgarcia@uagraria.edu.ec
Universidad Agraria del Ecuador
Guayaquil-Ecuador
Pamela Vera Pianda
https://orcid.org/0000-0001-5547-6274
ppvera@uagraria.edu.ec
Universidad Agraria del Ecuador
Guayaquil-Ecuador
I. INTRODUCCIÓN
Las políticas públicas son medidas instrumentales que los gobiernos actuales plantean e implementan para
dar una solución a los problemas de la ciudadanía o al menos mermar el impacto de ciertas acciones que no
benefician a un conjunto de individuos. Sin embargo, el efecto que pueden tener dichas políticas públicas va a
depender únicamente de la respuesta que den los ciudadanos hacia ellas. Por otra parte, Altman [1] indica
que, la economía del comportamiento o “Behavioral Economics”, busca comprender el razonamiento de las
personas de una manera más humana para crear modelos económicos que se asemejen más a la realidad,
entendiendo que las personas actúan de una u otra manera (no siempre racional) en base a diferentes
sesgos. Es por ello, que el tema que abarca todo lo relacionado con la economía del comportamiento, ha
generado gran impacto actualmente para los gobiernos, debido a la estrecha relación que existe entre esta y
la creación de políticas públicas, ya que al momento de crear mencionadas políticas, estas deben asemejarse
a la manera en la que piensan y toman decisiones los individuos. La conducta y acciones del ser humano ante
eventos que alteren su entorno social y económico va a depender esencialmente de la información que
tengan a su alcance y cómo estas afectan ya sea positiva o negativamente su estilo de vida. Las aportaciones
de la psicología para el estudio de la economía del comportamiento atribuyen la idea de que el ser humano
tiene sesgos en su comportamiento al momento de tomar decisiones y que a su vez puede cambiar de un
momento a otro [2].
A pesar de que este tema aún no ha alcanzado su pleno desarrollo, algunos autores [3] señalan que los
hallazgos de investigadores pioneros, como Herbert Simon, Vernon Smith y Daniel Kahneman, han sentado las
bases teóricas y metodológicas que permitieron a sus contemporáneos profundizar en el área. Gracias a
estos avances, hoy en día es posible aplicar estos descubrimientos en diversos sectores, como la economía y
las finanzas, la salud, la educación, la gestión organizacional y el gobierno, entre otros. Si bien este campo ha
comenzado a ser explorado, persisten ciertos desafíos históricos en el ámbito de la Economía del
Comportamiento (Behavioral Economics, BE), especialmente en lo que respecta a sus metodologías,
aportaciones y aplicaciones. Estas limitaciones no se deben a su veracidad, sino al contexto geográfico en el
que se han desarrollado, ya que la literatura disponible se ha concentrado principalmente en Europa y
Norteamérica.
En la última década, esta disciplina ha salido de la academia, y finalmente ha empezado a tener importancia
en la esfera pública y en la generación de políticas. El primer país en utilizarla para el diseño de políticas
públicas fue Reino Unido, cuyo gobierno creó en 2010 el Behavioural Insights Team (BIT), cuya función es
proveer de una perspectiva conductual al desarrollo de políticas en diferentes ámbitos. A partir de 2014, el BIT
fue externalizado, y después extendió su actuación a otras geografías, como Francia o Singapur [4].
A su vez, distintas entidades supranacionales también han establecido equipos dedicados a la aplicación de
la economía del comportamiento. Entre ellas se encuentran la Organización de las Naciones Unidas [ONU]
(UN Behavioural Science Group), el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (Foresight,
Behavioural Insights and Design for Public Policy), el Banco Mundial (Unidad de Integración de Mente,
Comportamiento y Desarrollo), el Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo de Economía del
Comportamiento) o la OECD [5]. En los últimos 50 años, la economía del comportamiento ha mostrado que
muchas de las acciones de los seres humanos no siempre están regidas por el principio de racionalidad, sino
que, en muchas ocasiones se cometen errores respecto a las acciones que maximizan el bienestar individual
[6]. Es por ello, que la dificultad a la que se enfrenta el éxito de las políticas públicas es doble. No sólo deben
superar al individuo proporcionándole un contexto que maximice su bienestar, incluso cuando esos mismos
individuos pueden desconocer ese mismo bienestar, sino que deben anticipar la reacción de los individuos
ante ese contexto para que sus acciones no alteren el propósito con el que fueron diseñadas [7]. Siendo así,
que resulta imprescindible el estudio de la economía del comportamiento y cómo esta puede incidir en la
creación de políticas públicas, esto con la finalidad de entender, analizar y poner en práctica la aplicación de
políticas públicas regidas bajo el supuesto de la economía del comportamiento, generando así altos niveles de
aceptación y adaptación a las necesidades sociales.
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II. DESARROLLO
A. Economía del comportamiento y políticas públicas ¿Una relación poco estudiada?
En los últimos años, los estudios de tipo conductuales han crecido y generado grandes aportes respecto al
tema. Dentro del cual, diversos autores señalan que la exploración de la relación entre la economía del
comportamiento y las políticas públicas representa un campo de estudio prometedor en la formulación de
políticas efectivas [8]. Esta sinergia permite abordar desafíos sociales complejos, como la promoción de la
salud pública, la sostenibilidad ambiental y la equidad económica, mediante la modificación consciente de las
estructuras de decisión y el aprovechamiento de los hallazgos de la economía del comportamiento.
En consecuencia, algunos autores [6] expresan que la integración de estos enfoques ofrece un marco teórico
y práctico para impulsar la eficacia y la eficiencia de las intervenciones públicas, allanando el camino hacia un
futuro más resiliente y equitativo. En este sentido, la economía del comportamiento proporciona un marco
para elaborar soluciones innovadoras que sirvan de guía para las personas que se encuentran aún indecisos
al momento de tomar una decisión puntual.
Los principios que rigen la economía conductual en el siglo actual son 7 (Ver tabla 1). Dentro del cual, se
detalla cómo se encuentran interrelacionados con las políticas públicas [9].
Tabla 1. Principios de la economía del comportamiento.
Los autores mencionan que el comportamiento de otras personas importa; es decir, generalmente los
individuos tienden a modelar su manera de pensar igual al de las personas que lo rodean. El comportamiento
de los demás está relacionado con quien tiene siempre la personalidad más influyente [10], es por ello, que las
políticas públicas pueden aprovechar la influencia del comportamiento de otras personas para fomentar
comportamientos deseables, como el ahorro energético o la conservación del medio ambiente.
El segundo principio indica que los hábitos son importantes, ya que el comportamiento del individuo está
regido por una rutina y hace que dichos hábitos ya establecidos reduzcan la energía mental a usar. Haciendo
así, que este principio brinde oportunidades para el cambio del comportamiento, aprovechando los actuales y
posteriormente creando nuevos. Por lo tanto, las políticas públicas pueden diseñarse de manera que
fomenten la formación de hábitos positivos, como la adopción de estilos de vida saludables o la reducción del
consumo de sustancias nocivas [11].
El tercer principio pone en manifiesto que las personas están motivadas para hacer lo correcto. La idea de
que una acción se ejecuta con la finalidad de hacer un bien común, influye en el comportamiento humano
[12]. Por ende, las políticas públicas pueden utilizar incentivos y recompensas para motivar a las personas a
tomar decisiones que beneficien a la sociedad en general, como el pago por reciclaje o el uso de transporte
público.
Por otra parte, están las expectativas propias que influyen en el comportamiento. Debido a que la mayoría de
los individuos buscan que sus acciones estén ligadas a sus valores y creencias. Las políticas públicas pueden
influir en las expectativas de las personas a través de campañas de sensibilización y educación, para promover
conductas positivas como la participación cívica o la responsabilidad fiscal [13].
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El quinto principio señala que las personas tienen aversión a las pérdidas. Las investigaciones respecto al
tema indican que las pérdidas generan mayores reacciones sentimentales que las ganancias. Es por ello, que
las políticas públicas pueden diseñarse de manera que “maximicen” las pérdidas, al mismo tiempo que
“minimizan” los beneficios, para fomentar la adopción de comportamientos seguros y responsables [14].
El sexto principio indica que las personas son malas para calcular. Al respecto, varios estudios revelan que el
ser humano entiende mal o ni siquiera conoce lo que significan los términos probabilidad y estadística, lo cual
se refleja con el más claro ejemplo como lo es jugar a la lotería. Las políticas públicas pueden simplificar la
información y las opciones disponibles para las personas, de manera que les sea más fácil tomar decisiones
racionales y beneficiosas para ellos y para la sociedad.
El principio de que las personas quieren sentirse involucradas y eficaces, indica que, la participación activa es
clave. Según la teoría económica clásica, ofrecer a las personas más alternativas lleva a decisiones más
acertadas, siempre y cuando no sea abrumador. Las políticas públicas pueden promover la participación
ciudadana y la colaboración entre diferentes actores, para crear un sentido de pertenencia y responsabilidad
colectiva en la resolución de problemas comunes.
B. ¿Pueden ser las políticas públicas más efectivas si se toman en cuenta los factores no racionales que
influyen en el comportamiento de los individuos?
Actualmente, la efectividad de las políticas públicas se ve influenciada por diversos factores, entre los cuales
se destacan aquellos relacionados con el comportamiento humano [15]. Los aportes de Petranova y Rysová
[16] señalan que los factores no racionales, como los sesgos cognitivos y emocionales, juegan un papel
significativo en las elecciones individuales y, por ende, en los resultados de las políticas públicas. Por tal
motivo, la consideración de estos aspectos en el diseño e implementación de políticas puede mejorar su
eficacia y adaptabilidad a la realidad del comportamiento humano, lo que a su vez puede contribuir a una
mejor consecución de los objetivos sociales y económicos de las políticas públicas.
Al respecto, otros autores [17], [18] expresan que los agentes económicos (las personas) no tienen
facultades infinitas, y que muchos de los problemas económicos que los mismos individuos modelan son
difíciles de resolver. De esta manera, la racionalidad limitada propone que existen restricciones importantes
en las habilidades cognitivas de las personas, y que la toma de decisiones económicas resulta ser costosa. De
ahí que es necesario incorporar a los modelos normativos los costos asociados a la optimización. Si estos
costos son suficientemente altos, entonces el máximo alcanzado no necesariamente corresponde a un nivel
óptimo, sin costos de deliberación. Sin embargo, también es cierto que los costos altos promueven la
adopción de reglas que simplifiquen procesos, que pueden llevar a decisiones subóptimas y errores
sistemáticos.
Es precisamente, Simon, quien pone en evidencia los límites de la racionalidad, en su obra Administrative
Behavior: A study of decision-making process in administrative Organizations, en la cual propone la teoría de
racionalidad limitada; donde se contrasta en gran medida el modelo clásico de la elección racional. Explica que
el comportamiento racional se limita por tres factores en la toma de decisiones: información disponible,
limitación cognoscitiva de la mente individual y el tiempo disponible para tomar la decisión [19].
Dicho esto, con aportes de la psicología, la economía del comportamiento incorpora la idea de que todos
tenemos sesgos del comportamiento cuando tomamos decisiones, y que algunos de esos comportamientos
se pueden cambiar [20].Incorporar esta visión más realista al diseño de políticas públicas puede volverlas más
efectivas. Para orientar las decisiones de la gente en direcciones que mejoren sus vidas, los gobiernos pueden
darles a los ciudadanos un pequeño empujón o “nudge”, al presentar los temas de cierto modo, sin prohibir
ninguna opción.
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En este sentido, las políticas públicas pueden ser más efectivas si se tienen en cuenta los factores no
racionales que influyen en el comportamiento de los individuos, ya que esto permite diseñar intervenciones
más acertadas y ajustadas a la realidad de las personas [15]. Algunos de los factores no racionales que
pueden influir en el comportamiento de los individuos incluyen:
Sesgos cognitivos: Las personas pueden verse influenciadas por prejuicios, heurísticas y sesgos cognitivos
que afectan su toma de decisiones.
Emociones: Las emociones juegan un papel importante en la toma de decisiones de las personas.
Normas sociales: Las personas tienden a seguir comportamientos que perciben como socialmente
aceptados o esperados, independientemente de si son racionales o no. Por lo tanto, las políticas públicas
que buscan cambiar comportamientos deben tener en cuenta estas normas sociales.
Inercia y hábitos: Muchas veces las personas mantienen ciertos comportamientos simplemente porque
son los que han tenido durante mucho tiempo, sin cuestionar si son los más adecuados. Cambiar estos
hábitos puede resultar difícil, por lo que las políticas públicas deben diseñarse considerando este factor.
Para mejorar la efectividad de las políticas públicas teniendo en cuenta estos factores no racionales, se
pueden implementar estrategias como:
Utilizar técnicas de nudging para influir en las decisiones de las personas de forma sutil y no coercitiva,
aprovechando los sesgos cognitivos y emocionales.
Fomentar la educación y la concienciación sobre los factores que influyen en el comportamiento humano,
para que las personas sean más conscientes de sus propias motivaciones y sesgos.
Diseñar políticas públicas que consideren las normas sociales y fomenten cambios culturales que faciliten
la adopción de nuevos comportamientos.
Implementar medidas de acompañamiento y apoyo para ayudar a las personas a superar la inercia y los
hábitos arraigados, facilitando la adopción de nuevos comportamientos.
Bajo estos factores no racionales, se pueden plantear políticas públicas que influyan en las decisiones del ser
humano mediante nudges o empujoncitos. La arquitectura de esas decisiones es maleable; sin embargo,
alterarlas con nudges implica riesgos éticos y para la libertad de las personas. El diseño de nudges debe
realizarse, por tanto, teniendo en cuenta dos principios básicos. Primero, el «paternalismo libertario»: el
arquitecto del nudge debe procurar influir el comportamiento sólo para mejorar la calidad de vida de la gente,
a juicio de ellas mismas. Las personas deben ser libres de tomar las decisiones que deseen, aun si resultan
perjudiciales para ellas mismas. Por esa razón, los nudges deben ser fácilmente evitables. El segundo principio
es el de compatibilidad entre estímulo y respuesta. La idea es que el estímulo o nudge que se aplique sea
coherente con la acción o respuesta deseada.
C. Estrategias para que los Policy-Makers incorporen la economía del comportamiento en la elaboración
de políticas públicas
La economía del comportamiento ha emergido como un enfoque innovador en la formulación de políticas
públicas, al reconocer que las decisiones de los individuos están influenciadas por una serie de factores
psicológicos y sociales. En este contexto, los Policy-Makers enfrentan el desafío de integrar estos
conocimientos en el diseño e implementación de políticas efectivas que promuevan el bienestar social y
económico. Para lograrlo es necesario desarrollar estrategias que permitan una aplicación práctica de los
principios de la economía del comportamiento en el ámbito de las políticas públicas, garantizando así una
mayor eficacia en la consecución de los objetivos sociales.
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Resulta fundamental fomentar la colaboración interdisciplinaria entre economistas, psicólogos y otros
expertos en comportamiento humano para garantizar un enfoque integral. Además, se deben realizar análisis
de costo-beneficio que consideren los aspectos conductuales relevantes, como los sesgos y heurísticas
cognitivas, para evaluar adecuadamente las políticas propuestas. Asimismo, la utilización de marcos
conceptuales, como el modelo COM-B (Capacidad-Oportunidad-Motivación y Conducta), puede ayudar a
identificar los factores que influyen en las decisiones individuales y diseñar intervenciones efectivas.
En esa misma línea investigativa, es importante mencionar la importancia de la implementación de políticas
basadas en evidencia empírica y experimentación controlada, utilizando métodos como los ensayos aleatorios
controlados (RCTs, por sus siglas en inglés) para evaluar la efectividad de las intervenciones conductuales.
Además, se debe promover la transparencia y la ética en el diseño e implementación de políticas públicas
conductuales, asegurando que las intervenciones respeten la autonomía y la dignidad de las personas. Estas
estrategias pueden ayudar a los Policy-Makers a incorporar de manera efectiva la economía del
comportamiento en sus decisiones, mejorando así el diseño y la implementación de políticas públicas.
Adicional a esto, es importante que los Policy-Makers luego de empaparse del tema y conocer a profundidad
todo lo que abarca la economía del comportamiento y su aplicación en el diseño de políticas públicas
implementen los conocimientos adquiridos para:
Comprender la psicología del comportamiento humano: las políticas públicas pueden beneficiarse de la
comprensión de la psicología del comportamiento humano y de cómo las emociones, sesgos cognitivos y
otros factores pueden influir en las decisiones de las personas. Por ejemplo, las políticas pueden diseñarse
para aprovechar el "efecto de marco" o la tendencia de las personas a tomar decisiones basadas en cómo
se les presenta la información.
Utilizar incentivos y desincentivos: las políticas públicas pueden incorporar incentivos y desincentivos que
tengan en cuenta los factores no racionales que influyen en el comportamiento de los individuos. Por
ejemplo, programas de recompensas pueden motivar a las personas a adoptar comportamientos
saludables o respetuosos con el medio ambiente.
Crear entornos que faciliten la toma de decisiones correctas: las políticas públicas pueden diseñar
entornos que faciliten la adopción de comportamientos deseables, como hacer que las opciones más
saludables sean las más accesibles o eliminar obstáculos para realizar trámites administrativos.
Invertir en educación y concientización: las políticas públicas pueden promover la educación y
concientización sobre los factores no racionales que influyen en el comportamiento, de manera que las
personas puedan tomar decisiones más informadas y reflexivas.
III. METODOLOGÍA
Se llevó a cabo una exhaustiva revisión de la literatura sobre este tema, destacando la importancia de la
colaboración interdisciplinaria entre la psicología y la economía. La metodología utilizada incluyó una revisión
sistemática de fuentes académicas como revistas indexadas, libros y documentos digitales de organismos
reconocidos como el BID y la OCDE, para enriquecer los hallazgos de la investigación. Para la recopilación de
datos se emplearon términos específicos de búsqueda como "economía del comportamiento", "políticas
públicas", "nudge" y "Policy-Makers", consultando plataformas académicas y de investigación. En la tabla 2 se
muestran los principales aportes encontrados.
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Los criterios de inclusión para los artículos revisados fueron:
El artículo aborda la economía del comportamiento y su impacto en la formulación, implementación o
evaluación de políticas públicas, presenta además una metodología clara, replicable y basada en datos
empíricos o revisiones teóricas bien sustentadas.
1.
El documento está publicado en revistas indexadas, conferencias académicas reconocidas o reportes de
instituciones de prestigio, no mayor a 8 años.
2.
El documento está disponible en bases de datos científicas reconocidas o de acceso abierto con revisión
por pares.
3.
El estudio aporta hallazgos novedosos o relevantes para el diseño de políticas públicas basadas en
evidencia, presenta estudios de caso, experimentos o análisis de datos aplicados a la economía del
comportamiento en la política pública.
4.
Publicado en inglés o español para garantizar comprensión y análisis.5.
Tabla 2. Principales aportes encontrados en la revisión.
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Tabla 3. Criterios de calidad considerados para la evaluación de los artículos.
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IV. RESULTADOS
La revisión bibliográfica realizada ofrece una visión integral y detallada sobre la aplicación de la economía del
comportamiento en la formulación y diseño de políticas públicas en diferentes contextos nacionales e
institucionales. A partir de las aportaciones de diversas investigaciones, es posible extraer una serie de
conclusiones clave que permiten entender la evolución de esta disciplina y sus impactos en la toma de
decisiones públicas.
Altman [1] explora de manera detallada cómo la economía del comportamiento ha sido integrada en la teoría
económica tradicional, destacando que las decisiones de los individuos no siempre siguen patrones racionales
predecibles, sino que están influenciadas por factores cognitivos y emocionales. Este enfoque ha permitido
mejorar la comprensión de los errores sistemáticos en la toma de decisiones y diseñar políticas públicas que
consideren estas limitaciones cognitivas. La incorporación de estos principios ha llevado a la formulación de
políticas más ajustadas a los comportamientos reales de los ciudadanos, lo que ha resultado en una mejora en
la eficacia de las intervenciones gubernamentales.
Stanovich y West [2] analizan cómo las diferencias individuales en el razonamiento afectan la capacidad de
tomar decisiones racionales. Sus hallazgos sugieren que las políticas públicas deben diseñarse considerando
que los ciudadanos no procesan la información de manera uniforme. Las diferencias en la racionalidad y el
pensamiento crítico influyen directamente en la efectividad de las políticas, por lo que es necesario
implementar enfoques diferenciados y segmentados para garantizar que las intervenciones lleguen de manera
efectiva a distintos grupos poblacionales.
Muñoz Munguía et al. [3] presentan evidencia específica sobre la aplicación de la economía del
comportamiento en el contexto mexicano. La propuesta de enfoques adaptados a las características
culturales y socioeconómicas del país ha permitido mejorar la efectividad de las políticas públicas,
especialmente en áreas como la salud, la educación y la seguridad alimentaria. La evidencia sugiere que las
intervenciones que consideran los patrones de comportamiento locales tienen una mayor tasa de éxito en la
modificación de conductas y en la adopción de nuevas prácticas.
Papp et al. [4] analizan casos de éxito de la economía del comportamiento en el sector empresarial en
España y sugieren que muchas de estas estrategias pueden trasladarse al ámbito de las políticas públicas. La
personalización de mensajes, el uso de incentivos conductuales y la simplificación de procesos son
herramientas que han demostrado ser eficaces en el entorno empresarial y podrían generar impactos
positivos en la administración pública. Esta transferencia de conocimiento entre el sector privado y el público
refuerza la idea de que las estrategias basadas en la economía del comportamiento son aplicables en
múltiples contextos.
Cabrales Goitia y Rey Biel [5] argumentan que si bien los 'nudges' (empujones suaves) han sido efectivos en la
modificación de comportamientos, las políticas públicas deben ir más allá de estas intervenciones simples y
basarse en evidencia científica sólida. Proponen el uso de estrategias combinadas, que incluyan incentivos
directos, intervenciones educativas y cambios estructurales, para maximizar la efectividad y sostenibilidad de
las políticas públicas. La combinación de enfoques permite generar un impacto más profundo y duradero en
los patrones de comportamiento.
French y Oreopoulos [6] aportan evidencia sobre la implementación de políticas basadas en la economía del
comportamiento en Canadá, destacando que la evaluación rigurosa de estas intervenciones es clave para
determinar su efectividad. La revisión de datos empíricos ha permitido identificar patrones de éxito y áreas de
mejora, lo que demuestra que la retroalimentación constante y la adaptación de las políticas son factores
críticos para su sostenibilidad a largo plazo.
Mojasevic [7] proporciona una introducción teórica a la relación entre la economía del comportamiento y las
políticas públicas, resaltando la importancia de comprender las bases psicológicas y sociales que influyen en la
toma de decisiones. Su análisis destaca la necesidad de un enfoque interdisciplinario que combine economía,
psicología y ciencias sociales para diseñar políticas efectivas que consideren las complejidades del
comportamiento humano.
El análisis de la literatura revisada revela que la economía del comportamiento ha transformado
profundamente el diseño y la implementación de políticas públicas en diferentes contextos nacionales y
sectoriales. Los resultados sugieren que las políticas basadas en el comportamiento son más efectivas cuando:
Se diseñan considerando las diferencias individuales en la toma de decisiones.
Incorporan lecciones del sector privado en la formulación de incentivos y mensajes personalizados.
Se evalúan de manera rigurosa para garantizar que las intervenciones tengan un impacto real y sostenible.
Se combinan estrategias simples ('nudges') con enfoques más complejos basados en evidencia científica.
Se adaptan a las particularidades culturales y socioeconómicas de cada contexto.
Este enfoque integral y adaptativo en el diseño de políticas públicas, basado en la economía del
comportamiento, tiene el potencial de mejorar la efectividad de las intervenciones gubernamentales y generar
cambios sostenibles en el comportamiento de los ciudadanos.
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REFERENCIAS
Cada vez se observa una mayor aceptación de las ciencias del comportamiento, lo que ha llevado a que su
enfoque gane terreno en instituciones líderes como la ONU, Banco Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo, las cuales contribuyen al desarrollo de políticas públicas. En este sentido, se presentan argumentos
que respaldan la importancia de la economía del comportamiento, la cual desempeña un papel fundamental
en la formulación y aplicación de políticas públicas al permitir comprender cómo las personas toman
decisiones y qué factores influyen en su comportamiento.
Los principios de la economía del comportamiento proporcionan herramientas para diseñar políticas más
efectivas que consideren la racionalidad limitada, los sesgos cognitivos, las emociones, las normas sociales y
los hábitos arraigados de las personas. A pesar de la falta de literatura sobre el tema en el contexto
latinoamericano, los desafíos y oportunidades relacionados con las políticas públicas basadas en el
comportamiento en países como México pueden ser aplicables en países en desarrollo.
Por otro lado, es crucial que los responsables de la toma de decisiones se sensibilicen, se capaciten y
colaboren con expertos en economía del comportamiento para integrar esta disciplina en la formulación de
políticas públicas, siendo esta una poderosa herramienta para mejorar la efectividad y el impacto de estas en
la sociedad.
CONCLUSIONES
[1] M. Altman, «Behavioral Economics, Economic Theory and Public Policy,» Australasian Journal of Economic
Education, pp. 1-74, 2008.
[2] K. Stanovich y R. West, «Individual differences in reasoning: implications for the rationality debate?,»
Behavioral and Brain Sciences, vol. 23, nº 5, pp. 645-665, 2000.
[3] A. M. Muñoz Munguía, C. G. Borbón Morales y J. F. Laborín Álvarez, «Economía del Comportamiento: un
campo fértil para la investigación de aplicaciones en política pública para México,» Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C., vol. 29, nº 53, p. 22, Enero - Junio 2019.
[4] OECD, Behavioural Insights and Public Policy: Lessons from Around the World, Paris: OECD Publishing,
2017.
[5] P. Papp, Á. Gaviño, C. J. López y M. Torrens, «El uso de la economía del comportamiento en las empresas
españolas: Datos y casos de éxito,» Cotec, Madrid, 2023.
[6] A. Cabrales Goitia y P. Rey Biel, «Más allá de los nudges: Políticas públicas efectivas basadas en la evidencia
de las ciencias del comportamiento,» Gestión Y Análisis De Políticas Públicas, nº 25, pp. 38-45, 2021.
[7] R. French y P. Oreopoulos, «Applying Behavioral Economics to Public Policy in Canada,» National Bureau of
Economic Research, nº 22671, pp. 3-45, 2016.
[8] A. Mojašević, «Behavioural economics and public policies: some introductory issues,» Law and Politics, vol.
18, nº 3, pp. 132-143, 2020.
[9] E. Dawnay y H. Shah, Political Economy of the Environment, 1st Edition ed., Amherst: Routledge, 2010.
[10] D. Kahneman, «Human Riddles in Behavioral Economics,» Frontiers for Young Minds, vol. 10, pp. 1-6, 2022.
[11] R. Thaler, «Economía del comportamiento: pasado, presente y futuro,» Revista de Economía Institucional,
vol. 20, nº 38, pp. 11-40, 2018.
[12] D. Laibson y J. List, «Principles of (Behavioral) Economics,» American Economic Review, vol. 105, nº 5, pp.
385-389, 2015.
[13] D. Halpern, O. Service y R. Thaler, Inside the Nudge Unit: How Small Changes Can Make a Big Difference,
Londres: WH Allen, 2015.
[14] O. Lamont y R. Thale, «Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock Carve-outs,» Journal of
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Quindes-Rosales V. et al. Efectos de la economía del comportamiento en la política pública
ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología,
Vol. 29, Núm. 126, (pp. 100-110)
110
Pamela Vera Pianda. Maestrando en Finanzas y Economía Empresarial para la
Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Economista con Mención en Gestión
Empresarial, Técnico de Investigación del Centro de Investigación de Economía
Agrícola y Ambiental “Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, PhD” de la Facultad de Economía
Agrícola de la Universidad Agraria del Ecuador.
Rina Bucaram Leverone. Doctora en Ciencias Ambientales, Magíster en Economía
Agraria, Economista Agrícola, Docente e investigadora del Centro de Investigación
de Economía Agrícola y Ambiental “Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, PhD” de la Facultad
de Economía Agrícola y el Sistema de Postgrado de la Universidad Agraria del
Ecuador.
Quindes-Rosales V. et al. Efectos de la economía del comportamiento en la política pública
LOS AUTORES
Victor Quinde Rosales. Doctorando en Economía y Finanzas para la Universidad de
Investigación e Innovación de México UIIX, Magíster en Economía Agraria;
Economista Agrícola, Docente de la Facultad de Economía Agrícola y el Sistema de
Postgrado de la Universidad Agraria del Ecuador y Director del Centro de
Investigación de Economía Agrícola y Ambiental “Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, PhD”.
Jorge García Regalado. Doctor en Administración estratégica de empresas, Magíster
en Econometría, Economista, Docente e Investigador del Centro de Investigación de
Economía Agrícola y Ambiental “Ing. Jacobo Bucaram Ortiz, PhD” de la Facultad de
Economía Agrícola y el Sistema de Postgrado de la Universidad Agraria del Ecuador.
[15] N. Chater, «What is the point of behavioural public policy? A contractarian approach,» Behavioural public
policy, nº 8, pp. 197-208, 2022.
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[17] H. A. Simon, «A Behavioral Model of Rational Choice,» The Quarterly Journal of Economics, vol. 69, nº 1, pp.
99-118, Febrero 1955.
[18] J. Conlisk, «Why Bounded Rationality?,» Journal of Economic Literature, vol. 34, nº 2, pp. 669-700, 1996.
[19] H. A. Simon, Administrative Behavior: A Study of Decision-making Processes in Administrative
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[20] D. Kahneman, «Mapas de racionalidad limitada: Psicología para una economía conductual,» Revista
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