Exclusión del juez para garantizar la igualdad de
armas frente a acusaciones forzadas
Resumen: El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el principio de igualdad de armas en la acusación
forzada donde se ofrecen y admiten los medios probatorios para la posterior existencia de un juicio justo. El
tipo de investigación utilizada fue de índole básica, donde el diseño de la teoría fundamentada, además el
escenario de estudio fue el Colegio de Abogados de La Libertad, teniendo como participantes jurisconsultos
especialistas en derecho penal. Se utilizó como técnicas e instrumentos la guía de entrevista, focus group y el
análisis documental. Se determinó la existencia de afectación del principio de igualdad de armas en perjuicio
de la defensa privada en contraste con el ministerio público, asimismo con la defensa pública respecto del
plazo para ofrecer medios probatorios, se observó la falta de inhibición del juez en la acusación forzada afecta
el principio de igualdad respecto de la defensa.
Palabras clave: principio de igualdad de armas, acusación forzada, etapa intermedia, inhibición de juez.
ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología,
Número Especial 2025, (pp. 433-442)
Teatino W. et al. Exclusión del juez para garantizar la igualdad de armas frente a acusaciones forzadas
*Wilder Teatino Ticlio
http://orcid.org/0000-0001-9840-2742
wilderteatinot@gmail.com
Universidad César Vallejo
Trujillo, Perú
433
https://doi.org/10.47460/uct.v29iSpecial.956
Exclusion of the judge to guarantee equality of arms in the face of forced accusations
Abstract.- The objective of this paper was to analyze the principle of equality of arms in forced accusation
where the means of proof for the subsequent existence of a fair trial are offered and admitted. The type of
research used was of a basic nature, where the design of the grounded theory, in addition to the study
scenario was the Bar Association of La Libertad, having as participants jurisconsults specialized in criminal law.
Interview guides, focus groups and documentary analysis were used as techniques and instruments. It was
determined that the principle of equality of arms was affected to the detriment of private defense in contrast
to the Public Prosecutor's Office, as well as with the public defense with respect to the time limit for offering
evidence, the lack of inhibition of the judge in the forced accusation affected the principle of equality with
respect to the defense.
Keywords: principle of equality of arms; forced accusation; intermediate stage; judge's inhibition.
Tipo de artículo: artículo de investigación
*Autor de correspondencia: wilderteatinot@gmail.com
Recibido (04/01/2025), Aceptado (17/03/2025)
I. INTRODUCCIÓN
El principio de igualdad de armas en la provisión de recursos legales es una de las garantías esenciales que
gobiernan los sistemas procesales penales de tipo adversarial. Este principio garantiza que las partes
implicadas en el proceso judicial, tanto la parte acusadora como la defensa, tengan igualdad de oportunidades
y condiciones para exponer sus argumentos, pruebas y defensas. La relevancia de esto reside en asegurar un
trato justo a las partes involucradas en el proceso legal, previniendo cualquier tipo de favoritismo que pueda
afectar la imparcialidad del procedimiento judicial. En esta situación, el principio de igualdad de armas se
presenta como una ampliación del debido proceso, en el que todos los individuos tienen el derecho de ser
tratados de forma justa y equitativa ante los tribunales [1].
El concepto de igualdad en la presentación de pruebas ha sido extensamente analizado en la literatura
especializada, y se considera fundamental para garantizar la eficacia del proceso judicial penal. Dentro del
marco del sistema procesal penal colombiano, el principio de igualdad procesal tiene como objetivo garantizar
que todas las partes involucradas tengan acceso a los mismos recursos de prueba y procedimientos legales,
lo cual les facilita ejercer su derecho a una defensa apropiada. No obstante, la realidad demuestra que la
parte que se encarga de la defensa suele estar en una posición desfavorable en comparación con quien
ejerce la acusación. Esto se debe a que la organización del proceso legal y los recursos disponibles benefician
a las autoridades judiciales y fiscales [2].
Por otra parte, la figura de la acusación forzada es un segundo requerimiento que obliga al fiscal por su
superior jerárquico a acusar cuando el juez ha rechazado el requerimiento de sobreseimiento, donde el
Ministerio Público presenta cargos si considera que hay pruebas suficientes, también es crucial en el debate
sobre el principio de igualdad procesal. Esta acusación, al ser imperativa, tiene dos aspectos importantes:
primero, asegura que el juicio proceda únicamente si hay pruebas adecuadas, y lo segundo es, que también
puede causar un desequilibrio en el proceso cuando no se le otorga un plazo adicional a la defensa cuando
ha deducido el sobreseimiento [3]. En este contexto, la importancia del principio de igualdad de armas se
destaca durante la fase intermedia del proceso, garantizando que la defensa tenga la oportunidad de
cuestionar la acusación, solicitar el cierre del caso o presentar sus propios argumentos y pruebas.
La participación del juez en el sistema penal adversarial ha sido objeto de debate en diversas investigaciones.
Específicamente, la importancia de excluir al juez cuando ya se ha pronunciado sobre el fondo del proceso
como ocurre al desaprobar el requerimiento de sobreseimiento generando la acusación forzada se plantea
como una medida que reforzaría la imparcialidad del procedimiento. El juez, a pesar de tener la
responsabilidad de garantizar la legalidad del proceso, no debe involucrarse cuando ya adelantó su decisión,
produciendo la contaminación del proceso, ya que su intervención podría comprometer la imparcialidad que
debe distinguir al tribunal. La intervención contaminada del juez en la acusación puede dar lugar a una
impresión de falta de imparcialidad, lo cual compromete la igualdad procesal y la credibilidad en el sistema
judicial [4].
La interacción entre el principio de igualdad de armas y la realidad procesal penal presenta desafíos
significativos que varían según los marcos normativos y estructurales de cada país. En el contexto peruano, la
acusación forzada emerge como una problemática central que pone en tensión este principio fundamental.
Esta figura procesal, que permite al superior jerárquico del Ministerio Público instruir a un fiscal para emitir un
nuevo requerimiento contrario a su decisión inicial de sobreseimiento, aunque fue concebida como un
mecanismo para prevenir injusticias en el cierre de casos, genera importantes conflictos en relación con la
igualdad procesal. Esta situación no solo intensifica las disparidades en los procedimientos legales, sino que
también genera cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso, particularmente porque permite a la
fiscalía introducir nuevos elementos de prueba en una fase avanzada, mientras que la defensa privada se
encuentra limitada por el principio de preclusión [5].
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En este trabajo se analizan de forma exhaustiva las implicaciones del principio de igualdad de armas en el
contexto de la acusación forzada, poniendo especial atención en la importancia de apartar al juez que haya
participado en la audiencia de etapa intermedia, rechazando la disposición fiscal de sobreseimiento para
posteriormente seguir conociendo el mismo proceso con un nuevo requerimiento, esta vez acusatorio por
disposición del fiscal superior, cuando el juez ya emitió su decisión sobre el fondo del proceso. Con este fin, se
estudian casos tanto nacionales como internacionales, se evalúan los conflictos teóricos y prácticos que están
presentes en este tema y se sugieren cambios dirigidos a asegurar una administración de justicia equitativa y
transparente. El objetivo del análisis fue identificar los aspectos críticos del sistema procesal penal y proponer
soluciones específicas que promuevan el respeto a los derechos procesales de todas las partes implicadas.
Por tal razón, el artículo se estructura partiendo de la problemática sobre el tema, el estado del arte en
cuestión, las teorías referenciales, la metodología empleada, los resultados y discusión, así como las
conclusiones.
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II. DESARROLLO
Los precedentes legales y teóricos demuestran una tendencia mundial hacia la búsqueda de una igualdad
efectiva que trascienda la mera declaración formal. En España, Colombia y en Rusia, junto con otros
investigadores, han destacado la relevancia de ajustar y reforzar las regulaciones para garantizar que el
principio de igualdad de condiciones sea debidamente cumplido, salvaguardando de esta manera los
derechos de los participantes más desprotegidos en el procedimiento penal [6, 7, 8]. En teoría, el principio de
igualdad de armas se sustenta en diversas corrientes filosóficas y jurídicas. La teoría contractualista, por
ejemplo, aboga por la instauración de un orden social igualitario respaldado por el Estado. De manera
complementaria, una perspectiva contemporánea se centra en la justicia y la equidad, proponiendo que el
Estado debe garantizar una distribución justa de derechos y recursos. Ambas corrientes ofrecen un
fundamento sólido para comprender la importancia de la igualdad de armas en el sistema judicial y su
impacto en la impartición de justicia [9].
Adicionalmente, la teoría del procedimiento penal contemporáneo incorpora elementos de seguridad
jurídica y responsabilidad penal, subrayando la importancia del procedimiento como vínculo entre la
investigación inicial y el juicio, donde se hacen efectivos principios y garantías esenciales. Esta perspectiva
destaca la necesidad de que el procedimiento penal no solo sea eficaz, sino también justo y equitativo,
asegurando que todas las partes dispongan de igualdad de oportunidades para presentar sus argumentos
[10]. Dentro de este contexto, la presencia de la acusación forzada se presenta como un factor crucial que
puede tener un impacto significativo en la igualdad de condiciones. La participación del juez en la audiencia
de la acusación forzada puede afectar la imparcialidad y desequilibrar la igualdad de condiciones entre la
acusación y la defensa. Por lo tanto, se plantea la importancia de evaluar su exclusión de esta práctica para
mantener la neutralidad judicial [5]. Para comprender mejor esta problemática, es fundamental considerar la
teoría del proceso penal moderno que va más allá de la mera consideración de la responsabilidad penal y la
punibilidad de los acusados, como lo hacía la teoría tradicional, para abarcar medidas de seguridad y otras
manifestaciones relacionadas. En este marco, mientras el derecho penal material establece los fundamentos y
límites para el desarrollo del proceso penal, es este último el que funciona como un puente esencial que guía
desde la investigación inicial hasta la etapa intermedia y el juicio, donde se aplican los principios, garantías y se
evalúa la legitimidad de la prueba, así como se proporciona la oportunidad para su presentación [10].
Específicamente, en cuanto a la conceptualización de la acusación forzada, se define como un nuevo y
distinto requerimiento fiscal ordenado por el superior jerárquico, donde el órgano persecutor de la acción
penal tiene la oportunidad de ofrecer pruebas que no fueron incluidas en su requerimiento inicial, para
posteriormente discutirlas en la audiencia de control de acusación y así poder avanzar hacia el juicio oral. Esta
definición pone de manifiesto cómo la figura procesal, aunque busca evitar la impunidad, puede generar
desequilibrios en el proceso penal, especialmente en lo referente a la igualdad de armas entre la fiscalía y la
defensa [11].
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III. METODOLOGÍA
En este trabajo se utilizó un enfoque cualitativo, además se utilizó la teoría fundamentada, lo que posibilitó la
generación de conceptos emergentes a partir de la información recolectada y facilitó un análisis inductivo que
identificó patrones y temas significativos. También se incluyeron métodos descriptivos, explicativos e
interpretativos para analizar la fenomenología de las categorías dentro del contexto de estudio y revelar las
causas subyacentes del incumplimiento del principio de igualdad de armas en la etapa intermedia del proceso
penal.
La población analizada estuvo conformada por ocho personas que forman parte del Colegio de Abogados de
La Libertad, en Trujillo, Perú. Estos participantes abarcaron profesionales del campo del derecho penal y
procesal, como jueces, fiscales, docentes universitarios y abogados tanto públicos como privados que fueron
elegidas por su experiencia y conocimientos pertinentes en el campo del derecho penal, aportando diferentes
puntos de vista para el análisis. Se definieron criterios rigurosos para la selección de la muestra, que incluyen
los años de experiencia en derecho penal (más de diez), residencia en la ciudad de Trujillo y especialización en
derecho penal y procesal. Además, la documentación analizada incluyó sentencias penales de máxima
autoridad y resoluciones plenarias. Este estudio documental posibilitó una evaluación detallada de la
imposición de cargos durante la etapa intermedia y su influencia en las audiencias de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad. Esto facilitó la recopilación de información relevante sobre la situación problemática y
la valoración del principio de igualdad en la acusación forzada en función de las particularidades específicas
de cada caso.
Los métodos utilizados en este estudio consistieron en entrevistas en profundidad y grupos focales que se
llevaron a cabo con expertos en derecho penal, utilizando un cuestionario estructurado diseñado para evaluar
el respeto al principio de igualdad de armas y analizar la igualdad procesal en la acusación forzada. Por otra
parte, los grupos de enfoque consistieron en la creación de grupos pequeños de cinco especialistas, dirigidos
por un moderador, con el fin de debatir y analizar de manera conjunta las percepciones sobre la igualdad de
armas, la acusación forzada y la exclusión del juez. Estas conversaciones facilitaron el desarrollo de conceptos
fundamentales para comprender las categorías de análisis desde distintos puntos de vista de los
participantes.
Es importante destacar que la estrecha relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal tiene
como propósito conjunto el restablecimiento de la paz y la seguridad ciudadana, reflejando las teorías de la
prevención general y especial de la pena. Sin embargo, este objetivo no debe alcanzarse a costa de principios
fundamentales como la igualdad procesal, que constituye una garantía esencial del debido proceso y del
derecho a la defensa.
La situación no se limita únicamente al territorio peruano, en otras naciones de América Latina, como
Argentina, se han detectado desequilibrios parecidos. Según lo indicado, en las fases intermedia y de juicio
oral, las habilidades del Ministerio Público para ofrecer evidencia generalmente exceden considerablemente
las de la defensa, especialmente en cuanto a recursos humanos y técnicos [11]. En Chile, se destaca la
importancia de tener normativas precisas y métodos eficaces que permitan que la igualdad en la competencia
vaya más allá de ser solo un principio enunciado, convirtiéndose en algo concreto y palpable [12].
A nivel mundial, la comunidad legal ha destacado la importancia de mantener la imparcialidad del juez como
un elemento fundamental del debido proceso. Dentro del marco de la acusación forzada, la participación del
juez que anteriormente denegó la solicitud de archivo plantea interrogantes significativas sobre su
imparcialidad para desempeñarse en fases posteriores del proceso judicial [12]. En Perú, se está discutiendo
sobre la acusación forzada, lo que ha generado dudas sobre si esta práctica es compatible con las garantías
procesales establecidas en documentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica. La eventualidad de que el juez asuma una postura proactiva en
el impulso de la acusación, especialmente tras rechazar un sobreseimiento, fortalece la percepción de
desigualdad entre las partes y cuestiona el principio de igualdad procesal.
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El análisis de datos se llevó a cabo utilizando la técnica de triangulación, la cual consiste en combinar la
información recopilada de las entrevistas, los grupos de enfoque y el análisis de documentos.
IV. RESULTADOS
En relación con la igualdad de armas, las entrevistas llevadas a cabo mostraron que la igualdad de
condiciones es considerada como un principio esencial para garantizar que ambas partes en un proceso
penal cuenten con las mismas oportunidades para ejercer su defensa. Aunque este principio se basa en la
igualdad ante la ley, su aplicación en el sistema judicial presenta desafíos significativos, especialmente debido
a las diferencias estructurales entre la fiscalía y la defensa privada. Varios entrevistados señalaron que, en
principio, ambas partes deberían contar con las mismas herramientas y oportunidades. No obstante, en la
realidad, la fiscalía suele tener una ventaja considerable debido a sus recursos institucionales, lo que genera
un desequilibrio en el proceso.
Uno de los problemas principales identificados es la debilidad de la representación legal privada, la cual
frecuentemente carece de los recursos requeridos para enfrentarse en igualdad de circunstancias con la
fiscalía. Esta falta de equilibrio limita la capacidad de los abogados privados para representar de manera
efectiva al acusado, dado que la disparidad en los recursos disponibles dificulta que los acusados puedan
refutar las pruebas o exponer sus argumentos con la misma contundencia que la fiscalía. La falta de este
equilibrio pone en riesgo la imparcialidad del procedimiento judicial e impacta directamente en el derecho a
un juicio justo.
Las consecuencias de esta desigualdad son graves. La falta de igualdad en los recursos disponibles para la
defensa pone en riesgo el derecho del acusado, quien se enfrenta a la fiscalía en condiciones desfavorables.
Los entrevistados señalaron que esta situación puede derivar en resultados legales adversos, incluso cuando
existen argumentos de defensa válidos que no logran presentarse adecuadamente. Además, la percepción de
que el sistema judicial favorece a la fiscalía afecta negativamente la legitimidad del sistema en su conjunto.
Cuando se percibe que el proceso carece de justicia y que la defensa privada está en desventaja, la confianza
en la justicia se ve seriamente debilitada. Para superar esta disparidad, los participantes propusieron
modificaciones estructurales. Entre las principales sugerencias está el aumento de recursos para la defensa
privada, permitiéndole contar con especialistas y realizar investigaciones complementarias, lo que contribuiría
a equilibrar las oportunidades en el proceso. También se destacó la necesidad de reducir los privilegios
procesales de la fiscalía, asegurando un acceso equitativo a las pruebas y a los plazos procesales. Estas
reformas permitirían restablecer la igualdad procesal, garantizando que tanto la fiscalía como la defensa
privada puedan presentar sus argumentos en condiciones equitativas.
En relación con la acusación forzada, se ha observado que esta situación afecta de manera negativa la
autonomía funcional del fiscal a cargo. Este se ve limitado en su capacidad para tomar decisiones
fundamentadas en su criterio profesional, debido a las directrices impuestas por superiores jerárquicos. Esta
situación provoca un desacuerdo entre el criterio profesional del fiscal encargado de la investigación y la
intervención de un fiscal de mayor jerarquía, poniendo en riesgo la imparcialidad del proceso. Además,
cuando un juez rechaza la petición de sobreseimiento presentada por el fiscal, la situación se convierte en
una acusación forzada, lo cual impacta de manera negativa en el curso del proceso judicial. Esto es
especialmente preocupante cuando el fiscal ha determinado anteriormente que no existen pruebas
suficientes para presentar una acusación, pero debido a la jerarquía establecida, se ve obligado a continuar
con el proceso.
Los participantes de la entrevista consideraron que, en estas circunstancias, el juez debería apartarse de
seguir con el procedimiento una vez que haya rechazado la solicitud de sobreseimiento, con el fin de evitar
cualquier influencia que pueda afectar su imparcialidad. No obstante, se indicó que la normativa legal actual
no incluye esta justificación para apartarse del caso, lo que muestra una carencia de regulación legal que
podría afectar la imparcialidad del juez y la integridad del proceso.
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Con el fin de reducir los efectos negativos de la subordinación, los entrevistados sugirieron la
implementación de modificaciones que limiten la influencia jerárquica en el Ministerio Público. Esto implicaría
que la intervención de fiscales de alto rango en decisiones de acusación solo se dé en circunstancias
excepcionales y debidamente justificadas. Además, se resaltó la relevancia de implementar procedimientos de
transparencia que detallen de forma pública cualquier actuación de la autoridad y que posibiliten su análisis
por parte de organismos externos. Además, se planteó fortalecer las normativas que permitan tanto al fiscal
como al juez finalizar un caso sin requerir la intervención de instancias superiores en situaciones donde la
evidencia sea insuficiente para respaldar la acusación. También se propuso establecer pautas claras que le
permitan al juez abstenerse de continuar con el caso si anteriormente ha rechazado el sobreseimiento,
asegurando de esta manera la igualdad y e imparcialidad en el proceso.
En suma, el estudio de las entrevistas reveló que la igualdad procesal y la acusación forzada son elementos
esenciales del sistema judicial que requieren atención urgente y reformas inmediatas. La falta de equilibrio
entre la fiscalía y la defensa privada tiene un impacto significativo en la imparcialidad del proceso legal y en el
derecho de defensa del acusado. Además, la presentación de acusaciones sin sustento compromete la
independencia del fiscal y la integridad del sistema judicial, socavando la confianza del público en la
administración de justicia penal. Las modificaciones sugeridas, como el fortalecimiento de la igualdad en las
oportunidades procesales y la restricción de las intervenciones jerárquicas, son esenciales para abordar estas
carencias y garantizar que los procedimientos penales se desarrollen de manera justa, imparcial y equitativa.
Por otra parte, el estudio del grupo focal reveló una comprensión profunda y unánime entre los participantes
acerca del principio de igualdad ante la ley, resaltando su relevancia primordial dentro del ámbito jurídico y su
influencia en los procesos judiciales. Los participantes estuvieron de acuerdo en que este principio, es
fundamental para asegurar la igualdad en la ejecución de la ley. En concreto, se enfatizó la importancia de que
la igualdad ante la ley sea un derecho fundamental que se mantenga independientemente de las disparidades
existentes en el estatus social, económico, cultural u otras distinciones entre las personas. Para los
involucrados, este principio no solo se relaciona con la igualdad en el acceso a la justicia, sino también con la
igualdad en las circunstancias de las partes involucradas en un procedimiento judicial.
Dentro del ámbito de los procesos legales, los participantes del grupo de discusión estuvieron de acuerdo en
que el principio de igualdad de armas es de suma importancia. No obstante, varios participantes indicaron
que, aunque la teoría defiende este principio, en la realidad se observan importantes desigualdades,
principalmente debido a las disparidades en los recursos y la preparación entre las partes involucradas.
Específicamente, se destacaron los desafíos que enfrenta la defensa, la cual suele contar con menos recursos
materiales y humanos en contraste con la fiscalía. Esta disparidad coloca en una posición desfavorable a los
acusados.
El grupo de discusión también resaltó que, aunque el principio de igualdad de condiciones es esencial en el
ámbito judicial, su aplicación efectiva se ve dificultada por diversos factores, como la insuficiencia de recursos
para la defensa, la limitada capacitación y especialización de ciertos abogados, y la sobrecarga laboral que
existe en numerosos entornos judiciales. Los participantes también destacaron que, en algunas situaciones, el
juez, en su función de asegurar la igualdad procesal, podría no estar plenamente dedicado a cumplir
estrictamente con la igualdad entre las partes, lo cual impacta en la imparcialidad del procedimiento.
Por otra parte, los participantes del grupo de discusión manifestaron que el principio de igualdad ante la ley
no debería ser entendido únicamente como un concepto abstracto, sino que debe ser un principio efectivo en
cada etapa del procedimiento penal. En esta instancia, se analizó cómo la distribución desigual de recursos, la
carencia de acceso a ciertas pruebas o la dificultad para impugnar decisiones judiciales en igualdad de
condiciones son elementos que mantienen la desigualdad procesal. De esta manera, los participantes
destacaron la relevancia de la actualización del sistema judicial para garantizar que ambas partes, en especial
la defensa, dispongan de los recursos necesarios para llevar a cabo un proceso justo.
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Además, en cuanto a la acusación forzada, hubo diferentes opiniones entre los participantes. Algunos
opinaron que esta acción compromete la autonomía del fiscal, ya que se le obliga a proceder en contra de su
criterio, lo cual podría disminuir la calidad de la acusación. Sin embargo, algunos sostuvieron que la
imposición de cargos es un procedimiento indispensable para rectificar malentendidos y garantizar que los
casos sean tratados de manera adecuada, en consonancia con el propósito de buscar la verdad. No obstante,
la mayoría está de acuerdo en que, a pesar de contar con respaldo legal, la acusación forzada pone en riesgo
la independencia del fiscal, creando conflictos entre el control jerárquico y la autonomía profesional en el
sistema penal.
Otro asunto que ha suscitado discusión es si el juez debe abstenerse después de denegar un
sobreseimiento. Algunas personas consideraron que no era pertinente, dado que el rechazo no sugiere que el
juez tenga una inclinación hacia el resto del juicio y todavía puede desempeñarse de forma imparcial. Por otra
parte, algunos opinaron que al rechazar el archivo del caso, el juez desarrolla un criterio que podría poner en
duda su imparcialidad. Por lo tanto, consideran que sería necesario que se aparte del caso para asegurar un
juicio imparcial. El conjunto de personas estuvo de acuerdo en que la imparcialidad judicial es fundamental
para garantizar un proceso justo, y cualquier sospecha sobre la imparcialidad del juez podría poner en
entredicho la validez del veredicto.
A. Resultados del análisis documental
La igualdad en el acceso a los recursos legales es un principio fundamental en el sistema judicial de Perú.
Este principio asegura que tanto la parte defensora como la acusadora tengan igualdad de oportunidades
durante el procedimiento legal, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política del Perú y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este principio, sin embargo, enfrenta importantes desafíos
en su implementación, especialmente en el contexto de la acusación forzada y en la discrecionalidad al
otorgar ciertos beneficios, como las prórrogas de plazos para la presentación de pruebas que favorecen
únicamente a la defensa pública y no a la privada. Estas prácticas generan una falta de igualdad entre los
abogados designados por el tribunal y los abogados particulares, lo cual afecta la capacidad de estos últimos
para presentar pruebas y ejercer su derecho de contradicción en condiciones equitativas, lo que resulta en un
desequilibrio procesal.
Además de estas disparidades, el análisis de documentos revela un problema crucial relacionado con la
imparcialidad del juez. Las evaluaciones de los recursos de casación indican que, en muchas ocasiones, la
ausencia de moderación por parte de los jueces cuando su imparcialidad podría ser cuestionada afecta
directamente a la igualdad en el proceso judicial. Por ejemplo, cuando un juez rechaza el sobreseimiento del
caso y opta por continuar con el procedimiento, es posible que sus opiniones previas influyan en la
imparcialidad e igualdad de sus futuras resoluciones, lo cual resulta perjudicial para la parte que se defiende.
Este tipo de circunstancias contribuye a agravar la percepción de una injusticia estructural, dado que el juez, al
no apartarse del caso, podría actuar con una predisposición que afecta la imparcialidad del juicio. El fallo
número 864-2016/Santa destaca la importancia de la abstención como medio para preservar la imparcialidad,
la cual resulta esencial para asegurar la confianza en el sistema judicial.
En resumen, el análisis de los documentos destaca la relevancia de llevar a cabo reformas procesales que
unifiquen los criterios judiciales y eliminen las arbitrariedades que favorecen a ciertas partes en detrimento de
otras. Las modificaciones deben enfocarse en garantizar que tanto la representación legal pública como la
privada tengan igualdad de derechos procesales. Además, es fundamental que los jueces eviten participar en
casos que puedan afectar su imparcialidad, en particular si han manifestado opiniones previas sobre el tema
en cuestión. Únicamente mediante la aplicación rigurosa y equitativa del principio de igualdad de condiciones
y una imparcialidad judicial sólida se podrá asegurar un proceso adecuado que respete los derechos
fundamentales y fortalezca la legitimidad del sistema de justicia en el Perú.
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B. Discusión
El estudio revela una problemática sistémica que afecta la equidad procesal y la administración de justicia. Se
evidenció una brecha crítica entre el marco normativo y su implementación práctica, generada por dinámicas
estructurales y procesales que perpetúan desigualdades fundamentales. El análisis de los datos recopilados
demuestra que esta disparidad tiene implicaciones directas en la administración de justicia, afectando
especialmente a los acusados y sus defensores privados.
La desigualdad estructural entre la fiscalía y la representación legal privada constituye uno de los hallazgos
más significativos. La fiscalía cuenta con acceso privilegiado a herramientas investigativas avanzadas y un
robusto sistema de apoyo institucional respaldado por recursos estatales. Esta ventaja institucional se
materializa desde la capacidad de recopilar y procesar evidencia hasta la movilización de recursos técnicos y
humanos. En contraste, la defensa privada enfrenta limitaciones que comprometen su capacidad para
proporcionar una defensa efectiva. Autores señalan que esta disparidad erosiona la legitimidad de los
procesos penales y la credibilidad del sistema judicial [11].
Las estructuras jerárquicas dentro del sistema judicial emergen como un factor determinante que privilegia
la obediencia institucional sobre la independencia funcional de los fiscales. Se revelan cómo la imposición
jerárquica compromete la autonomía profesional y afecta la calidad de las decisiones judiciales. Asimismo, se
demuestra cómo esta estructura socava la objetividad e imparcialidad, contribuyendo a la saturación del
sistema con casos que podrían carecer de mérito sustantivo.
La etapa intermedia del proceso penal emerge como un punto crítico donde se evidencia la aplicación
inconsistente del principio de igualdad. El análisis de casos revela que mientras los abogados de oficio pueden
solicitar prórrogas y presentar evidencia adicional según el Decreto Supremo N.º 017-2019-JUS, los abogados
privados enfrentan restricciones severas. Se argumenta que esta disparidad procesal contradice principios
constitucionales y estándares internacionales establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, afectando particularmente a los acusados con representación privada en momentos críticos del
proceso [7].
La distinción entre la defensa pública y privada se manifiesta crítica al momento de absolver una acusación
posterior a un sobreseimiento. La defensa pública goza de privilegios procesales significativos respaldados
por el marco normativo, mientras que la representación privada enfrenta restricciones sustanciales. Los datos
recopilados demuestran que esta diferenciación genera una percepción de injusticia sistémica entre los
usuarios del sistema judicial, particularmente aquellos que dependen de representación legal privada.
El análisis sobre el impacto de las decisiones judiciales adquiere particular relevancia en Trujillo, donde se
documenta cómo las resoluciones que sistemáticamente favorecen a una parte afectan la legitimidad del
proceso judicial. Esta observación se complementa con el estudio, donde se demuestra cómo las estructuras
institucionales tienden a favorecer a las entidades estatales en detrimento de los acusados [13].
Los patrones identificados durante diferentes etapas del proceso penal revelan que las disparidades no son
incidentes aislados sino manifestaciones de problemas arraigados en el sistema judicial. Las decisiones
tomadas durante la fase de acusación forzada generan repercusiones que se extienden a lo largo del
procedimiento judicial, afectando desproporcionadamente a quienes dependen de la defensa privada.
El análisis de las decisiones judiciales revela cómo estas, aunque formalmente fundamentadas en el marco
legal vigente, pueden amplificar las disparidades existentes entre la fiscalía y la defensa privada. Los hallazgos
señalan la urgente necesidad de implementar reformas que aborden tanto aspectos procedimentales como
estructurales del sistema judicial peruano.
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CONCLUSIONES
Se observó una falta de respeto al principio de igualdad de condiciones legales, lo cual afecta de manera
negativa la igualdad en el proceso judicial y sitúa a la defensa privada en una posición desfavorable en
comparación con la fiscalía y la defensa pública. Esta disparidad no solo impacta en el derecho a una defensa
adecuada, sino que también provoca una sensación de injusticia en el sistema judicial. Además, en la
aplicación del principio de igualdad procesal persiste una disparidad a causa de la organización jerárquica del
Ministerio Público en contraste con la defensa privada, observándose que la fiscalía tiene un mayor respaldo
institucional y recursos superiores.
Se pudo confirmar que la implementación del principio de igualdad de armas presenta incongruencias, las
cuales han sido influenciadas por directrices de superiores y factores externos como presiones políticas y
mediáticas. Estas influencias ponen en riesgo la independencia de los fiscales subalternos, lo que conlleva a
decisiones judiciales que perpetúan la desigualdad en el proceso legal. Además, la parcialidad de los jueces
que han rechazado previamente archivar un caso afecta significativamente el principio de igualdad de
condiciones. Esta tendencia pone en riesgo la imparcialidad del procedimiento, debilitando la posición de la
parte defensora. También se observó una clara diferencia entre la presentación de pruebas en los casos
defendidos por abogados de oficio y los defendidos por abogados privados. En los casos de defensa pública,
se permite la presentación de pruebas después de la fecha límite establecida, mientras que en los casos de
defensa privada no se brinda la misma oportunidad. Este tratamiento diferenciado viola el principio de
igualdad de condiciones y pone a la defensa privada en una clara desventaja durante el procedimiento
judicial.
Para hacer frente a estos problemas, se sugiere fomentar la formación constante de los profesionales del
derecho en lo que respecta al respeto del principio de igualdad de condiciones en casos de acusación
forzada, abordando tanto los aspectos logísticos como institucionales que influyen en la representación legal
privada. Además, se sugiere modificar el artículo 346, inciso 4, del Código Procesal Penal Peruano, con el fin
de garantizar que en los casos donde el juez que denegó el sobreseimiento haya expresado una opinión
previa, se asigne un juez diferente, con el propósito de mantener la imparcialidad y objetividad en el
desarrollo del procedimiento penal.
Es fundamental estudiar de qué manera la instrucción y preparación de los jueces y fiscales impacta en la
aplicación coherente del principio de igualdad de armas y en la garantía de la imparcialidad judicial. Además,
es necesario realizar un estudio exhaustivo sobre cómo los factores políticos y mediáticos inciden en la
autonomía de los fiscales y en la toma de decisiones judiciales, así como en el efecto de estas influencias en la
percepción pública de la justicia, con el fin de fortalecer el principio de igualdad de condiciones y asegurar un
sistema judicial más justo e imparcial.
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