Avances de la responsabilidad social en el
Estado peruano, sumando valor público e
innovación basada en la economía del
comportamiento
Resumen: La responsabilidad social es una conducta en la que las organizaciones contribuyen al desarrollo
sostenible asumiendo la responsabilidad de sus impactos económicos, sociales y ambientales en las partes
interesadas relevantes. En el ámbito estatal, la responsabilidad social está más enfocada a la dotación de
servicios para el ciudadano en base a principios de transparencia, rendición de cuentas, comportamiento
ético, respeto a los derechos humanos y normas internacionales. Para investigar este tema, se adoptó un
enfoque cualitativo y hermenéutico, analizando bibliografía y normativa del Estado Peruano y realizando
entrevistas a profundidad a treinta funcionarios de instituciones públicas. Los resultados indican que, si bien
el Perú ha implementado prácticas de responsabilidad social ligadas mayormente a la innovación sostenible,
aún falta lograr la comprensión plena de las necesidades y deseos de la población, lo que puede llevar a
mejoras e innovaciones desconectadas de los requerimientos reales de la sociedad.
Palabras clave: responsabilidad social empresarial, sostenibilidad, innovación, Estado, Latinoamérica.
Zapata. Avances de la responsabilidad social en el Estado peruano, sumando valor público e innovación basada en la
economía del comportamiento
Zapata, Esperanza
https://orcid.org/0000-0002-2915-8712
edeza01@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo
Trujillo-Perú
Abstract.- Corporate social responsibility is a behavior in which organizations contribute to sustainable
development by taking responsibility for their economic, social, and environmental impacts on relevant
stakeholders. In the governmental context, social responsibility is more focused on providing services to
citizens based on principles of transparency, accountability, ethical behavior, respect for human rights, and
international standards. To investigate this topic, a qualitative and hermeneutic approach was adopted,
analyzing literature and regulations from the Peruvian State and conducting in-depth interviews with thirty
officials from public institutions. The results indicate that, while Peru has implemented social responsibility
practices mainly related to sustainable innovation, there is still a lack of full understanding of the needs and
desires of the population, which can lead to improvements and innovations disconnected from the real
requirements of society.
Keywords: corporate social responsibility, sustainability, innovation, state, Latin America.
Advances in social responsibility within the Peruvian state, adding public value
and behavior-based innovation in the economy
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Recibido(12/06/2023), Aceptado(11/08/2023)
ISSN-E: 2542-3401, ISSN-P: 1316-4821
Universidad, Ciencia y Tecnología,
Vol. 27, Núm. 120, (pp. 58-71)
I. INTRODUCCIÓN
El origen de la responsabilidad social se puede ubicar cerca de 1950 y principalmente se vincula a dos
enfoques diferentes del modelo de economía de mercado. Por un lado, en Estados Unidos, con un sistema
económico menos intervencionista, se hizo evidente la necesidad de establecer pautas éticas de conducta
para las grandes empresas y, por el otro; en el bloque europeo, también se han enfrentado a crisis
significativas cuanto a integridad pese a que la relación entre empresa y sociedad es más estrecha. Ambos
escenarios han generado una preocupación creciente por el comportamiento socialmente responsable de las
empresas: Padilla-Ramírez [1].
El economista Howard R. Bowen fue el pionero en abordar una definición de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), cuestionando a las empresas sobre su responsabilidad de retribuir a la sociedad lo que
esta les ha proporcionado [2]. Posteriormente, Archie Carroll definió la responsabilidad empresarial como
algo legal, donde la ética y la filantropía deben surgir de manera voluntaria por parte de las organizaciones [3].
Carroll también desarrolló la teoría de la pirámide, en la cual propone cuatro niveles de compromisos sociales
para las empresas, representados en una pirámide, estas son obligación financiera, cumplimiento legal,
moralidad ética y compromiso filantrópico. Según Giuliani [4] las responsabilidades que se encuentran en la
base de la pirámide actúan como cimientos para las responsabilidades de niveles superiores.
Según la Internacional Organization for Standardization [5] la Responsabilidad Social Empresarial se
fundamenta en 7 principios tales como la rendición financiera, claridad, conducta moral, consideración de las
partes involucradas, adhesión a la legalidad, conformidad con estándares internacionales de conducta y
salvaguardia de los derechos humanos. Por otro lado, la Responsabilidad Social Empresarial también se basa
en normas cuyo propósito es abordar los problemas de las relaciones de las empresas con el medio
ambiente, la comunidad circundante y sus trabajadores. Estas normas son de cumplimiento voluntario y
poseen un enfoque innovador y significativo. A pesar de que la falta de capacidad sancionadora limita su
eficacia práctica, es fundamental destacar que su función va más allá de aplicar castigos. En realidad, su
objetivo es fomentar la conciencia y promover la adopción de conductas responsables sin depender de la
existencia de un ente sancionador que actúe en caso de incumplimiento. Se busca que las empresas adopten
comportamientos éticos y responsables voluntariamente, mostrando una imagen moralmente aceptable ante
los consumidores, los Estados y el público en general.
Si hablamos de responsabilidad social en el Estado, esta no se limita únicamente a proteger los intereses y
derechos de la población, sino que constituye una función esencial y fundamental del Estado, donde se
requiere utilizar los recursos públicos de manera transparente [6]. Algunas maneras en que el Estado puede
ejercer su responsabilidad social incluyen fomentar la participación de la sociedad civil y aplicar políticas de
responsabilidad social en todas las instituciones públicas. Estas políticas abarcan aspectos como la inclusión,
la igualdad de género, las oportunidades equitativas, el empleo digno, la estabilidad laboral, la educación, la
salud, la alimentación y la protección del medio ambiente.
Y en este contexto la responsabilidad social en el Estado se asocia a la creación de valor público que mejore
la productividad de las entidades públicas (Costo – Eficiencia) y el bienestar de los habitantes del Estado
(Resultados). Asimismo, dependiendo de los problemas públicos que se abordan, los Estados deben ser
innovadores, conocer a su ciudadano y atender los gustos y preferencias de éste al recibir el bien o el servicio.
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II. DESARROLLO
Tradicionalmente los Estados basados en su normativa y en su filosofía democrática ejercen una función
sensibilizadora y orientadora antes que impositiva sobre la adopción de la responsabilidad social en las
organizaciones privadas, sin embargo, la creación de valor público y el genuino interés por solucionar los
problemas que afectan a sus ciudadanos ha dado pase a estrategias que contemplan la innovación como pilar
del progreso y el conocimiento profundo del ciudadano basándose en la comprensión de su comportamiento
como clave para que los gobiernos puedan influir positivamente en las elecciones de las personas para
mejorar sus vidas al proporcionarles un pequeño impulso o empujón mediante la presentación de ciertos
temas de manera que no se restrinjan opciones, sino que se promueva una dirección deseada [7].
A. Responsabilidad Social en el Estado.
A lo largo de la historia muchos han teorizado sobre la definición de Responsabilidad Social en el Estado.
Uno de los primeros fue Adam Smith quien enfatizó la responsabilidad estatal en el suministro de servicios
básicos y bienes públicos, como la educación, la seguridad y la infraestructura, para mejorar el bienestar
general de la sociedad [8]. Asimismo, John Rawls propuso la teoría de la justicia como equidad [9]. Según él, el
Estado tiene la responsabilidad de asegurar que todas las personas tengan acceso a oportunidades y
recursos básicos, especialmente aquellos que están en una situación desventajada, a fin de lograr una
sociedad más justa.Posteriormente Amartya Sen abogó por una visión más amplia de la responsabilidad social
del Estado, más allá de la mera provisión de bienes y servicios [10]. Sen sostuvo que el Estado debe garantizar
la libertad y capacidad de elección de las personas, permitiéndoles participar plenamente en la vida social y
económica y asegurándoles que las personas tengan acceso a oportunidades y recursos para llevar una vida
digna y libre de privaciones.
Por su parte, Milton Friedman, economista de la Escuela de Chicago, conceptualizó la responsabilidad social
del Estado enfocándose en una mínima intervención estatal y promoviendo el libre mercado como vía para el
bienestar, enfatizando la libertad individual y la estabilidad monetaria [11]. En contraste, Joseph Stiglitz abogó
por un Estado activo en la corrección de fallas del mercado, la reducción de desigualdades y la promoción de
un desarrollo inclusivo, considerando al Estado como un agente clave para garantizar equidad social y
económica [12]. En este resumen de conceptos es preciso mencionar también a Mahatma Gandhi, quien
sostenía que el Estado tenía la responsabilidad de actuar con base en principios éticos y promover la no
violencia, la justicia social y la igualdad [13]. Para él, el Estado debía trabajar para el bienestar de todos los
ciudadanos y asegurarse de que las políticas y acciones gubernamentales estuvieran orientadas hacia el
servicio a la comunidad y la promoción de un desarrollo sostenible y armonioso. Finalmente, Martha
Nussbaum, filósofa y teórica política contemporánea, ha defendido que el Estado tiene la responsabilidad de
garantizar el desarrollo de capacidades básicas para que las personas puedan llevar una vida digna y plena,
enfatizando la importancia de asegurar oportunidades y recursos para todos, especialmente para los más
vulnerables, y de promover la justicia y la igualdad de oportunidades en la sociedad [14].
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, el bienestar social es
percibido por la población a través de la preocupación de sus Estados en la creación de empleo digno y
mejora de ingresos, mayor seguridad, vivienda adecuada, medio ambiente saludable, educación y salud de
calidad, compromiso cívico, formación de la comunidad, balance vida – trabajo y satisfacción ante la vida [15].
Así, cuando mencionamos la Responsabilidad Social Estatal, hablamos de la necesidad de que el gobierno
asuma una función pública que sea ética, justa, equitativa, progresista y sostenible, buscando en general el
beneficio colectivo tanto para la comunidad presente como para las generaciones futuras. Sin embargo, es en
este punto donde el estado muestra deficiencias significativas.
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En el Perú se destaca la creación instituciones como el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, Ministerio
del Ambiente, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Ministerio de Cultura, entre otros, para
reconceptualizar el papel del Estado en relación con la comunidad. Asimismo, el Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) es una de las pocas instituciones públicas que
destaca por llevar a cabo una sólida gestión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Dentro de su
enfoque en la RSC, el objetivo principal de la Corporación FONAFE es establecer directrices que guíen el
proceso de crear, validar, supervisar y comunicar los planes y programas de Responsabilidad Social en las
organizaciones que forman parte del FONAFE, también conocidas como EPEs (Empresas del Estado).
La administración de justicia, es una de las actividades fundamentales en todo Estado porque garantiza la
observancia y acatamiento de las leyes y reglamentos establecidos, asegurando un orden social justo y
equitativo. Proporciona un sistema para resolver conflictos y proteger los derechos individuales y colectivos
de los ciudadanos. La justicia es fundamental para mantener la paz y la estabilidad, promoviendo la confianza
en las instituciones y en el Estado de derecho. Además, contribuye a prevenir la impunidad y fomentar la
responsabilidad, promoviendo un ambiente propicio para el desarrollo y el respeto de los valores
democráticos. Y en este contexto, el Poder Judicial es una de las entidades que más ha avanzado en
responsabilidad social en el Perú.
El principal problema es que, diversas limitaciones afectan el acceso a la información y la eficiencia en el
proceso de casos dentro del sistema de administración de justicia. Estas limitaciones incluyen el retraso en la
tramitación de causas, la falta de transparencia, deficiencias en el desempeño de los operadores y una
comunicación precaria con los usuarios. Para abordar estos problemas, resulta fundamental la
implementación de tecnologías de información y comunicaciones (TICs). Para llevar a cabo este proceso de
modernización, es esencial contar con plataformas informáticas adecuadas y personal capacitado que facilite
el uso, la interoperabilidad y el mantenimiento de estas tecnologías [16].
La aplicación de las TICs en el sistema de administración de justicia, según Salas-Ferro [17] traería consigo
una serie de beneficios significativos. Entre ellos, se destacan el acceso inmediato y simultáneo al expediente
electrónico, la notificación electrónica de las resoluciones emitidas, la posibilidad de citaciones para informes
orales a través de casillas electrónicas y la interoperabilidad entre todos los componentes del sistema judicial,
entre otros. Estos avances tecnológicos mejorarían considerablemente la eficiencia y transparencia del
sistema judicial, brindando un mejor servicio a los usuarios y agilizando el proceso de justicia en general.
El Poder Judicial está procesando actualmente 354,396 casos a través del Expediente Judicial Electrónico
(EJE), un sistema sin papel que se está implementando gradualmente en 23 cortes superiores de justicia como
parte de su política de transformación digital [18]. Además, los usuarios litigantes han presentado 1,808,867
escritos a través de la Mesa de Partes Electrónica (MPE), que se han integrado al EJE. El 43% de los escritos y
demandas se presentaron fuera del horario de oficina, ya que las partes procesales pueden hacerlo desde
cualquier lugar y en cualquier momento. Estas iniciativas han generado un ahorro de 230,396,400 hojas de
papel, evitando la tala de 28,800 árboles. Actualmente se utilizan el EJE y la MPE en 17 distritos judiciales en
diversas especialidades legales. En la tabla 1, se presentan los principales proyectos que, en responsabilidad
social, ha implementado el Poder Judicial.
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Tabla 1. Proyectos implementados por el Poder Judicial del Perú [19].
Por otro lado, el Banco de la Nación a través de su política de responsabilidad social busca crear un beneficio
social duradero para los diferentes stakeholders y evitar o reducir los riesgos sociales y ambientales del Banco
de la Nación [20]. Así, en relación al indicador de Valores y Cultura Organizacional, se resalta en los empleados
el enfoque en la igualdad de oportunidades y la ausencia de discriminación. La entidad valora un trato
igualitario para todos, sin importar la condición social, el género, la nacionalidad, la orientación e identidad
sexual, la edad, el origen étnico y la raza. Esto se traduce en proporcionar las mismas oportunidades a todos
los trabajadores en el proceso de contratación, promoción, remuneración y asignación de tareas, y se
compromete a eliminar cualquier forma de discriminación en el entorno laboral. Asimismo, fomentan el
voluntariado y el constante diálogo con comunidades. Son varios los productos financieros pensados en este
contexto, las principales iniciativas se presentan en la Tabla 2.
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Tabla 2. Iniciativas de responsabilidad social implementadas por el Banco de la Nación [20].
B. Economía del Comportamiento y su relación con la Responsabilidad Social Estatal
La economía del comportamiento, economía "behavioral economics" integra principios psicológicos que
ofrecen una comprensión más realista del comportamiento humano. Parte del reconocimiento de que
nuestras decisiones, desde actividades cotidianas como hacer compras hasta acciones significativas como
votar, no se basan solo en la racionalidad, sino también en nuestras emociones. Su objetivo es identificar esas
emociones que nos influyen para desarrollar modelos económicos más realistas y humanos. Si logra
comprender estas emociones, las políticas públicas podrían utilizar esta información para proporcionar
pequeños empujones que ayuden a mejorar las decisiones individuales de manera más racional y en
beneficio de todos.
La economía del comportamiento utiliza experimentación psicológica para desarrollar teorías sobre el
proceso de elección y determinación llevado a cabo por individuos en situaciones de incertidumbre. Se
identifican prejuicios derivados de cómo las personas actúan, lo que contrasta con la suposición de
racionalidad de la economía neoclásica. Estas ideas forman la base de la economía conductual y se emplean
para diseñar políticas que incentiven una toma de decisiones más adecuada. Según esta perspectiva, las
elecciones están influenciadas por información disponible, la capacidad de procesamiento, la automatización
y las emociones, así como la resistencia al cambio y la dificultad para predecir el futuro. Estas conjeturas se
fundamentan en la Teoría de las perspectivas, la racionalidad limitada, la Teoría del sistema dual y la
inconsistencia temporal, que sustentan la economía del comportamiento.
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Una de las instituciones públicas que en el Perú ha recurrido a la economía del comportamiento es el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) que aplicó economía del comportamiento para
mejorar sus procesos internos. El problema detectado fue una baja tasa de respuesta a los traslados de
denuncias ambientales realizados por OEFA a otras entidades públicas. La no respuesta se debía a varias
causas: (1) Statu quo: Esto nunca va a cambiar, (2) Norma social: Nadie responde a estos documentos, (3)
Relego: Tengo otras cosas que hacer y (4) Distracción: No es importante. La solución partió con un cambio en
la lógica con la que se remitían los documentos. Se hizo más relevante usando herramientas visuales en las
comunicaciones con las áreas de evaluación y fiscalización ambiental (EFA) para llamar su atención, se hizo
más atractivo motivando a las EFA con información de sus pares y retroalimentación de su desempeño y más
fácil implementando un formulario de respuesta rápida para simplificar el proceso. Con esto se logró 139% de
incremento en respuestas, 69% de reducción de tiempo, de 36% a 86% de incremento en la tasa de respuesta
y el tiempo promedio de respuesta disminuyó de 71 a 22 días hábiles.
Otro aspecto interesante en la misma institución pública es la forma como la economía del comportamiento
mejoró la participación de los trabajadores en los cursos de capacitación en la Academia de Fiscalización
Ambiental. Con respecto al problema, existía una muy baja tasa de revisión de información detallada en los
correos de convocatoria a los cursos de la Academia de Fiscalización Ambiental del OEFA. Esta alcanzaba
apenas el 10.6%. Esto se debía a que los trabajadores cuando veían como asunto del correo electrónico un
curso de capacitación, no revisaban a detalle el correo, por tanto, se reestructuró el contenido del correo para
reducir su carga cognitiva. De esta manera y dentro del lapso comprendido entre abril y setiembre de 2019,
se realizaron pruebas con cursos de variada duración y temáticas diversas, con lo que se logró aumentar el
porcentaje de clics en los enlaces dentro de los correos de convocatoria de un 10.6% a un 34.1%.
Algunos ejemplos sobre el uso de la economía de comportamiento en el Estado son los siguientes: (1)
incentivar el ahorro formal en una institución financiera ofreciendo incentivos o premios para aquellos que
logren alcanzar metas de ahorro establecidas y enviando notificaciones de ahorro personalizado y
recordatorios para fomentar el seguimiento de los objetivos de ahorro, (2) reducir el consumo de energía
eléctrica o agua estableciendo metas de ahorro de energía o agua e instalando dentro de las instituciones
sensores de movimiento en áreas con poca afluencia de personas para ahorrar energía en iluminación, (3)
promover el reciclaje a través de reconocimientos y premios a usuarios internos y externos que contribuyan
activamente al programa de reciclaje, (4) pagar a tiempo los predios y arbitrios enviando recordatorios
automáticos por correo electrónico o mensajes de texto antes de las fechas límite de pago o estableciendo un
sistema de pago en línea para facilitar y agilizar el proceso de pago, (5) fortalecer conductas eco amigables
proporcionando datos actualizados sobre la contaminación atmosférica en tiempo real para evaluar si esa
información influye en las decisiones individuales y la disposición a pagar por acceder a dichos datos, etc.
Es preciso indicar que algunas de estas intervenciones podrían no funcionar por múltiples factores, sin
embargo, se gana mucha experiencia y el Estado se empodera frente a su ciudadano quien percibe que su
Estado lo toma en cuenta en sus instituciones, programas, proyectos y políticas públicas. En el Perú un
interesante ejemplo de responsabilidad social basada en la economía del comportamiento son los proyectos
financieros del Banco de la Nación, ofrece créditos hipotecarios y tarjetas de crédito con las mejores tasas de
interés para los trabajadores estatales sin importar su remuneración.
C. Responsabilidad Social Empresarial e Innovación
La innovación se define como la introducción de un producto, servicio, proceso o método de
comercialización u organizativo que es nuevo o significativamente mejorado. Esta mejora se refleja en las
prácticas internas de la empresa, en la configuración del entorno laboral y en las interacciones con otros entes
externos.
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Además, el desarrollo de los países está estrechamente relacionado con la innovación, que requiere la
participación de diferentes elementos y aspectos vinculados en un mismo sistema, como tecnología,
empresas o instituciones. Estos sistemas de innovación pueden manifestarse a nivel nacional, sectorial,
regional o local. Diversas instituciones internacionales, gobiernos y empresas tienen un interés destacado en
promover la innovación. Entre ellas se encuentran la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, quienes han desarrollado iniciativas para fomentar la
innovación.
La Innovación Social emerge como una opción para enfrentar estas diversas problemáticas. Según Inglada
& Sartre, una de las razones por las cuales los problemas actuales son cada vez más abrumadores y se han
propagado rápidamente se debe al hecho de que el tejido empresarial se ha desarrollado bajo el sistema
capitalista, el cual prioriza principalmente el aumento de ganancias y beneficios a corto plazo, sin tener en
cuenta a las personas, el medio ambiente y la comunidad. La responsabilidad social empresarial se ha
aplicado únicamente en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la integración social y
ocasionalmente el cuidado del medio ambiente. Por otro lado, Villa señala que los diversos y complejos
problemas actuales han llevado a los habitantes de todas partes del mundo a reflexionar sobre la necesidad e
importancia de reorganizar la forma de gobernar un país, el comportamiento de las instituciones y el retorno
a una educación basada en valores más humanos, cívicos y solidarios.
Un aspecto importante de incluir en este punto es la transformación digital. En el Perú, la Presidencia del
Consejo de ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital ostenta liderazgo en
asuntos de gobierno, confianza y transición hacia lo digital a través de una serie de indicadores como la
madurez GovTech, el desarrollo del E-Gobierno, la ciberseguridad, la preparación IA en el gobierno y la
innovación propiamente dicha. En este sentido se ha formulado la Política Nacional de Transformación Digital,
la cual se detalla en la tabla 3.
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Tabla 3. Provisión de servicios y estándares de cumplimiento de la Política Nacional
de Transformación Digital: Algunos ejemplos.
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El GovTech busca en base a las necesidades de la población, definir objetivos claros y medibles, desarrollar
estrategias, asignar recursos, seleccionar las mejores soluciones tecnológicas, realizar pilotos y pruebas,
realizar una implementación gradual, capacitar y sensibilizar, monitorear y evaluar con la finalidad de realizar
una mejora continua y constante. En el Perú un ejemplo de GovTech es la plataforma general implementada
por el gobierno donde se puede encontrar toda la información del Estado peruano, realizar trámites y acceder
a servicios estatales. Algunos ejemplos son la emisión de recibos por honorarios electrónicos, verificación de
afiliación al seguro integral de salud, consulta sobre trámite de documento nacional de identidad, conocer y
dar de baja líneas telefónicas a nombre propio, obtener pasaporte electrónico, consultado el estado del
registro único de contribuyentes, entre otros.
La transformación digital, un paradigma que ha prevalecido en los últimos veinte años, se ve impactada por
la aparición de tecnologías disruptivas en el siglo actual. La Cuarta Revolución Industrial representa la última
de estas transiciones históricas, consolidando el paradigma digital. La transformación digital busca reorganizar
y adaptar organizaciones para aprovechar las oportunidades del mundo digital mediante tecnologías digitales
y análisis de datos para decisiones efectivas. Este proceso se reinventa constantemente basado en insights de
entornos cambiantes, persiguiendo la disrrupción y el éxito en la era digital.
La innovación en la administración pública debe ser un imperativo ético para la gestión pública – ética
basada en los valores asociados a la innovación, por lo que urge promover la investigación aplicada y
orientada a la solución de problemas reales en la gestión pública, para lo cual deben generarse espacios de
producción y encuentro que promuevan la generación y socialización del conocimiento innovador –
intercambio de experiencias y prácticas innovadoras.
La responsabilidad social del Estado con innovación parte de un problema ciudadano, de ese problema que
aun con la intervención estatal aún no se ha solucionado y cuáles son las causas por las que aún no se
soluciona. Resulta imprescindible analizar la documentación y la normativa local y regional sobre el asunto y
sobre todo si la población tiene alguna idea de solución.Para diseñar esta innovación con responsabilidad
social es preciso trabajar en un entorno de absoluta democracia y transparencia, con humanidad, sin
prejuicios y tomando muy en serio las lecciones aprendidas. En este proceso el design thinking resulta una
herramienta muy útil a través de todas sus etapas: Empatizar – definir – idear – prototipar – testear.
En el Perú existen serias barreras para la responsabilidad social innovadora, entre ellas un sistema de
innovación fragmentado incapaz de crear prioridades a largo plazo. A esto se suma un nivel de gasto en
investigación y desarrollo escaso que en la última década fue el menor de la región pese a los esfuerzos por
aumentarlo en los dos últimos años. Por otro lado, existe insuficiente y sesgada información sobre las
necesidades del ciudadano, escasez de personal calificado y de formas de contratación a corto plazo y faltas
de meritocracia que no aseguran la permanencia de los mejores talentos.
D. Responsabilidad Social en el Estado y la Agenda 2030
En el año 2015, las naciones integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en colaboración
con organizaciones no gubernamentales (ONG) y ciudadanos de todo el mundo, presentaron una iniciativa
para desarrollar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos buscan un desarrollo sostenible
equilibrado en tres dimensiones: económica, social y ambiental. Como resultado, se estableció una agenda
internacional que se extiende hasta el año 2030 y está compuesta por los mencionados 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, junto con 169 metas específicas. A continuación, se analizarán los tres primeros ODS
brindando ejemplos de iniciativas del Estado peruano para mejorar la situación de los ciudadanos.
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Con relación al ODS 1 – Fin de la pobreza, se destacan resultados significativos que muestran que entre 2007
y 2019, la tasa de pobreza monetaria en el país se redujo en más de la mitad pasando del 42.4% al 20.2%. Sin
embargo, debido a la pandemia y a los problemas políticos, entre el 2020 y el 2022 la pobreza monetaria
aumentó en un 11.3%, afectando al 33.4 % de la población peruana. Este incremento impactó al 47.7% de las
personas que viven en áreas rurales y al 26.8% de las personas que residen en zonas urbanas, lo que
representa un retroceso de 10 años en la lucha contra la pobreza a nivel nacional. Los grupos poblacionales
con mayor incidencia de pobreza monetaria son aquellos cuya lengua materna es distinta del castellano
(34.2%) y aquellos que se autoidentifican étnicamente como quechua (27.9%), aimara (31.8%), amazónica
(38.6%) o afroperuana (28.3%).
Al respecto el Estado peruano ha implementado desde la responsabilidad social, diversos programas de
asistencia social dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, como Juntos y Pensión 65, que
brindan apoyo económico a familias en situación de pobreza extrema y adultos mayores en situación de
vulnerabilidad. Asimismo, se han puesto en marcha programas de alimentación y nutrición para mejorar las
condiciones de nutrición de la población más desfavorecida, como el Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma (Vocablo quechua que se traduce como Niño Vigoroso), que proporciona alimentos
nutritivos a niños en edad escolar. También se han implementado programas de empleo y capacitación
dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar sus oportunidades laborales y
reducir la pobreza tales como Luwari Perú (Palabra aimara que significa realización personal a través del
trabajo).
En cuanto al ODS 2, se destaca que la tasa de desnutrición crónica en niños de menos de 5 años ha
experimentado una disminución del 14.6% al 12.2% entre 2014 y 2019. No obstante, persiste una brecha
significativa entre las zonas rurales y urbanas. La región más afectada es Huancavelica, con una incidencia de
desnutrición crónica del 30.7%. Sin embargo, debido a la reducción de los ingresos familiares durante la
pandemia, en 2020, la prevalencia de anemia en el grupo de población de 6 meses a 2 años y 11 meses ha
aumentado en un 10.7%, alcanzando alrededor del 50.8% de ese grupo etario, con un mayor incremento en
las áreas rurales (64.5%) en comparación con las urbanas (46.2%). Al 2022 la desnutrición crónica en niños de
menos de 5 años llegaba a 15,3% con mayor prevalencia en niños entre 12 y 47 meses. En este punto a través
de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), como Cuna Más, Juntos, Haku
Wiñay, Tambos, Qali Warma y la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS), se realizan actividades de
seguimiento para garantizar la entrega de servicios esenciales e intervenciones educativas dirigidas a mujeres
gestantes y niños menores de 36 meses. El objetivo es promover cambios de comportamiento en las familias
beneficiarias de estos programas, fomentando prácticas saludables para prevenir la desnutrición crónica y la
anemia infantil.
El ODS 3 ha logrado una notable reducción en la mortalidad materna en las últimas dos décadas,
disminuyendo de 198 a 66 muertes por cada 100,000 nacimientos en 1990 y 2018, respectivamente, aunque
el impacto negativo del covid-19 ha ocasionado una pérdida estimada de cinco años de avances. En cuanto a
la mortalidad neonatal, Perú ha alcanzado la meta deseada de 12 muertes por cada 1000 nacimientos a nivel
general, mientras que en áreas urbanas se sitúa en 9 por cada 1000, pero en áreas rurales esta tasa se
encuentra por encima del límite con 13 por cada 1000 nacidos vivos durante el período 2017-2018. Es
importante también indicar que en el año 2019 se produjeron 360 muertes maternas, 439 en el 2020 y 493
en el 2021 manifestándose principalmente durante todo ese período en el grupo etario entre los 20 y 35
años, siendo además de Lima, Piura, Loreto, La Libertad y Puno las regiones con mayor cantidad de fallecidas.
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Una buena práctica implementada para reducir la mortalidad materna y del recién nacido es la incorporada
por el Ministerio de Salud (MINSA) a través de la atención del parto vertical en los Centros Materno Perinatal
para promover un enfoque cálido, especializado y seguro que respete los derechos, costumbres, necesidades
y demandas de la gestante. El parto vertical ofrece ventajas como la posibilidad de probar diferentes posturas
para mayor comodidad, la disminución del sangrado y del dolor, y la reducción de la posibilidad de desgarros
y por ende se podrían reducir las muertes de las madres. En este tipo de parto, la gestante puede estar de
pie, sentada o en cuclillas, mientras el personal de salud la atiende desde adelante o detrás. Esta práctica es
común en zonas rurales, especialmente en la sierra y selva del país, y fue respaldada por la Norma Técnica N°
033- MINSA/DGSP-V.01 en 2005 para promover la atención del parto con enfoque intercultural.
III. METODOLOGÍA
La presente investigación se enfoca en el análisis de los avances de la responsabilidad social en el Estado
peruano, con especial énfasis en la incorporación de valor público y la innovación basada en la economía del
comportamiento. Para alcanzar los objetivos planteados, se ha optado por un enfoque cualitativo y
hermenéutico que permitirá un análisis profundo y comprensivo de la temática. La metodología investigativa
se divide en tres fases principales. En primer lugar, se llevará a cabo una revisión exhaustiva de bibliografía y
normativa relacionada con la responsabilidad social en el Estado peruano, así como con la economía del
comportamiento y su aplicación en políticas públicas. Esta revisión permitirá establecer una base sólida de
conocimiento y contextualizar el estudio.
En segundo lugar, se realizaron entrevistas a profundidad a treinta funcionarios de instituciones públicas
relevantes en el contexto de la responsabilidad social y la innovación en el Estado peruano. Estas entrevistas
proporcionarán información valiosa sobre la percepción, implementación y resultados de las políticas y
programas relacionados con la responsabilidad social y la economía del comportamiento en el ámbito
público.
Por último, se procederá a analizar y contrastar los datos obtenidos en la revisión bibliográfica y las
entrevistas, utilizando el enfoque hermenéutico para interpretar el significado y las relaciones entre los
diferentes elementos involucrados en el tema de estudio. Con este análisis, se buscará identificar patrones,
tendencias y buenas prácticas en la integración de la responsabilidad social y la innovación basada en la
economía del comportamiento en el Estado peruano, contribuyendo así al conocimiento y la mejora de las
políticas públicas en el país.
IV. RESULTADOS
Una vez realizada la investigación es posible mostrar los siguientes resultados:
El Estado peruano ha adoptado prácticas de responsabilidad social en su gestión gubernamental. Estas
prácticas están enfocadas en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, asegurar la transparencia,
rendición de cuentas y comportamiento ético en las instituciones públicas.
La responsabilidad social en el Estado se relaciona con la creación de valor público que mejore la
productividad de las entidades gubernamentales y el bienestar y nivel de vida de los habitantes. Es probable
que se destaque la importancia de la innovación sostenible para abordar los problemas públicos y atender las
exigencias y anhelos de la población.
Aunque el Estado ha implementado prácticas de responsabilidad social, el estudio sugiere que aún falta
lograr una comprensión plena de las necesidades y deseos de la población. Esto puede llevar a que algunas
mejoras e innovaciones estén desconectadas de los requerimientos reales de la sociedad.
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El estudio destaca el avance del Poder Judicial en Perú en el uso de tecnologías de información y
comunicaciones (TICs) para mejorar la eficiencia y transparencia en el sistema de administración de justicia. La
implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) ha permitido un
acceso más ágil y eficiente a los procesos judiciales, generando ahorro de recursos y mayor satisfacción para
los usuarios.
El estudio señala que la economía del comportamiento es una herramienta útil para comprender las
decisiones y comportamientos humanos, lo que puede ayudar a mejorar las políticas públicas y la
responsabilidad social del Estado. Se presentan ejemplos de cómo aplicar principios de economía del
comportamiento en instituciones públicas como el OEFA y el Banco de la Nación en Perú, logrando mejoras
significativas en la eficiencia y participación ciudadana.
La promoción de la innovación social en empresas y organizaciones ha demostrado un impacto positivo en la
solución de problemáticas sociales y ambientales. Mediante el enfoque de responsabilidad social empresarial,
se han implementado proyectos que abordan desafíos como la inclusión social, el cuidado del medio
ambiente y el fomento de la equidad de género, contribuyendo al desarrollo sostenible y generando un valor
añadido para la sociedad.
Los resultados de las entrevistas realizadas en Perú revelan avances significativos en la incorporación de la
responsabilidad social en el Estado, así como en la aplicación de la innovación basada en la economía del
comportamiento. En total, se entrevistaron a 30 profesionales, 12 mujeres y 18 varones, ocupando diversos
cargos directivos y puestos intermedios en distintas entidades gubernamentales. En cuanto a la
responsabilidad social, 21 de los entrevistados han demostrado buenas prácticas relacionadas con esta área.
Esto indica que existe una conciencia creciente sobre la importancia de tomar en cuenta las consecuencias
sociales y medioambientales de las acciones gubernamentales. Además, 8 de los entrevistados informaron
que sus instituciones cuentan con normativa interna que guía y promueve la responsabilidad social.
Por otro lado, la innovación basada en la economía del comportamiento también muestra avances
significativos. Siete de los entrevistados están dedicados a investigar y comprender las necesidades y deseos
de los usuarios, lo que indica un enfoque centrado en el ciudadano y la búsqueda de soluciones más efectivas
y adecuadas. En cuanto a la implementación de proyectos, 16 de los entrevistados consideran que es mejor
involucrar al usuario desde la fase de diseño. Esto refleja una tendencia hacia la cocreación y la participación
ciudadana en la generación de soluciones gubernamentales.
En términos de áreas específicas de responsabilidad social, se observan diversas iniciativas. Once de los
entrevistados han implementado economías en servicios básicos y consumo de papel, lo que sugiere un
enfoque en la eficiencia y el uso responsable de recursos. Cuatro de ellos trabajan en la inclusión financiera, lo
que demuestra una preocupación por alcanzar una mayor equidad y acceso a servicios financieros para todos
los ciudadanos.Además, siete de los entrevistados están enfocados en mejorar la alimentación, la salud y
reducir la anemia, lo que indica una atención específica a temas de salud pública y bienestar social. Dos de los
entrevistados trabajan en proyectos de mejora de viviendas, lo que destaca la preocupación por mejorar las
condiciones de vida de la población. Por último, seis de los entrevistados se dedican a trabajar con personas
vulnerables, como adultos mayores y niños. Esto refleja una preocupación por atender y proteger a los grupos
más vulnerables de la sociedad.
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CONCLUSIONES
La investigación proporciona una visión holística y actualizada de las prácticas de responsabilidad social en el
ámbito gubernamental, mostrando cómo diversas instituciones y profesionales están abordando temas
sociales y ambientales de manera integral.
El estudio destaca la importancia de incorporar la economía del comportamiento en la toma de decisiones
gubernamentales, lo que permite una mejor comprensión de los factores que influyen en el comportamiento
de la población y, en consecuencia, el diseño de políticas más efectivas y enfocadas en el usuario.
Los resultados subrayan la relevancia de la participación ciudadana y la inclusión de los usuarios en el diseño
de proyectos y políticas públicas, lo que puede aumentar la eficacia y el impacto positivo de las intervenciones
gubernamentales.
La investigación destaca la importancia de la eficiencia y la sostenibilidad ambiental en la gestión pública, al
mostrar cómo algunas instituciones están implementando prácticas de economía para reducir el consumo de
papel y servicios básicos, generando ahorros económicos y beneficios para el medio ambiente.
El estudio resalta el compromiso del Estado peruano con la inclusión y equidad social al abordar temas como
la inclusión financiera y el trabajo con personas vulnerables, lo que contribuye a reducir las desigualdades y
garantizar el acceso igualitario a servicios y oportunidades.
Los hallazgos enfatizan el papel del Estado en la promoción del bienestar y la salud pública, destacando la
importancia de trabajar en la mejora de la alimentación y la reducción de problemas de salud como la anemia.
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LA AUTORA
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Esperanza Marlene Zapata-Carnaqué, Licenciado en Administración y
Especialista en Administración Pública por la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo. Maestra en Ciencias Económicas con mención en Administración de
Negocios, Doctora en Planificación y Gestión por la Universidad Nacional de
Trujillo (Perú) y Posdoctora en Estrategias Didácticas para la Investigación
Científica por la Universidad Nacional del Centro (Perú) y el Centro Internacional
de Investigación y Desarrollo Gerente Público (Colombia). Gerente Público y
docente universitario de pre y posgrado.
Zapata. Avances de la responsabilidad social en el Estado peruano, sumando valor público e innovación basada en la
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